Antes de perder la vida, Marie Ane Erize perdió las gafas y uno de sus zapatos. Ocurrió una maldita mañana de octubre de 1976 en Buenos Aires, cuando unos hombres vestidos de civil la obligaron a subir a un Ford Falcon de color claro. Si juntas Buenos Aires, 1976 y Ford Falcon, sólo puede dar un resultado: desaparición. O infierno. O tortura, dolor y asesinato. Todo eso le pasó a Marie Ane, una modelo argentina hija de franceses. Ahora mismo, uno de sus asesinos podría estar leyendo este artículo en Sicilia, Italia. Lo hará tranquilo, sin temor a ser encarcelado.

Italia, uno de los países que más emigrantes vio partir hacia Argentina, es hoy un santuario para tipos como Carlos Luis Malatto, un teniente coronel del ejército que lideraba Jorge Rafael Videla. Al otro lado del charco, este militar de 67 años está imputado en varias causas de crímenes de lesa humanidad cometidas durante la última dictadura cívico-militar que asoló Argentina (1976-1983). Uno de esos casos es, precisamente, el que lleva el nombre de Marie Ane Erize, cuyos restos aún siguen sin aparecer.

En 2011, cuando estaba a punto de ser detenido, el torturador escapó hacia Chile. Allí cogió un avión que lo llevó hasta Italia. Tres años más tarde, la Corte Suprema de ese país rechazó el pedido de extradición que había formulado el juez argentino Leopoldo Rago Gallo, bajo el argumento de que en Buenos Aires –donde se impulsaron una gran cantidad de juicios contra represores de la dictadura- no estaba garantizada la “imparcialidad” del sistema judicial. Hoy vive plácidamente en el número 2 de la calle Santa Clara de Calascibetta, una localidad situada en el corazón de Sicilia.

Esta misma semana, representantes de las agrupaciones de Derechos Humanos Asociación 24 Marzo –impulsada por argentinos que residen en Italia- y Proyecto de Derechos de Roma anunciaron en una visita a Buenos Aires que van a hacer todo lo posible para que Malatto sea juzgado por sus crímenes. “En su día, la Corte de Casación italiana rechazó su extradición alegando que el delito de torturas no está contemplado en el Código Penal local”, explicó Jorge Ithurburu, portavoz de 24 Marzo, durante su estadía en la capital argentina.

Cartel de "Buscado" del teniente coronel Malatto, hoy residente en Italia, en Argentina.

En efecto, la tortura como tal no es perseguida en Italia. Sin embargo, Ithurburu aclaró que las denuncias contra Malatto se refieren a cuatro homicidios con alevosía, “un delito imprescriptible” en aquel país. Además del caso de Marie Ane Erize, el teniente coronel también está involucrado en los asesinatos del primer rector de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, Juan Carlos Cámpora; del estudiante Jorge Alberto Bonil y de Ángel José Alberto Carvajal, un militante del Partido Comunista en la provincia de San Juan. Todos ellos siguen desaparecidos.

La “impunidad a la italiana” también permite que el sacerdote Franco Reverberi siga ofreciendo misas en la parroquia de Ezano di Sorbolo, un pequeño pueblo de 300 habitantes ubicado en la provincia de Parma. Según señalaron distintos sobrevivientes, este religioso ítalo-argentino presenció varias sesiones de tortura en “Casa Departamento”, un centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad mendocina de San Rafael, a unos mil kilómetros de Buenos Aires.

“He visto a aquel cura cuatro veces. Recuerdo que una tarde fuimos sometidos a una paliza muy violenta. El piso del cuarto de las torturas era rojo de sangre. El Padre Reverberi ordenó que limpiaran nuestros cuerpos, arrastrándonos en el piso, empapados de agua y de sangre. Era invierno, y la temperatura era de diez grados bajo cero”, declaró Mario Bracamonte en un informe elaborado por la justicia argentina.

Siguiendo los pasos de Malatto, el cura Reverberi aprovechó su nacionalidad italiana –nació en ese país y vivió allí hasta los once años- para escapar hacia Europa en cuanto se enteró que un juez lo quería meter en la cárcel. En octubre de 2013, la Corte de Apelaciones de Bologna rechazó su extradición a Argentina. Al igual que en el caso del teniente coronel, el sistema judicial italiano alegó que la tortura no se considera delito en ese país.

Ficha en Interpol del cura Franco Reverberi, otro prófugo en Italia.

Las alas del Cóndor

Las historias de Malatto y Reverberi no son episodios aislados. A día de hoy, la Asociación 24 Marzo y Proyecto de Derechos de Roma trabajan también para conseguir un cambio de rumbo en la causa seguida en los tribunales italianos por el denominado Plan Cóndor, la coordinación represiva que emplearon las dictaduras latinoamericanas para perseguir y asesinar a un amplio número de personas.

En enero pasado, la III Corte Penal del Tribunal de Roma condenó a cadena perpetua a ocho militares, policías y civiles sudamericanos –entre los que se encontraba los dictadores Francisco Morales Bermúdez (Perú) y Luis García Meza (Bolivia), así como el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco-, al tiempo que absolvió a otros 19 imputados, para quienes la Fiscalía había solicitado idénticas penas.

Aquel fallo no conformó a las víctimas del Plan Cóndor. Tampoco al gobierno uruguayo, que seguía esta causa en representación de los compatriotas que habían sido asesinados en el marco de aquella operación internacional. En ese marco, los abogados italianos Arturo Salerni y Mario Angelelli aprovecharon su viaje de esta semana a América del Sur para hacer nuevos contactos en Buenos Aires, Montevideo y La Paz, donde fueron recibidos por el presidente boliviano, Evo Morales.

Siguiendo los plazos que marcan los tribunales italianos, las organizaciones que luchan contra la impunidad pondrán todos los medios a su alcance para intentar que los jueces revisen las absoluciones de los torturadores sudamericanos. Entre ellos está el excapitán de navío uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, quien vive actualmente Italia. Su caso es una muestra más de la protección que ese país brinda a los autores de salvajes crímenes.

En cualquier caso, los que luchan por la verdad se niegan a resignarse. “No es que no tengamos confianza en la justicia Italiana, porque trabajamos con algunos fiscales”, aclaró Ithurburu en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese contexto, la fiscal Tiziana Cugini y el fiscal Jefe Adjunto Francesco Caporale presentaron ante la Corte Penal de Roma un recurso de apelación contra la sentencia del Plan Cóndor. Será un proceso largo. De momento, los militares impunes seguirán, valga la redundancia, en la más absoluta impunidad.