El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves casi la totalidad de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Los magistrados han dado por válidos casi todos sus artículos, entre los que destacan las devoluciones en caliente de migrantes o las sanciones por infracción en las protestas frente a las Cámaras legislativas. Si bien, rechazan el punto que hace referencia a las grabaciones "no autorizadas" a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE).

A través de la sentencia, la mayoría de los miembros del tribunal de garantías se posicionan a favor de una de las normas más criticadas del Gobierno de Mariano Rajoy que, desde su aprobación en 2015, ha estado a punto de ser modificada en el Congreso hasta en dos ocasiones.

Ahora, la Cámara Baja afronta por tercera vez la misión de llevar a cabo una reforma integral de la ley después de que el pasado 29 de septiembre el Pleno del Congreso admitiera a trámite una iniciativa del PNV para enmendarla. La propuesta cosechó el respaldo de la mayoría de los grupos (203 diputados), a excepción de PP y Vox, que votaron en contra (141 diputados), y contó con seis abstenciones.

La iniciativa del grupo vasco recoge el guante del amplio consenso en torno a la modificación de la ley obtenido en años anteriores. En este sentido, en febrero de 2019, al final de la XII Legislatura, los grupos alcanzaron un principio de acuerdo para reformar múltiples artículos de la ley mordaza, contando incluso con el apoyo del PP.

La despenalización de la toma de imágenes a los agentes, acotar el término de "seguridad ciudadana" por dar pie a la "ambigüedad" o llevar la práctica de los registros corporales a las dependencias policiales "como norma general" fueron algunos de los puntos en común. Sin embargo, el adelanto electoral propiciado por la devolución del proyecto de Presupuestos de 2019 se llevó por delante la Comisión de Interior justo antes de que se lograra un consenso definitivo. 

No obstante, para que los avances logrados no cayeran en saco roto, los grupos solicitaron a los letrados de esta comisión un informe de los acuerdos cerrados, así como las propuestas de correcciones introducidas por las distintas fuerzas políticas. Así, durante la breve legislatura resultante de las elecciones del 28 de abril de 2019, el PNV presentó una propuesta de ley que recogía el resumen del equipo jurídico de la comisión, pero la falta de acuerdo para investir al presidente del Gobierno provocó otra cita electoral, que cerró de nuevo el Congreso. 

Antes de las elecciones del 11 de noviembre y la posterior entrada de la ultraderecha en el Congreso, representada por 52 diputados, algunos grupos ya advirtieron a este medio de que su presencia podría echar por tierra algunos de los avances sociales que se andan fraguando en la Cámara Baja desde hace dos años.

Ahora, la última propuesta de ley del PNV, pese a ser admitida a trámite por mayoría absoluta, sigue pendiente en la Comisión de Interior. La Mesa del Congreso acordó extender el plazo para presentar enmiendas al articulado hasta el 25 de noviembre tras la petición de varios grupos, una prórroga que puede volver a concederse si las formaciones vuelven a solicitarla. 

Paralelamente, la moción de censura fallida de Vox contra el Gobierno, los debates de los estados de alarma en la Comunidad de Madrid y en España, así como la llegada y debate de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), han dinamitado el calendario de la actividad parlamentaria previsto para estos meses.

La posible aprobación de las cuentas públicas el próximo 3 de diciembre y su remisión al Senado puede oxigenar de nuevo a los grupos del arco parlamentario, que tienen pendiente, además de la reforma de la ley mordaza, la constitución de las comisiones de investigación sobre el accidente de Spanair y Kitchen, y la despenalización de la eutanasia.