Hoy conocíamos que el IPC ha alcanzado en el mes de junio el 10,2%, su nivel más alto en 37 años. A esto hay que sumar que el euro se ha depreciado cerca del 13% desde el inicio de la guerra. Hace unos días el euro alcanzó la paridad con el dólar, algo que no se veía desde hace más de 20 años. 

Aunque esta caída del euro aumenta la competitividad de nuestras exportaciones, también supone un encarecimiento de las importaciones que realizamos en dólares, como es el caso del petróleo. Por otro lado, podría contribuir a avivar la inflación y acercar el fantasma de la recesión. 

Inna analizará más en profundidad las causas e implicaciones de la devaluación del euro, pero querría detenerme un momento en ello porque sirve para contextualizar las medidas anunciadas por Pedro Sánchez ayer en el debate sobre el estado de la nación para hacer frente a la crisis. 

Una de las medidas más importantes que ha anunciado Sánchez es un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las grandes energéticas. Esta medida afectaría a grandes empresas eléctricas, petroleras y gasísticas, en un momento en el que han facturado beneficios récords debido al encarecimiento de la energía.

En la misma línea, Sánchez ha anunciado un impuesto al sector bancario, que se están beneficiando de la subida de los tipos de interés. Ambas medidas serán temporales y tendrán carácter retroactivo. 

Con estos impuestos a la banca y la energía, según cálculos del Gobierno, se recaudarían en total 3.500 millones de euros al año. Acabar con los conocidos como beneficios caídos del cielo y la imposición de un impuesto a la banca son cuestiones sobre las que Unidas Podemos lleva meses presionando al PSOE. 

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha celebrado estas medidas pero ha señalado la necesidad de ampliar estos impuestos a otras empresas del IBEX.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que se está produciendo un cambio de rumbo en el Gobierno que va en la dirección de las propuestas planteadas por Unidas Podemos. 

Otra medida que anunció ayer Sánchez tiene que ver con el transporte. Consiste en una bonificación de un 100% de los bonos mensuales de los transportes de titularidad del Estado. Es decir, Cercanías, Rodalíes y Media Distancia de Renfe. Estos transportes serán gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, el presidente ha pedido a las comunidades autónomas y ayuntamientos que amplíen los descuentos a los transportes públicos que dependen de ellas. 

En educación, Sánchez ha anunciado una beca complementaria de 100 euros al mes, para todos aquellos estudiantes mayores de 16 años que ya estuvieran becados. Esta medida se aplicará entre septiembre y diciembre de 2022.  Se estima que cerca de un millón de alumnos se beneficiarían de esta ayuda. 

En lo que respecta a vivienda, Pedro Sánchez ha anunciado durante el debate del Estado de la Nación el desbloqueo de la "operación campamento en Madrid".  Una medida que incorporaría 12.000 nuevas viviendas a la capital, de las que el 60% serían de titularidad pública. 

Por último, Sánchez ha anunciado también una serie de medidas relacionadas con la agricultura y el medio ambiente.  En concreto, ha propuesto una nueva Política Agraria Común para mejorar el campo español. 

También ha anunciado 1.000 millones de euros en ayudas para adquirir placas solares, bombas de calor y vehículos eléctricos y 200 millones de euros para fomentar el autoconsumo en edificios públicos. Y otros 1.000 millones de euros para impulsar el ahorro y la eficiencia energética en salud pública.

Además, se invertirán 700 millones de euros para descarbonizar Baleares y Canarias y se impulsará un nuevo marco regulador estatal para la prevención y extinción de incendios. 

Y más allá de las medidas económicas, Sánchez ha recordado las que son algunas de las leyes que están en la agenda del Ejecutivo.

En primer lugar la ley de memoria democrática –que cuenta con el visto bueno del Congreso a pesar de los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos-  pero también la ley de protección del informante, que busca proteger a los denunciantes de la corrupción, la ley contra la trata, la ley contra la discriminación racial, la ley para regular la actividad de los lobbies, y la ley de secretos oficiales.