MADRID.- Es una decisión “desorbitada y fuera de la realidad social” que enturbia los intentos emprendidos para que “se aprenda a convivir” en el País Vasco y Navarra. Así de tajante se ha mostrado José Antonio Martín Pallín al valorar el auto de la Audiencia Nacional que procesa a los nueve supuestos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) considera que en este caso se ha producido una “sobreactuación judicial” ante unas agresiones que no alcanzan la gravedad del delito de terrorismo. Es más, defiende que la Audiencia Nacional nunca debió asumir la investigación abierta por la juez de instrucción 3 de Pamplona (Navarra), María Paz Benito, por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad.

La agresión fue cometida el pasado 15 de octubre en el bar Koxka de Alsasua. En un tiempo récord, Carmen Lamela, titular del juzgado central de instrucción 3, cerró este miércoles la investigación y dictó un auto de procesamiento por el supuesto delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y delito de odio.

Martin Pallín intervendrá el próximo 28 de noviembre en una mesa redonda sobre derechos humanos y paz organizada en Vitoria por la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, donde algunas víctimas de ETA y del GAL también participarán. Su ponencia abordará la acumulación de condenas por penas cumplidas en el extranjero -en aplicación del Derecho europeo-, cómputo que rechazó el Tribunal Supremo en enero de 2015.

¿Cómo valora el auto de la juez central instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de procesar por terrorismo a los nueve presuntos agresores de los guardias civiles y de sus parejas en Alsasua?

La decisión me parece absolutamente cuestionable. En primer lugar, un juez o una jueza para tomar una decisión debe tener en cuenta la realidad social del lugar. Y, lamentablemente, es una realidad social sobre todo en los pueblos donde hay una confrontación que no se supera, no así en las grandes ciudades. Pero no solamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sino también con militantes de otros partidos, de derechas, etcétera. Y esa realidad crea tensiones.

Por supuesto, esas tensiones no pueden ir más allá de lo que es una confrontación ideológica o de sentimientos. Cuando surgió este incidente, todos pensamos que estábamos ante un delito de lesiones o, incluso, o no de alteración del orden público. Y no más. Y así lo entendió el juez de Pamplona.

Por tanto, cuando se toma la decisión de incluirles dentro de lo que son los delitos de terrorismo que, según el Código Penal, es colaboración con banda armada me parece que se está faltando al principio de proporcionalidad en la respuesta. Y el principio de proporcionalidad en el Derecho Penal es sustancial hasta tal punto de que es unánime la posición de los juristas sobre que la vulneración del principio de proporcionalidad pone en riesgo el principio de legalidad.

Yo considero que aquí se ha quebrantado el principio de proporcionalidad y no encaja dentro del principio de legalidad. Me parece una decisión desorbitada y fuera de la realidad social.

Para el común de los mortales, esa decisión jurídica desorbitada ¿qué implicaciones tiene?

Desde el punto de vista jurídico, lo que he comentado. Desde el punto de vista político y social, en definitiva lo que viene es a acentuar ese clima al que me refería al principio: no aporta nada; al contrario, lo agudiza, lo enturbia. Y el Derecho no está para crear conflictos, sino para solucionarlos. Deberían haberlo pensado antes de tomar esta decisión.

Detrás hay una organización, Ospa Mugimendua, que exige la retirada de la Guardia Civil y de la Policía de Alsasua. ¿Acaso no es un grupo organizado?

Sí, pero no es una organización terrorista. Porque para ser una organización terrorista tiene que cometer delitos de estragos, de lesiones, de muertes… Pero no encabezar una campaña que, por supuesto, puede ser discutida, reprobable y rechazada pero no es una organización terrorista.

¿Hay una sobreactuación judicial?

Por supuesto. Y que además no beneficia a nadie, ni a la sociedad a la que los jueces servimos, ni siquiera al concepto que se puede tener por parte de los ciudadanos del equilibrio y de la proporcionalidad en la aplicación del Derecho.

¿A qué se debe esta sobreactuación? Con su veteranía, ¿cree que detrás estaría latente la propia existencia de la Audiencia Nacional?

Me gustaría saberlo, pero no estoy en condiciones de contestar a esa pregunta. Me parece tan desproporcionada que no alcanzo a comprender cuáles han sido las razones que han llevado, en primer lugar, a atraerse el caso a la Audiencia Nacional y quitárselo a la juez de Pamplona. Y, en segundo lugar, a aplicar estas medidas de prisión incondicional y posible procesamiento por delitos que van entre los 15 y los 20 años.

Cualquier observador externo -y quizá en España estamos muy posicionados sobre este tema por unos años terribles de asesinatos por parte de ETA-, pero en este momento cualquier observador externo estará realmente desconcertado, asombrado, ante esta reacción de la Justicia española.

Este desconcierto y asombro, ¿se interpreta como una resistencia al fin del terrorismo, o es que ETA se ha diluido y no disuelto?

En los pueblos la tensión persiste incluso aunque ETA en un momento determinado anuncie su disolución. Creo que lo refleja muy bien la novela Patria, de [Fernando] Aramburu. Y yo que, de alguna manera, el Gobierno Vasco me ha llamado para algunos asuntos relacionados con estas cuestiones –ahora el 28 tengo que ir a Vitoria/Gasteiz- se que se está haciendo esfuerzos para lograr la pacificación, pero estos esfuerzos necesitan tiempo, colaboración, comprensión…

Y pienso que esta decisión judicial no va a contribuir a que se consiga más pronto que tarde esa reconciliación o simple convivencia; no se trata de que cambien los sentimientos sino que se aprenda a convivir.