@patricialopezl

MADRID-. Los cambios en el Tribunal Supremo motivados por el nombramiento como Fiscal General del Estado de José Manuel Maza Martín comienza a producirse. El magistrado Andrés Martínez Arrieta es su sustituto en la sala de admisión de la Sala Segunda del alto tribunal.

En sus manos está ahora decidir sobre la querella criminal del ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) contra el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, por prevaricación, revelación de secretos y malversación, según ha desvelado ARA.

En junio Público destapó en exclusiva las conversaciones que se produjeron el 2 y el 16 de octubre de 2014 y en ellas Fernández Díaz y De Alfonso conspiraban contra varios políticos catalanes como Fransec Homs, Artur Mas, Oriol Junqueras y el propio Trías -a quien acusaban de tener un cuenta en Suiza- y preparaban como iniciar procedimientos judiciales contra ellos, ayudándose de periodistas como Eduardo Inda que publicarían informaciones sin contrastar o directamente falsas pero que servirían para creer un ambiente adverso para el 9 de noviembre de ese año, día en que la Generalitat había sacado urnas a la calle para hacer un simulacro de referundum. 

El entonces ministro del Interior ordenó entonces una investigación a la Policía que no llegó a ningún puerto, ni siquiera analizó las grabaciones que habían sido entregadas por Público a la Fiscalía General del Estado que dirigía entonces Consuelo Madrigal, quien tampoco realizó ninguna diligencia. 

El fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antolín Herrero, desestimó la querella interpuesta por Xavier Trías y por CDC alegando que "intercambiar información" estaba dentro de las "competencias" de ambos altos cargos. 

La falta de seguridad sin investigar

A pesar de lo dicho por el fiscal el Tribunal Supremo no estuvo de acuerdo con su resolución y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, decidió que se postergara la decisión a los cambios que hubiese en el Ministerio de Justicia.
 
Con el nombramiento de Maza, la decisión está ahora en manos de Martínez Arrieta. El magistrado fue uno de los juzgadores del caso Nani y también se recuerda el apretón de manos que le dio a Felipe González cuando este entró en el Tribunal Supremo para declarar sobre el caso Filesa, en 1997, que llevó al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño a decir que "la gente", que se fija en los detalles, piensa al ver la escena en televisión que la justicia es "genuflexa, lacaya y servil".

Su hija, también fiscal, fue una de las asesoras del ministro de Justicia Rafael Catalá para la Reforma del Código Penal y aún colabora en la Oficina de recuperación y gestión de archivos del ministerio. 

Ahora Martínez Arrieta tendrá que decidir si investiga el contenido de las grabaciones tal y como le piden Trias y CDC, aunque el ministro Catalá ya manifestó en su momento que no se intuían indicios de delito en las conversaciones.

Sin embargo, la fiscalía sí dejó abierta la puerta a investigar quién y cómo se realizaron dichas grabaciones en uno de los despachos más seguros de España, el del ministro del Interior. Aunque indicó que para ellos los afectados, Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso tendrían que denunciarlo. Y a pesar de que el ex ministro dice ser una "víctima política" y que "las grabaciones se difundieron ilegalmente" ni ha puesto la denuncia por la difusión ni para averiguar quién osó grabarle en su despacho.