Ya es oficial. El apagado de escaparates y el ajuste de los termostatos en espacios públicos —excepto en centros sanitarios y de formación y medios de transporte, entre otros— ya ha comenzado a aplicarse este miércoles. No se esperan sanciones inmediatas a los establecimientos que aún estén adaptándose a las medidas, según explicó el Gobierno el pasado martes, cuando aún coleaba la polémica orquestada por el PP al hilo de este decreto.

Los lugares a los que se dirige el "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" tuvieron hasta la noche de este martes para poner en marcha las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo, que, no obstante, admite que habrá que "dar un margen" a los propietarios para favorecer que cumplan la norma.

"No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", explicó este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en la cadena SER.

No obstante, "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana (por hoy) hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente", el Ejecutivo contactará con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas", advirtió.

Qué y por qué de las medidas

Este paquete de medidas, que será complementado en septiembre por el Plan de Contingencia, busca reducir el consumo de energía en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y contribuir a asegurar el suministro de gas —materia prima que también se utiliza para la producción eléctrica— en la Unión Europea para el próximo invierno.

Uno de los planteamientos es el límite al termostato en espacios públicos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno.

Se aplicará en edificios y locales de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos.

Hay excepciones para aquellos espacios que así lo justifiquen por las especificidades del sector o las condiciones de sus trabajadores, los centros de formación -colegios, universidades, guarderías...-, sanitarios, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí. Tampoco se aplicará en lavanderías ni en las habitaciones de los hoteles al ser de regulación privada.

Se incluye, además, el deber de apagar a las 22:00 horas el alumbrado de escaparates y edificios públicos que estén desocupados, salvo la iluminación ornamental de monumentos.

El real decreto ley establece otras medidas, como la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales cuando tengan un sistema de climatización en funcionamiento.

En este caso, los establecimientos tienen hasta el próximo 30 de septiembre para adaptarse a la disposición, que ya estaba vigente desde 2009 para espacios que no utilizasen energía renovable para estos usos.

Las comunidades del PP mantiene sus críticas

Moncloa ha cerrado filas en torno al real decreto ley, después de que cinco comunidades (Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia, todas gobernadas por el PP) solicitasen su retirada.

La propia Ribera confirmó, tras reunirse con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, que el Gobierno no tenía intención de retirar o aplazar las medidas debido al compromiso con Bruselas para reducir en un 7% el consumo de gas.

A pesar de que ninguna autonomía, según la ministra, dijo que no fuera a cumplir el plan, la Comunidad de Madrid, la más furibunda opositora al Gobierno de Pedro Sánchez, ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

De hecho, este martes por la mañana se calificó como "la única capital europea" que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00 horas por una decisión "arbitraria y autoritaria" con "al menos diez puntos inconstitucionales".

En esta línea, la Junta de Galicia ha avisado de que recurrirá el decreto si invade competencias, algo que no preocupa al Ejecutivo, que entiende que "no es inconstitucional", dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop.

El PP ha solicitado los informes de impacto económico del plan para considerar las consecuencias que pueden tener sobre el tejido productivo de España, según anunció el portavoz adjunto y coordinador de Economía de los populares en el Congreso, Jaime de Olano.