En Marea, que forma parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de que esta norma anule automáticamente todos los juicios políticos del franquismo y, además, obligue al Gobierno a publicar los nombres de todos los condenados, ya fueran personas físicas o jurídicas, especificando la pena impuesta a cada uno de ellos.

En su iniciativa, la confluencia gallega de Podemos plantea que se declaren "nulas de pleno derecho" las sentencias y resoluciones judiciales y administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad republicana, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidas por la Constitución".

Los diputados de En Marea Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino justifican la anulación de esos juicios "por la ilegitimidad de las normas aplicadas, por la ilegitimidad de los tribunales y de los órganos administrativos que las dictaron y por los vicios de forma y fondo que contienen".

Además, la proposición de ley incluye una disposición adicional para que los ministerios de Defensa y Justicia elaboren una lista de
los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas de acuerdo con el armazón jurídico de régimen de Francisco Franco, desde el bando del 28 de julio de 1936 por el que se declara el Estado de guerra, hasta el decreto de agosto de 1975 sobre prevención del terrorismo.

Facilitar  la labor a las familias

En concreto, en esa relación se deberá especificar el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta. Además, la lista deberá ser actualizada, en caso de tener conocimiento, por cualquier causa, de la existencia de procesos no incluidos inicialmente en ella.

Lo que se pretende es que sea el Gobierno el que compile toda la información sobre todos los procedimientos abiertos para facilitar así esta tarea a las familias que se encuentran con muchas trabas para poder consultar los archivos, en su mayoría militares, que custodian toda esta documentación.

Asimismo, En Marea plantea cambiar la ley vigente desde hace diez años para dejar clara la "responsabilidad de las administraciones públicas en la localización e identificación de víctimas".

Presupuestos para exhumaciones

Así, quiere que el texto recalque que "sin perjuicio de las competencias legales de jueces y fiscales, corresponde a las administraciones públicas realizar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore".

Para ello, quiere obligar a la Administración General del Estado a elaborar planes de trabajo para la ejecución de esta actividad y para apoyar con todos los medios de los que disponga, la actividad desarrollada por la Administración de Justicia.

"A tales fines cada año se dotará en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad suficiente para garantizar la correcta ejecución de dichos planes de trabajo", reza la proposición de ley.

En la misma línea, quieren especificar en la norma que las administraciones deben colaborar con las entidades que trabajan en materia de memoria y con los descendientes directos de las víctimas que sí lo soliciten estableciendo subvenciones para sufragar gastos de localización y exhumación de restos.