En plena jornada de rebrotes de la covid-19 en España, el partido de ultraderecha Vox emitió la semana pasada una petición al Congreso de los Diputados para regular la verificación de noticias falsas en redes sociales, medios de comunicación y sitios web.

Las diferentes plataformas de defensa de derechos de la información nacionales e internacionales han salido en la defensa de los medios con servicios de verificación de noticias, como la International Press Institute (IPI) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI).

Desde Vox han asegurado que los servicios de fact-checking no contribuyen a la "opinión pública libre" y que solo deberían permitirse si están públicamente vinculadas a un partido político o ideología. 

La diputada de Vox Macarena Olona, en sus intervenciones del Congreso, se ha referido directamente a plataformas como Maldita.es y Newtral, mencionando incluso a sus fundadoras, como Ana Pastor. Llega a clasificarlas como "la Gestapo que vigila la verdad oficial", y asegura que "minimiza" las críticas a la acción política del Gobierno.

"Podría ser devastador para la libertad de prensa en España"

Las cuatro organizaciones que forman parte del programa de fact-checking de contenidos en España para Facebook e Instagram son AFP, EFE Verifica, Maldita.es y Newtral, todas ellas cerificadas por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN). Esta distinción es relevante, ya que solo son admitidas aquellas plataformas que han demostrado su apartidismo e independencia editorial en sus trabajos de fact-checking. 

"No solo le hacemos fact-checking a las declaraciones de Vox, sino a todo el espectro político", le asegura Clara Jiménez (fundadora de Maldita.es) a IPI. El 60% del contenido que filtraron por el verificador en la plataforma de Jiménez durante la pandemia era del Partido Socialista, el 20% del PP, 10% de Vox y el 10% restante de Unidas Podemos.

Virginia Pérez-Alonso, presidenta de la PDLI, miembro de la IPI y directora de Público, ha asegurado que acciones como la de Vox contribuyen "al mantra de que 'los periodistas manipulan información y mienten', convirtiendo a los comunicadores en un blanco fácil al cubrir protestas en las calles".

La IPI ha denunciado varios ataques físicos y verbales a periodistas y fotoperiodistas en manifestaciones callejeras, como a un periodista de La Razón que cubría la manifestación de Vox el pasado 23 de mayo. "Si la situación empeora, puede ser devastador para la libertad de prensa en España", ha alertado Pérez-Alonso.