La monarquía volverá a ser protagonista este martes en el Congreso y, en esta ocasión, lo hará de la mano de la libertad de expresión. ERC defenderá en el Pleno de la Cámara Baja su proposición de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los denominados ultrajes a España. En concreto, la formación catalana propone suprimir el apartado 3 del artículo 490 y los artículos 491 y 543 del Código Penal, que son los preceptos que sancionan estas actitudes.

El apartado 3 del artículo 490 establece que "el que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son".

El artículo 491 sanciona con multas de seis a 24 meses a aquellas personas que utilicen la imagen de algún miembro de la Casa Real "de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona. Por último, el 542 establece que "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses".

En la exposición de motivos de su proposición, ERC recuerda que "la libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura. Una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión". 

En este sentido, la formación catalana asegura que España "debe superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia". Los de Gabriel Rufián recuerdan que en los últimos años se han producido situaciones en las que "se ha perseguido a personas, artistas o revistas satíricas por hacer uso de su libertad de expresión en tal sentido".

El texto menciona casos como el de la portada de El Jueves en 2007 con Felipe VI, entonces heredero de la Corona; "la persecución en 2012 del rapero mallorquín Valtònyc por sus referencias en alguno de sus versos a la monarquía; la persecución a un concejal de Santa Coloma de Gramenet y activistas de la CUP y Arran por quemar (supuestamente) fotos del rey en una
manifestación o la quema de la imagen del rey —también en 2007— en Girona con razón de la visita del monarca español".

El intento de Unidos Podemos en 2018

ERC hace referencia en su iniciativa al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y recuerda que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que la quema de imágenes del rey debe entenderse como un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía y que, por tanto, entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión".

No es la primera vez que el Congreso debate sobre la despenalización de las injurias a la Corona y sobre la supresión de otros delitos fronterizos con el derecho a la libertad de expresión. Hace poco más de un año, en octubre de 2018, la Cámara debatió sobre una proposición de ley de Unidos Podemos que planteaba revisar o derogar delitos como las injurias a la Corona, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo.

Los de Pablo Iglesias también pedían suprimir del Código Penal los artículos 490.3, 491 (de injurias a la Corona) y 543 (de ultrajes a España), además del 504, sobre injurias al "Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Supremo y demás tribunales de justicia, y a los Ejércitos, Clases y Fuerzas de Seguridad del Estado".

La monarquía es uno de los temas que han logrado poner en dificultades la coordinación y unidad entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Esta unidad se ha roto en prácticamente todas las iniciativas que afectasen de una forma u otra a la Corona, y en especial en las comisiones de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I o de la familia real que la Mesa de la Cámara ha rechazado con los votos de PSOE, PP y Vox.

Sin embargo, con el asunto de las injurias al rey y la libertad de expresión sí que ha habido un acercamiento mayor que en otros ámbitos que afectan a la monarquía. En octubre de 2018, Unidos Podemos y el PSOE firmaron un acuerdo presupuestario (para las cuentas de 2019, que finalmente no salieron adelante en el Congreso) que contemplaba la derogación de este tipo de delitos.

En concreto, ambas formaciones disponían que "es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida. Las limitaciones han de estar justificadas en la protección de otros derechos, pero como ya han hecho notar tanto la UE como el Consejo de Europa de manera reiterada, el Derecho Penal no es la herramienta más adecuada para esta protección, pues desincentiva claramente la posibilidad de que surja un debate público libre e informado".

Por ello, los de Sánchez y los de Iglesias concluían en el acuerdo presupuestario que "es recomendable restringir al máximo la posibilidad de que estas discusiones puedan ser perseguibles penalmente y se modificarán los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".

En las elecciones del 28 de abril de 2019, y también en las del 10 de noviembre, Podemos mantuvo este compromiso en sus programas electorales, pero el acuerdo con el PSOE no sobrevivió al pacto de coalición, que no recoge la derogación de los delitos de injurias a la Corona.

En el debate de investidura, en enero de este año, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, rechazó una petición de PP, Vox y Ciudadanos para que se retiraran del Diario de Sesiones unas palabras de Mertxe Aipzurua (Bildu) críticas con la Corona: "Hubo otras épocas donde no se permitían las criticas al Gobierno o a otras instituciones del Estado; por suerte, esas épocas han pasado. Hoy disfrutamos de una democracia plena y, precisamente para garantizar esa democracia plena, tenemos que garantizar la libertad de expresión en el interior de esta Cámara, y eso es lo que va a hacer esta Presidencia", aseguró entonces.

Sin embargo, a lo largo de la legislatura la Presidencia del Congreso ha retirado en varias ocasiones del Diario de Sesiones palabras o intervenciones parlamentarias críticas con la monarquía que se han producido durante el transcurso de las sesiones plenarias.