Reacciones al auto del juez central instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por negarse a archivar el 'caso Couso' tras la entrada en vigor de la limitación de la justicia universal en España.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido su auto y urge concluir el sumario para elevar el caso al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que tome una decisión. Mientras, el sindicato Manos Limpias lo ha denunciado por dos faltas graves ante el Consejo General del Poder Judicial, el órgano encargado de la disciplina de los jueces.
El ministerio público acusa en su recurso al magistrado de extralimitarse, vulnerar 'palmariamente' las normas de competencia funcional y de 'extralimitación competencial'. Además, sostiene que el juez 'cercena de plano' la posibilidad de que la familia de la víctima, o el propio ministerio público, puedan plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Es más, la Fiscalía considera que la reforma legal que limita la aplicación de la justicia universal 'puede suponer una vulneración de derechos'.
En su recurso, la fiscalía argumenta que el único órgano que puede archivar la causa es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que urge a concluir el sumario y elevar el caso a esta Sala para que resuelva si lo archiva o si plantea la cuestión sobre la constitucionalidad de la reforma de la jurisdicción universal que aprobó el pasado viernes el Parlamento.
Por su parte, Manos Limpias ha presentado este miércoles una denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dos presuntas faltas muy graves cometidas al seguir adelante con el 'caso Couso'.
El sindicato considera que si Pedraz tenía dudas en la aplicación de la ley que acaba con la justicia universal debería haber interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad.
Manos Limpias le acusa de una falta de incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución tipificado en el artículo 417.1 y otra prevista en el 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que castiga la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.
'El denunciado de una manera consciente desafía el Estado de Derecho, a nuestro sistema democrático y constitucional y dicta un auto que aparte de vulnerar la propia Ley Orgánica del Poder Judicial vulnera también el artículo 9.1 del texto Constitucional', que obliga a someterse a los dictados de la Carta Magna.
El sindicato expone que otros jueces de la Audiencia Nacional han actuado con la 'máxima prudencia y respeto a la legalidad' vigente en las causas que tramitan por la justicia universal e insta al CGPJ a abrir diligencias previas informativas.
Si de las diligencias practicadas se desprendiera que hubiera podido cometerse un delito de prevaricación, Manos Limpias emplaza a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial competente y de la Fiscalía.
'Que comportamientos y actuaciones de este tipo están causando un gravísimo daño a la imagen y credibilidad de la justicia en España, toda vez que aquellos que deben ser los máximos garantes del Estado de Derecho, son los primeros que lo están vulnerando', concluye en el escrito presentado en el órgano de gobierno de los jueces.
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