SAN SEBASTIÁN.- Miles de personas han participado este sábado por la tarde en la manifestación convocada por la red ciudadana Sare a favor del respeto de los derechos de los presos de ETA con enfermedades graves y por su excarcelación en las calles de San Sebastián.

La marcha ha partido sobre las cinco y cuarto del Boulevard donostiarra para recorrer las principales calles de la ciudad bajo el lema Presos enfermos a casa en una pancarta.

En la movilización han tomado parte, entre otros, representantes de EH Bildu como Rebeka Ubera, el exdiputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, el exdirigente de la izquierda abertzale, Tasio Erkizia, la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Etxaide y la parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, que ha acudido a título personal acompañada de su familia; así como representantes del colectivo de familiares y allegados de presos de ETA Etxerat.

El exconsejero vasco de Interior, Joseba Azkarraga (i), conversa con los dirigentes abertzales Martín Garitano (d) y Tasio Erkizia, antes de la manifestación en San Sebastián para exigir la excarcelación de los presos de ETA con enfermedades graves o incurables. EFE/Javier Etxezarreta

Antes del inicio de la manifestación, en declaraciones a los medios, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga e Itxiar Arteaga, han recordado que, en la actualidad, hay diez presos de ETA con enfermedades graves encarcelados y han asegurado que el objetivo de esta movilización es iniciar una "activación social" pero también de partidos políticos e instituciones en torno a esta reivindicación.

Según han señalado, no piden nada que "no esté en la legislación", sino únicamente que la Justicia actúe "cumpliendo la ley y con humanidad". "Queremos a los presos enfermos en casa y vivos", han añadido.

En este sentido, han calificado de "absolutamente despreciable" la postura del Gobierno central que, a su juicio, "nada tiene que ver" con el "camino a la convivencia que hay que construir entre todos".

Por ello, han pedido al Gobierno central que "cumpla la normativa europea" y que ponga fin a una "política vengativa" que "nada tiene que ver con respecto a la decisión que ETA tomó hace cinco años de cese de la actividad armada".