La jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado la apertura de juicio oral contra ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el accidente registrado el 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, que costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47.

Así consta en un auto de fecha 22 de febrero en el que la magistrada decreta la apertura de juicio oral contra estas ocho personas, entre ellas la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia, tras la petición realizada en este sentido por el ministerio fiscal y las acusaciones particulares.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, la magistrada ha tomado esta decisión, en un auto notificado este mismo martes, después de que la Audiencia diera por concluida la instrucción y desestimara los recursos de apelación de fiscal y defensas contra la transformación de la causa en un procedimiento abreviado (procesamiento).

En el auto, de dos páginas, se recuerda que Fiscalía y acusación particular ya formularon escrito de acusación contra los ocho ex altos cargos procesados: Marisa Gracia; el director de Operaciones, Manuel Sansano; el responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el jefe de Talleres de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García, y el responsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.

La Fiscalía pide tres años y siete meses de cárcel para los acusados al considerar que lo sucedido en torno al accidente constituye un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo; 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional.

A todos ellos les pide además inhabilitación especial, en el caso de Gracia, para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada durante cinco años y seis meses y el mismo periodo para los otros siete, aunque en estos últimos lo es para el ejercicio de profesión relacionada con el ramo del transporte de viajeros. Por su parte, las víctimas del metro elevan a cuatro años la petición de condena para los exdirectivos, en la misma línea prácticamente que el escrito del fiscal.

La magistrada instructora acuerda mantener la situación de libertad de los acusados y tiene por dirigida la acción civil contra una aseguradora y FGV en concepto de responsable civil directo y subsidiario, respectivamente. Asimismo, emplaza a todos ellos a comparecer en el juzgado con abogado o procurador o ratificar a los ya designados en una causa que será juzgada por un Juzgado de lo Penal de Valencia.

La instructora acordó en noviembre de 2018 dar por concluida la investigación de la causa y el procesamiento de los ocho ex altos cargos, aunque señalaba que lo hacía vinculada a la orden de la Audiencia Provincial que decidió reabrir la causa que la propia magistrada había archivado por tres ocasiones.

Para ella, el accidente ocurrió como consecuencia de un exceso de velocidad y aseguraba que todos los parámetros de seguridad eran los correctos y no se infringió normativa laboral alguna. De hecho, aludía a informes periciales para indicar que, cualquier tren de las características del accidentado, a 80 kilómetros por hora, "en el tramo en el que aconteció el accidente, volcaría cualquiera que fuese el estado de la vía".

La Audiencia, en contra de su criterio, sostenía que sí había indicios de delito y había ordenado seguir adelante con la investigación tomando declaración como investigados a los exdirectivos que, en su ámbito de poder de decisión, debían conocer el trazado de la Línea 1 y los riesgos inherentes a la conducción.

El siniestro ocurrió pasadas las 13.10 horas del 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, en el tramo entre Plaza de España y Jesús, en una curva del trayecto en el que descarriló una de las dos unidades, la UTA 3736, que fue arrastrándose por las vías. Las lunas del convoy se desprendieron y los pasajeros salieron despedidos por los huecos abiertos.

Como consecuencia, fallecieron 43 personas, incluidos el maquinista y la interventora, y resultaron heridos 47 pasajeros, 38 con necesidad de tratamiento médico o quirúrgico. La velocidad en ese tramo no debía exceder de los 40 km/h, aunque el tren circulaba a 80, sin que el conductor activara el freno de emergencia en la unidad.