En La Zarzuela o en Emiratos Árabes, el rey emérito sigue protegido por un largo y espeso manto de silencio oficial. Desde julio pasado, el Gobierno ha vetado al menos tres preguntas formuladas a través del Portal de Transparencia que buscaban conocer determinadas informaciones relacionadas con el coste de la seguridad del emérito. 

La Ley de Transparencia que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy establece que "la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley". Hacia allí son dirigidas todas las preguntas que se formulan a través de ese portal y allí, normalmente, se registran en el área de "denegadas".

El pasado 23 de julio, cuando faltaban exactamente diez días para que la Casa Real anunciase que Juan Carlos I había decidido irse del país, el Portal de Transparencia registró la entrada de una petición de información sobre "el gasto para cada mes y año que suponen la escolta del rey emérito entre el 1 de julio de 2014 y el mes vencido más próximo a la fecha de respuesta a la presente solicitud de información pública".

De esos gastos, se solicitaba establecer "el total para cada mes y año que se corresponde a dietas para dicha escolta en ese mismo período de tiempo", así como "el número de viajes al extranjero realizados para cada mes y año por dicha escolta en dicho período de tiempo", particularmente a países de Europa que no pertenecieran a la Unión Europea. 

En este caso, la respuesta llegó desde la Secretaría de Estado de Seguridad y fue, como en ocasiones anteriores, negativa. En tal sentido, Interior se aferra al acuerdo del Consejo de Ministros adoptado por el Gobierno de Felipe González en noviembre de 1986 "por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales" –ampliado en marzo y julio de 1994–  por el que se "otorga la calificación de reservado, a los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos", así como "a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma" y a "todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido dicha calificación".

A criterio del Gobierno, ese acuerdo aún vigente "implica la necesidad de restringir aquella información, cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado". "Ello implica la restricción de la información solicitada, cuyo
conocimiento o difusión por personas no autorizadas puede poner en riesgo
tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes
encargados de la misma", sostiene. Por esas razones, la solicitud de datos sobre Juan Carlos I queda, según el Ejecutivo, fuera de los márgenes permitidos por la Ley de Transparencia.

La Secretaría de Estado de Seguridad copió esa misma respuesta ante otra pregunta relacionada con el emérito que se formuló a través del Portal de Transparencia el pasado 5 de agosto, exactamente dos días después de que se conociera la huida de Juan Carlos I con destino incierto. 

En esa ocasión, la solicitud de información iba dirigida a tratar de conocer si desde el día de su salida de España se habían registrado "gastos relacionados con la escolta del rey emérito" o "cualquier otro tipo de gasto relacionado con la seguridad" del exmonarca. José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, vetó la pregunta alegando las mismas razones de seguridad que en el caso anterior.

Ese mismo día, el Portal de Transparencia recibió otra pregunta ciudadana que también buscaba conocer "el coste desglosado del dispositivo de seguridad" asignado al emérito "tras su decisión de marcharse de España el 3 de agosto de 2020". Interior se limitó a responder exactamente lo mismo que en las preguntas anteriores.  

"Ese es el cauce"

Las dificultades que se registran en el ámbito del Portal de Transparencia son calcadas a las que existen cuando la consulta se formula directamente a la Casa Real. Fuentes de La Zarzuela señalaban semanas atrás a Público que las consultas "referidas al ámbito administrativo y presupuestario" debían ser canalizadas a través del portal creado por la Ley de Transparencia. "Ese es el cauce", comentaban. Sin embargo, distintas solicitudes formuladas por Público a través de esa vía han sido bloqueadas bajo los habituales argumentos de seguridad.