La situación en la que se encuentran desde el 20 de noviembre los negocios de miles de autónomos y de pymes se parece más a una trampa de pobreza que a otra cosa: la imposibilidad de pagar los impuestos del primer trimestre como consecuencia del descenso de la actividad económica les aboca a no poder trabajar como subcontratados ni optar a contratos públicos, ya que su certificado de estar al corriente con el fisco será negativo, y, además, les expone a un deterioro de la reputación ante sus clientes, o cuando menos ante aquellos a los que la Agencia Tributaria va a dirigirse para reclamarles el pago de las facturas pendientes para saldar esos débitos.

"Es una rueda de molino que te tritura. Estos son los temas que debería resolver la Agencia Tributaria. Es una situación acuciante para miles de autónomos", y también de pymes, señala Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

Esta "trampa de pobreza", que es como denominan los economistas y los sociólogos a los mecanismos que hacen que esta persista, ya sea en las familias o en los países, tiene su origen en la confluencia de varios factores entre los que destacan dos: el desplome de la actividad como consecuencia de la pandemia y de las restricciones establecidas para afrontarla, cuyas consecuencias están siendo especialmente intensas para las pymes y los autónomos, y su combinación con la insuficiencia que el aplazamiento del pago de impuestos ha resultado tener para miles de empresas y profesionales.

"Hay un problema generalizado de solvencia, porque no hay liquidez por la falta de actividad", indica Abad, que considera la situación "absolutamente demencial, porque no solo te encuentras como deudor sino que además el procedimiento genera desconfianza en tus clientes cuando la Agencia Tributaria les informa de que no estás al día en el pago de impuestos".

Más de la mitad de la deuda de abril seguía pendiente en octubre
Esos tributos que siguen sin ser liquidados tras vencer los plazos de gracia han comenzado, por otra parte, a resultar gravados con unos intereses de demora del 3,75% anual, el doble de lo que está cobrando la banca por prestar dinero. Esos intereses comenzaron a correr en septiembre.

El aplazamiento, ampliado a seis meses tras la versión inicial, situaba en el 20 de noviembre la fecha máxima para liquidar los pagos del IVA y las entregas a cuenta del IRPF y del Impuesto de Sociedades del primer trimestre, con un máximo de 30.000 euros por contribuyente, para las pymes y autónomos que hubieran facturado menos de seis millones de euros el año anterior. La postergación para quienes superaran esa cifra seguiría el conducto habitual, que exige la presentación de avales.

Más de 420.000 pymes y autónomos se acogieron a esas medidas, lo que provocó el aplazamiento inicial de 2.586 millones de euros de los que al cierre del mes de octubre habían sido liquidados menos de la mitad, ya que quedaban 1.342 pendientes de pago, según señalan los Informes Mensuales de Recaudación de la Agencia Tributaria.

El grueso de esas cantidades se corresponden con el IVA, del que quedaban pendientes de pago 642 millones de euros, y el IRPF, del que faltaban por ingresar 572.

Hacienda confirma los certificados negativos para los deudores

Fuentes del Ministerio de Hacienda, del que depende la Agencia Tributaria, confirmaron que desde el 20 de noviembre se expiden con una calificación negativa de manera automática los certificados de estar al corriente con el fisco de quienes no ha liquidado esos impuestos aplazados. Sin un documento positivo no es posible optar a contratos ni entrar en la cadena de la subcontratación.

Por otro lado, según indicaron las mismas fuentes, en noviembre ha sido liquidada una parte importante de la cantidad pendiente, aunque los datos definitivos no se conocerán hasta mediados de la próxima semana. "La mayoría ha pagado antes de vencer la moratoria", señalaron.

Sin embargo, miles de autónomos y de pymes no han podido hacerlo todavía por haberse desplomado los ingresos de sus negocios, algo que en muchos casos ha llegado a provocar el cierre mientras la mayoría de los que siguen abiertos sufre las consecuencias del aumento de la morosidad.

Y, por otra parte, las restricciones de acceso al crédito por parte de la banca ante la situación de crisis económica no facilitan precisamente la posibilidad de obtener avales bancarios para negociar un aplazamiento de carácter ordinario.

"Lo micro está en una situación desesperada"

"La complejidad de la situación no es solo económica, sino también fiscal", explica Abad, para quien "hay que atender a lo macro, por supuesto, pero lo micro está en una situación desesperada. Hay miles de autónomos en una situación de vulnerabilidad para la que necesitan herramientas y soluciones".
El dirigente de UPTA, convaleciente de la covid tras un ingreso hospitalario de tres semanas, reclama aplicar en España un modelo de ayudas, en línea con el alemán o el francés, que permita a los pequeños negocios afrontar unas restricciones que considera necesarias para superar la crisis sanitaria ante la fragilidad del tejido productivo. "Hay que dotar económicamente a los autónomos con las ayudas necesarias para superar este trance, porque hay que proteger la vida de las personas", señala.