El tribunal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Concepción Espejel ha declarado este miércoles listo para sentencia el juicio de la trama Pretoria que sienta en el banquillo de los acusados a once personas, entre ellas Macià Alavedra y Lluis Prenafeta (dos exaltos cargos de la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat) por tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.

En esta últimas sesión de la vista oral que arrancó en marzo, ninguno de los acusados ha hecho uso de su turno último de palabra dejando en boca de sus letrados la petición de su absolución por los hechos que tuvieron lugar entre 2001 y 2009. En el caso del presunto cabecilla, el empresario Luis García alias Luigi, su defensa ha expuesto que no cometió los delitos que le imputa el Ministerio Fiscal y ha defendido la legalidad de la modificación de los pliegos de los proyectos.

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca elevó su petición de prisión para el principal acusado a 13 años de cárcel y le impuso una multa de 26 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito continuado de cohecho y falsedad en documento oficial. Dijo de él que extendía sus tentáculos a todos los ayuntamientos de Cataluña, especialmente al de Santa Coloma de Gramenet, que manejaba "como si fuera el propio alcalde" consiguiendo intervenir en las adjudicaciones públicas para luego llevarse comisiones ilegales.

Su letrado Cristóbal Martell ha defendido "a tumba abierta" al exdiputado del PSC afirmando que, en lo que respecta a la Operación Pallaresa aprobada por el consistorio de Santa Coloma de Gramenet, la modificación de usos era perfectamente válida porque no se trataba de un contrato de obra, tal y como se exponía en el pliego de condiciones del mismo.

Por ello ha defendido la modificación del plan general metropolitano y la mediación del empresario en la misma porque "en urbanismo existe la iniciativa privada"; de hecho, ha dicho el letrado, "es el 90 por ciento de la película y un instrumento de impulso". Al hilo ha negado que su defendido cometiera blanqueo de capitales porque las comisiones cobradas las declaraba en facturas.

"Me atormenta que se hable de blanqueo"

"¿Esta es la ocultación? Me atormenta que se hable de blanqueo, está de moda y vale para todo", ha dicho Martell, que igualmente ha rechazado la teoría de la fiscal Anticorrupción de que éste presionó a los técnicos del consistorio para que emitieran informes favorables a la necesidad de cambiar los usos para sacar la operación adelante. Al respecto ha resaltado que el secretario del Ayuntamiento Francisco Javier Ezquiaga, dijo en su declaración como testigo durante el juicio que ni tan siquiera llegó a conocer al acusado.

Además del letrado de Luigi también han expuesto sus informes finales la defensa del exalcalde de Santa Coloma Bartolomé Muñoz, que igualmente ha pedido la absolución de su cliente y ha expuesto la licitud de la contratación con la empresa de limpieza Limasa (adjudicataria de la limpieza de edificios y colegios de la localidad catalana) pese a que la fiscal denunció que se produjeron pagos en efectivo para obtener la adjudicación pública.

Por su parte, la representación procesal de Manuel Valera, testaferro de Luigi, ha pedido la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de cuatro años y diez meses de cárcel por parte del fiscal, afirmando que "el vacío probatorio es total".

Su letrada ha negado su intervención en los escritos de compra-venta de acciones en la Operación Pallaresa así como haber tenido conocimiento de qué inversores participaron en la misma. Su interés, ha dicho, era meramente empresarial tanto en esta operativa como en la conocida como Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres.

45 millones defraudados

Su defensa ha reconocido que "nunca ocultó" que colaborara con el empresario (a través de su empresa de construcciones) si bien los negocios se centraron en la promoción inmobiliaria. Versión que choca con la mantenida por el Ministerio Fiscal que sostiene que Valera fue testaferro de Luigi y que le auxilió "en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada".

Igualmente han expuesto sus conclusiones los abogados de Manuel Dobarco, exresponsable del Espacio Público y Urbanístico del consistorio de Santa Coloma y para el que se pide un año de prisión y multa de cuatro millones de euros y la representación procesal del también acusado Josep Singla. Este último es el dueño de la empresa Proinosa que resultó la adjudicataria del concurso público de la operación Pallaresa, aprobada en 2001 por el consistorio catalán.

El letrado de Macià Alavedra, exconseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, y Lluis Prenafeta, exsecretario de Presidència, se ha adherido a lo manifestado por Anticorrupción que, tras llegar a un pacto con los acusados, pide para ellos una pena de cárcel de dos años (rebaja en cuatro la petición inicial) por cobrar comisiones del cuatro por ciento en las operaciones que juzga la Audiencia Nacional.

Según el relato del Ministerio Público, la trama habría defraudado 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos desarrollados en Santa Coloma de Gramenet (Operación Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres (Operación Niesma) y Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de dicha localidad.