Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó cinco días de reflexión y luego decidió continuar en el cargo tenía claro que la presión hacia él no iba a terminar. Es más, estaba convencido de que esa "persecución" y "acoso" se iban a redoblar. "No van a parar", afirmó. No se equivocaba. Se ha visibilizado especialmente en la semana de la aprobación histórica de la ley de amnistía. 

Sánchez, y por tanto todo el Gobierno, afronta presiones desde varios frentes: político, mediático y judicial. En el primero de los casos, la oposición de PP y Vox es cada vez más dura. Los socialistas asimilan de manera constante al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con la ultraderecha que lidera Santiago Abascal. Es uno, si no el principal, eje de la campaña del PSOE para las elecciones europeas. 

El PP, en realidad, ha dejado de poner tanto el foco en la amnistía en los últimos días, como informó este medio. En cambio, Vox ha continuado con una estrategia de confrontación directa y casi violenta. Se vio este jueves en el Congreso de los Diputados durante la aprobación de la amnistía.

Los diputados de Vox se dedicaron a insultar al propio Sánchez, a los ministros y a los parlamentarios del PSOE y Sumar. Por la tarde algunos dirigentes animaron a manifestarse en Ferraz aunque la convocatoria no tuvo apenas presencia. 

En las filas socialistas cunde la sensación de que "hay nervios" en el PP de cara al resultado de las elecciones europeas y que por eso copian la estrategia de la ultraderecha. Creen además que Feijóo se ha quedado fuera de juego en un asunto muy sensible para la ciudadanía española como el reconocimiento del Estado de Palestina, sobre el que el PP no ha tenido una posición clara. 

La derecha judicial y Begoña Gómez 

Otra pata de tensión a la que se enfrenta el Gobierno es la actuación judicial. Se juega especialmente en dos frentes. Por un lado, la investigación hacia la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Esta misma semana se ha conocido un informe de la UCO que exonera a Gómez de cualquier tipo de delito. Pero ni el juez Juan Carlos Peinado ni la Audiencia de Madrid lo han tenido en cuenta.

Esto lo consideran "escandaloso" en el PSOE, que también apuntan a los vínculos del juez con PP y Vox. La crítica directa a los jueces es un tema espinoso para los socialistas, especialmente en declaraciones públicas y más desde el Gobierno. Pero en los últimos tiempos se ha deslizado un cambio de estrategia en los socialistas ante ello.

El término lawfare no ha sido usado por el PSOE, como sí hacen otros partidos de izquierda o independentistas. Sánchez sí ha utilizado en algunas ocasiones el calificativo de "derecha judicial". Lo hizo, por ejemplo, en el intento de boicot del Tribunal Constitucional (TC) a un pleno del Congreso en diciembre de 2022 cuando esa institución se disponía a reformar la ley para poder renovarlo. 

El bloqueo del PP al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un factor que se tiene muy en cuenta en Moncloa. Con el poder judicial en manos de los conservadores, según la fuentes gubernamentales consultadas, es muy complicado recusar a un juez como Peinado porque es este órgano quien tiene que aceptarla.

Los planes de Sánchez para abordar este asunto todavía no se conocen de forma concreta, aunque él mismo ha llamado a que tendrán que ser los grupos parlamentarios quienes busquen soluciones para un bloqueo que supera los 2.000 días. 

Por otro, el devenir de la ley de amnistía es también una incertidumbre. Tienen que ser los jueces y los tribunales quienes la apliquen. En privado, algunas fuentes socialistas reconocen sus dudas al respecto por las injerencias judiciales que se han visto desde hace meses. Pero confían en que la ley es impecable desde el punto de vista jurídico y podrá aplicarse. 

De momento, pocas horas después de la aprobación de la ley en el Congreso, ya se vio que el camino estaría lleno de obstáculos. Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés informaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no ven viable aplicar la amnistía al delito de malversación al expresident Carles Puigdemont. 

Como informó este medio, se espera que el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial sobre si es amnistiable el terrorismo tal y como está interpretado por el Alto Tribunal y por la Audiencia Nacional en la causa Tsunami. También entrará en juego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los recursos al Tribunal Constitucional que lleguen del PP o del barón socialista Emiliano García Page a través de la Junta de Castilla-La Mancha. 

Los "bulos" y los "pseudomedios"

Otra de las amenazas que destaca Sánchez es la de la "máquina del fango". En su conocida carta a la ciudadanía pedía abrir un debate a la sociedad, también a la profesión periodística, sobre el uso de fake news o bulos en la vida política. Algo que además es amplificado por las fuerzas política de la derecha e incluso, como en el caso de Begoña Gómez, por la judicatura. "Los recortes de prensa de Manos Limpias con bulos pesan más que la conclusión a la que llega la UCO", apuntan en Ferraz. 

El PSOE ha tratado de poner encima de la mesa durante los últimos meses la necesidad de sancionar a determinados pseudomedios que cuentan con acreditación en el Congreso. Envió varias comunicaciones a la Cámara Baja, pero finalmente las retiró para que el debate se diera dentro de la profesión, a través del Colegio de Periodistas. 

No hay más iniciativas concretas a la vista. Pero Sánchez ha deslizado la necesidad de reformar la ley de publicidad institucional. Considera que es urgente que haya mayor transparencia y que las administraciones no financien a medios responsables de difundir noticias falsas.

Por su parte, el PSOE emprendió un nuevo camino hace unos días. Concretamente el 21 de mayo envió a los medios de comunicación que siguen la información de los socialistas un mensaje de rectificación a una noticia concreta de The Objective. Se trataba de un supuesto mensaje que envió Sánchez a sus dirigente exhortándolos para que defendieran a su esposa tras los ataques de Javier Milei. Ferraz acusó a la periodista autora del artículo de "falta de veracidad", "ausencia de fuentes fidedignas" y le solicitó rectificación.