El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), se comprometió este lunes a no tomar ninguna medida que tenga “un impacto negativo” sobre el Parque Nacional de Doñana. Así lo recoge un comunicado lanzado por el Gobierno -formado por PP y Ciudadanos- poco después de que el presidente mantuviera un encuentro en Málaga con los portavoces de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera y Antonio Maíllo. La decisión de Moreno, de ser definitiva, supondrá un giro en la política del PP, que cuando gobernaba Mariano Rajoy, en 2018, otorgó, entre grandes criticas ecologistas y de la izquierda, ayudas de 6,3 millones para  el proyecto de almacenamiento y extracción de gas en el Parque Nacional y su entorno.

La reunión se produjo días después -a petición de la coalición de izquierdas- de que el Parlamento Europeo aprobase un contundente informe -no vinculante- en el que se instaba a España y a todas sus autoridades a fomentar “el cierre de todos los pozos ilegales y detener de inmediato la extracción ilegal de agua” y en el que se expresaba una “profunda preocupación” por los proyectos gasísticos que una filial de Naturgy -la antigua Gas Natural- tiene en Doñana.

Los eurodiputados señalaron que “se aprobó una autorización parcial para desarrollar un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana sin solicitar una evaluación de impacto ambiental completa y holística que incluyera una evaluación sísmica y una evaluación de impacto combinada”.

Aseguraban además que “el proyecto no puede dividirse en cuatro subproyectos diferentes para evitar evaluar su impacto combinado” y reclamaban también a la Comisión Europea una evaluación de “todo el expediente” y un “informe por escrito sobre la idoneidad de las evaluaciones de impacto ambiental”.

El informe recomendaba a todas las autoridades españolas trabajar juntas para suspender inmediatamente todos los permisos otorgados hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental. En otro párrafo solicitaban también “que se detuvieran inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la UE”. Y acababan por sugerir "medidas legales para poner fin a todo el proyecto”.

Moreno mostró su “absoluta disposición a colaborar” y afirmó que el Gobierno autonómico “comparte la precaución y prudencia que defiende el Parlamento Europeo”, según recoge el comunicado oficial de la Junta de Andalucía.

El origen del conflicto

El origen del conflicto se sitúa en el año 2006. Hace trece años, Petroleum Oil comenzó a trabajar en su nuevo proyecto de almacenamiento y distribución de gas desde Doñana, llamado Marismas. Gas Natural decidió dividir el proyecto completo en cuatro partes para evitar, según denuncia la organización ecologista WWF, una evaluación de impacto ambiental conjunta, que le hubiera sido o bien más difícil o bien imposible de conseguir. La empresa, por el contrario, sostiene que es la administración quien le trocea el proyecto en función de la diferente catalogación medioambiental de la zona.

Petroleum Oil & Gas España extrae gas natural del subsuelo de Doñana y de su entorno desde hace 30 años. Para ello ha contado, hasta ahora, con el respaldo de todos los Gobiernos de España, incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero, que en agosto de 2011 modificó las autorizaciones de extracción de la compañía para que pudiese también almacenar gas en el subsuelo de Doñana. 

Después de autorizar uno de los proyectos, la Junta de Andalucía cambió de criterio en el año 2013 y se niega desde entonces a dar los permisos los otros tres proyectos que había presentado la empresa. Naturgy le reclama desde entonces por ello a la administración autonómica 358 millones de euros.

“Nuestras dudas acerca de la forma de presentación del proyecto por el promotor, troceado en cuatro partes para sortear trámites ambientales, se han visto refrendadas por sendos informes del Instituto Geológico Minero de España y del Centro Superior de Investigaciones Científicas en los que se alerta de que la falta de una evaluación ambiental conjunta ha pasado por alto los potenciales riesgos sísmicos y la afección al acuífero que nutre a Doñana. Las conclusiones de estos estudios han sido reflejadas en las quejas abiertas por los defensores del pueblo Andaluz y español”. Estos eran, en resumen, los argumentos -los mismos que los de los eurodiputados- que venía poniendo sobre la mesa la anterior administración socialista para defender el parón de tres de los cuatro proyectos gasísticos.

Y son también los que hoy defiende el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno, a tenor de lo que se dice en el comunicado: “El presidente andaluz ha señalado que el Gobierno andaluz es partidario de que se valore el proyecto en su conjunto y no en cuatro subproyectos diferentes”.

Un pacto para Doñana

Para Adelante Andalucía, ese párrafo del comunicado es una victoria. IU, uno de los partidos que forman la coalición de izquierdas, lleva, al igual que las organizaciones ecologistas, mucho tiempo peleando por lograr que se frene de una vez y para siempre el proyecto gasístico. Antonio Maíllo manifestó que la intención de la reunión era conocer la postura de Moreno ante el informe de la Eurocámara y defender una Declaración de Impacto Ambiental del proyecto gasístico que no estuviese fragmentada.

Maíllo afirmó que le habían pedido a Moreno que solicitase la reunión de una comisión bilateral con el Gobierno central “para llegar a un acuerdo para suspender definitivamente el proyecto de Gas Natural y blindar Doñana con un pacto social y político que garantice un proceso de reversión a la actual situación”, lo que, según el portavoz de Adelante Andalucía, Moreno se había "comprometido a estudiar”, informa Europa Press.

“Tenemos que ser valientes y aprobar un pacto para conservar Doñana, un tesoro patrimonio de la humanidad. El parque está en un momento crítico y si no se adoptan medidas urgentes, podemos hablar de la muerte de Doñana para siempre”, remachó Maíllo. Este jueves se vota en el Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) de Adelante Andalucía en la que se apuesta por el blindaje “definitivo” del Parque Nacional frente a las amenazas.

En el informe aprobado por el Parlamento europeo también se solicitaba “una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial”. “No toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el Parque Natural de Doñana, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua”.

Entre los días 19 y 21 de septiembre de 2018, una delegación de diputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Doñana. Esta comisión estuvo presidida por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (PPE) y compuesta por el griego Miltiados Kyrkos (S&D), y el austriaco Thomas Waitz (Verdes/ALE), así como por los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PPE), Soledad Cabezón (S&D) y Florent Marcellesi (Verdes/ALE), indicó el parlamento  europeo en un comunicado.  

Durante la visita,  se lee en el comunicado, se mantuvieron encuentros con denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica y con organizaciones ecologistas como la Plataforma Salvemos Doñana, WWF y Ecologistas en Acción, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, responsables de Gas Natural Fenosa-Naturgy y otros afectados.