La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como ley Zerolo, entra en vigor este jueves, 14 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto incluye la aporofobia (el odio contra el pobre) y el antigitanismo como delitos de odio. 

La norma prevé multas de entre 300 y 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 40.000 para las graves y para las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros. La aprobación modifica el Código Penal para que los delitos relacionados con el odio a los gitanos puedan conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión. La recaudación obtenida del cobro de las multas será invertida en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

La legislación, que regula ámbitos como el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, recoge que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por este motivo, la propuesta señala que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley. Una de las intenciones es la lucha contra la segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad y dictamina que las web y las aplicaciones informáticas deberán cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en su acceso, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

El texto destaca que se creará una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. El personal de este organismo debe ser funcionario de carrera de las administraciones públicas o personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

El Congreso de los Diputados dio luz verde a esta norma el pasado 30 de junio impulsada por el grupo socialista. El objetivo de la ley, que desarrolla el artículo 14 de la Constitución, no es "reconocer nuevos derechos", sino "garantizar los que ya existen".