MADRID.- Una semana después de que los líderes de la Unión Europea pactaran con Turquía un acuerdo para que el país otomano acoja a todos los refugiados sirios llegados a suelo europeo a través de Grecia y tras la críticas unánimes de todos los partidos en la oposición en España, el ministro de Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, ha elevado el tono en contra del mismo y considera ahora que la propuesta es "inaceptable".

Así, ha dejado entrever un veto por parte de España a dicho acuerdo sino se modifican los términos del mismo al asegurar que España rechazará que en la cumbre en Bruselas del jueves y viernes se permitan "expulsiones colectivas de refugiados", postura que hasta ahora no había sido expresada por ningún miembro del Ejecutivo y que disiente de la expresada nada más conocerse el acuerdo del pasado 7 de marzo.

Sin embargo, la postura que asuma el Gobierno en funciones en esa cumbre deberá obtener la aquiescencia del Parlamento. Así lo determina la Abogacía del Estado. Y pese a todo, Mariano Rajoy no será el que defienda la postura del Ejecutivo en la Cámara Baja. Ni tampoco Margallo. Será el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, buscará el miércoles la luz verde de los grupos en la Comisión Mixta.

Este domingo, Mariano Rajoy enviaba una carta al líder socialista, Pedro Sánchez, en la que le pedía alcanzar un consenso sobre la postura que defenderá España en la cumbre europea en torno a los refugiados. Ésta era una respuesta a la enviada por Sánchez el día anterior en la que exigía al presidente en funciones que fijara la postura oficial con el resto de partidos representados en el Congreso.

El Gobierno necesitará la aquiescencia del Congreso

A este respecto, García-Margallo ha declarado a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE, que "en ningún caso el presidente (del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy) aprobaría algo que no tuviese la aquiescencia de la Cámara" español, ha apostillado Margallo, que ha recordado que el secretario de Estado de Exteriores comparecerá en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso "para solicitar la aquiescencia de la Cámara en los mismos términos" que en el caso del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el 'brexit'.

El titular en funciones de Exteriores, que carga sobre Turquía la única responsabilidad del acuerdo, dice ahora que el Gobierno en funciones ha considerado "inaceptable" la propuesta otomana "desde el primer momento" porque "era contraria a la legalidad internacional, a la Convención de Ginebra y los Tratados europeos, en concreto el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento (de la UE)" y "a las directivas de retorno".

Se exigirá un acuerdo "respetuoso con la legalidad internacional"

Preguntado si España vetará un acuerdo con Turquía si no es legal, como el que está ahora sobre la mesa, el jefe de la diplomacia española ha avisado de que para que el acuerdo "sea posible" entre la UE y Turquía para España, en primer lugar, "tiene que ser respetuoso con la legalidad internacional, la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Humanos (europea) y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y eso excluye la posibilidad de expulsiones o de retornos de carácter colectivo".

Pero también deberá garantizar que es "respetuoso con los derechos humanos de las personas que tienen que huir de su país por razones de persecución de cualquier tipo" y ello exigiría que "cada una de las personas" que tiene "derecho al asilo" pueda "exponer sus razones", que éstas sean "consideradas de acuerdo con el procedimiento legal" y en caso de "ser denegada" su petición de asilo, que "tenga derecho al recurso y, en el supuesto en el que pierda el recurso, que sean deportadas a un país que les garantice la protección, el respeto de su integridad física y el respeto de su dignidad humana". Cabe recordar que hasta la fecha, España tan solo ha acogido a sólo 18 refugiados de los 17.000 a los que se comprometió con el resto de sus socios europeos.

Según el acuerdo pactado el 7 de marzo, Ankara se compromete a aceptar la devolución de "todos los inmigrantes irregulares que crucen desde Turquía a las islas griegas siempre que la UE se haga cargo de los costes" de repatriación, según la declaración conjunta de los mandatarios europeos. Por cada sirio que readmita Turquía desde las islas griegas, otro sirio será reubicado desde Turquía a los Estados miembros de los UE. A cambio, las autoridades europeas deberán pagar otros 3.000 millones de euros a los ya comprometidos con Turquía y acelerar la liberalización de visados.