La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia dará este miércoles un nuevo paso en el Congreso. La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad debatirá el informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto legislativo, siendo este el penúltimo trámite antes de la remisión del texto al Senado (al tratarse de una ley orgánica, el Pleno de la Cámara Baja deberá ratificar el dictamen para enviarlo a la Cámara Alta).

Los grupos cerraron el pasado 18 de marzo un preacuerdo sobre la Ley Rhodes, bautizada así por el pianista James Rhodes —víctima de abusos sexuales cuando era niño—, en la que fuera la octava y última ponencia. En esta línea, fuentes parlamentarias señalan que el texto de la ley incluye varias de las demandas exigidas por los partidos en aras de asegurar la protección y no revictimización (o victimización secundaria) de los menores, garantizando el acceso a sus derechos sin necesidad de mediar consentimiento de los representantes legales; reforzar el acompañamiento de las víctimas en el proceso de denuncia; reconocer plenamente la violencia digital, es decir, la violencia realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación; y de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

También, se ha añadido la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una modificación introducida por los partidos que sostienen el Gobierno, y exigida por juristas y colectivos feministas. Y es que, el SAP es un criterio que, pese a no tener aval científico y estar desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todavía sigue usándose en sentencias de custodia.

Sin embargo, los partidos mantendrán vivas sus enmiendas para tratar de zanjar los flecos sueltos de una ley que, tal como añaden estas fuentes, sigue siendo "muy encorsetada". Prueba de ello es la propuesta que evitaría los desahucios a familias con menores de edad y garantizaría la solución habitacional en los casos en los que se produzca un desalojo o lanzamiento, una medida que, a pesar de contar con el voto en contra del PSOE en la ponencia, volverá a debatirse este miércoles para su inclusión en el proyecto de ley. Por su parte, el Ministerio de Transportes defiende que el vehículo para canalizar esta iniciativa tiene que ser la ley de vivienda que actualmente se discute en el seno del Gobierno, según afirman a Público fuentes del departamento dirigido por el socialista José Luis Ábalos.

Unidas Podemos, ERC, Cs, EH Bildu y el Grupo Plural (Más País-Compromís) transaccionaron una enmienda para modificar la disposición adicional segunda, que hace referencia a las soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial. El actual redactado del texto ofrece una información vaga en esta materia, pues sólo establece que "las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros sea una persona menor de edad, y promoverán medidas de apoyo psicosocial con el fin de reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideración de otras situaciones graves de vulnerabilidad".

Por ello, estos partidos se han unido para proponer además que el juez tenga que realizar "un juicio de proporcionalidad antes de tomar la decisión de autorizar la entrada en un domicilio familiar en el que residan menores de edad para proceder a su desalojo", atendiendo a los derechos recogidos en la Convención de los derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea. 

Asimismo, en los procedimiento judiciales de desahucio en los que los niños que tengan más de 11 años o bien tengan capacidad para comparecer ante los tribunales se dará traslado para que "sean escuchados y se tenga en cuenta su voz debidamente" en la causa judicial. "En el caso en el que la niña o el niño no quieran acudir o no se sienta capacitado para comparecer ante los tribunales se garantizará por cualquier otro medio que su opinión sea escuchada o tenida en cuenta en caso de que así lo desee, independientemente de su edad", afina la enmienda. 

Por otro lado, la propuesta de estos partidos determina que las soluciones habitaciones contemplarán el mantenimiento de la convivencia de los menores con la persona que ostente su tutoría legal, priorizando la estabilidad escolar de los niños. Además, —sostiene la enmienda— la suspensión del lanzamiento deberá extenderse para permitir que el menor pueda completar el curso escolar. Por último, en los casos en los que se produzca un desahucio, la Administración competente promoverá, "con carácter urgente", medidas de apoyo psicosocial con el fin de reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideración de otras situaciones graves de vulnerabilidad.

El grupo socialista también se resiste a meter en la ley la prohibición de la entrada y participación de los menores en los toros, una iniciativa impulsada por su socio de Gobierno. De esta forma, el partido morado, que mantendrá viva la enmienda, propuso añadir una nueva disposición final en la modifica la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. "Los participantes en espectáculos o festejos taurinos y escuelas de tauromaquia deberán ser mayores de 18 años", reza la corrección.

Asimismo, se adiciona un nuevo apartado en el que refleja: "Queda prohibida, con carácter general la entrada y permanencia de menores de dieciocho años en plazas de toros, o recintos habilitados cuanto tengan lugar eventos taurinos, incluidas escuelas taurinas si estas utilizan animales en sus prácticas". Por último, la participación y acceso de menores sería considerada "infracción muy grave", tal como detalla la enmienda.