A Franco le pasaba un poco como a Fernando VII, que no era del todo partidario de deslindar algunas facetas del Estado y de su jefatura, sino más bien al contrario. Y eso, cuando las reticencias (o las querencias) afectan al plano económico o al patrimonial, suele terminar acarreando problemas, a veces de manera inmediata, como le ocurría al Borbón, y en ocasiones en diferido, como están comenzando a comprobar los herederos del dictador cuando ya han transcurrido más de cuatro décadas desde su muerte.

El bisabuelo del bisabuelo del actual rey dejó un país en llamas tras veinte años de persecución (con la excepción del trienio de Riego) de aquellos liberales empeñados desde 1808 en separar la hacienda de la corona de la estatal, mientras el dictador, cuyo poder emanó de una guerra iniciada hoy hace 83 años y que tuvo tanto (o más) de matanza de compatriotas que de contienda bélica, dejó a sus herederos un legado que incluía propiedades en tela de juicio como el pazo de Meirás y conflictos, primero larvados y hoy judicializados, como el de su enterramiento en un recinto perteneciente al patrimonio del Estado, algo que no ha ocurrido con ninguno de los otros diez jefes del Estado sin corona que España ha tenido en el último siglo y medio. 

“Los Franco no tenían gastos de ningún tipo”, señala el historiador gallego Manuel Pérez, autor, junto con Carlos Babío, del libro "Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio”, en el que documentan cómo amasó parte de su patrimonio el dictador. Su trabajo ha permitido conocer a qué niveles llegaba la confusión patrimonial de la familia, con episodios “el envío por valija de utensilios de pesca pagados por la Casa Civil para Francis Franco de Galicia al Mediterráneo”, explica, o como el tinte de unos zapatos de Carmen Polo que asumía la misma institución.

¿Qué era la Casa Civil? Básicamente, lo que había sido la Presidencia de la República, cuyo aparataje y presupuesto (dos millones de pesetas de 1940) conservó prácticamente intactos la dictadura, que también asignó a su partido único, la Falange, la consignación de las Cortes de 1935, según señalaba en sus memorias José Larraz ), el ministro que le puso el primer sueldo de jefe de Estado a Franco: 50.000 pesetas brutas mensuales con catorce pagas, un jornal que multiplicaba por veinte el de 2.429,98 netas que cinco años antes recibía como general y jefe del Estado Mayor de la República contra la que se sublevó, según los documentos revelados por El País.

Un sueldo que se multiplicó por doce

Ese sueldo creció de una manera notable a lo largo de sus cuatro décadas en el poder, en los que llegó hasta las 600.000, a las que se sumaban otras 154.710 netas como militar, según el blog Sueldos Públicos  de El Economista, que publicó la copia del recibo de la nómina de noviembre de 1975 que la Casa Militar entregó a Carmen Polo a primeros de diciembre de ese año. El documento no especifica si el pago se refiere al mes entero o solo a la parte correspondiente a los primeros veinte días.

“Cobraba varios salarios a la vez”, explica el historiador, que anota que “el sueldo de general se quedaba corto al lado del que recibía como jefe del Estado. Su sueldo era superior a la suma de los que recibían los cargos de la Casa Civil”.

Sin embargo, no eran esos sus únicos ingresos. Varios autores hablan de cobros de empresas, como las 10.000 pesetas mensuales de Telefónica, del endose de acciones de otras que le reportaban dividendos y de varios negocios entre los que se encuentra la explotación agropecuaria del Pazo de Meirás, una inusual finca en la Galicia del minifundismo que llegó a sumar diez hectáreas a las otras tantas iniciales.

Aquí el negocio era redondo, explica Pérez, ya que del cultivo del lúpulo y el maíz y el cuidado de las vacas, muchas de ellas regalo de otros dictadores como Juan Domingo Perón, “se encargaba personal de la Casa Civil, a sueldo del Estado, mientras el único beneficiario de los resultados era Franco.

El pazo, el jefe del Estado y el particular

La propiedad del Pazo se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de la familia Franco en los últimos tiempos. Más en las últimas semanas, desde que la Abogacía del Estado presentó, la semana pasada, una demanda en El Juzgado Decano de A Coruña en la que solicita la nulidad del contrato que indica que la finca fue vendida al dictador, como particular y por 85.000 pesetas, en 1941 por Manuela Esteban Collantes, nuera y heredera de Emilia Pardo Bazán. 

Lo que ha aparecido ahora es un acta notarial fechada en marzo de 1938 que recoge la compra de la finca por la Junta Pro Pazo del Caudillo, presidida por Pedro Barrié, de Banco Pastor, a Manuela Esteban por 406.346 pesetas y “haciendo constar que lo adquieren para entregarlo como donación a Francisco Franco como jefe del Estado”, indica Pérez. El dinero fue adelantado por esa misma entidad financiera mediante una hipoteca que poco después sería amortizada con una cuestación popular más forzosa que voluntaria entre funcionarios y ayuntamientos coruñeses.

El ‘nuevo’ documento, localizado en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, prueba, según la tesis de la Abogacía del Estado, que la segunda transacción, en la que el destinatario del pazo es Franco como particular, sería falsa o simulada y que, en realidad, la finca es una propiedad pública y no particular, algo que también defiende la Diputación Provincial y que igualmente reclaman el Parlamento Gallego, por unanimidad, y la Xunta.

"La sensación de impunidad era tan grande"

“El acta es de 1938, que es cuando se anuncia públicamente la entrega del pazo a Franco, con lo que el objetivo de la segunda sería blindarlo como propiedad privada” del dictador, señala el historiador, al que le sorprenden dos aspectos del hallazgo: uno es la dificultad, ya que acceder al archivo requiere conocer la fecha del acta y el notario que la elaboró, el otro, su mera existencia. “La sensación de impunidad era tan grande que ni siquiera pensaron en destruir las pruebas”, añade.

Si esa tesis prospera en los juzgados, abriría la puerta al desahucio de los herederos del dictador y a la adscripción del recinto al Patrimonio del Estado. De no salir, el ridículo alcanzaría magnitudes desconocidas en la política española.

No obstante, y por lo pronto, la inscripción de la litigiosidad  en el Registro de la Propiedad, que se mantendrá hasta que una sentencia firme zanje el pleito, impide que los Franco puedan vender el pazo, algo que intentan desde febrero del año pasado, cuando lo sacaron a la venta por ocho millones de euros en el portal de la inmobiliaria cántabra Mikeli, especializada en propiedades de lujo como palacetes, casonas e, incluso, islas privadas.

Los Franco acumulaban a la muerte del dictador, según a qué fuente se acuda , un patrimonio de entre 120 y 600 millones de euros cuya fundación incluye operaciones como la venta por el militar, por 7,5 millones de pesetas de 1940, de 600 toneladas de café donadas al pueblo español por el dictador brasileño Getulio Vargas y cuyo elenco contiene algunas propiedades como el palacete coruñés de Cornide, cuya llegada a manos de Carmen Polo como regalo de Barrié tras un cambalache con el ayuntamiento han documentado Pérez y Bobío.

El enterramiento que Franco nunca ordenó

El otro gran pleito entre el Estado y los Franco, el de la exhumación del Valle de los Caídos, tiene una componente paradójica en su origen: la familia pleitea para oponerse a que el Gobierno saque de un recinto púbico como el Valle de los Caídos el cadáver de alguien que nunca tuvo ninguna preferencia por ser enterrado allí o, cuando menos, no existe constancia de que lo verbalizara.

El enterramiento de Franco en Cuelgamuros fue una decisión del servicio de espionaje, el Seced (Servicio Central de Documentación), según reveló uno de sus miembros, el general Juan María Peñaranda, en su libro “Operación Lucero”, que fue el nombre en clave de los preparativos para lo que eufemísticamente se había dado en llamar “el hecho biológico”, que no era más que la previsible muerte de alguien que iba para 83 años en un país con una esperanza de vida media de apenas 73y que no llegaba a 71 entre los varones. La muerte de Carrero Blanco en el atentado de la calle Claudio Coello dos años antes y la improvisación que rodeó su entierro al carecer de protocolos habían acelerado los preparativos. 

Al dictador chileno Augusto Piniochet, uno de los escasos mandatarios de otros países que asistieron al funeral, sí le gusto el escenario. Lo había elegido el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Arias Navarro, que se inclinó por esa opción por descarte, al considerar que en todo Madrid no había un lugar adecuado para acoger su tumba de manera permanente.

Los servicios de inteligencia valoraron también como opciones tanto el Pazo de Meirás, cuya capilla incluye un sarcófago vacío en el que iba a ser enterrada Emilia Pardo Bazán y la lápida del fundador de la casa en el siglo XIV, explica Pérez, como una tumba de El Pardo, propiedad de la familia.

Cuarenta y tres años después del entierro, el 13 de septiembre de 2918, el Congreso aprobaba por 172 votos a favor, 162 abstenciones y solo dos en contra (Jesús Posada y José Ignacio Llorens, del PP) el decreto del Gobierno que incluía la exhumación de los restos de Franco y su traslado a otro enterramiento, que finalmente será un panteón de titularidad pública en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

El traslado, suspendido por el Supremo de manera cautelar a la espera de que la Sala Tercera se pronuncie sobre su legalidad tras un recurso de la familia Franco, costará 11.709 euros, según las estimaciones del Gobierno.