El debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco fue muy tibio respecto al futuro de la Ley de la Memoria Histórica, muy en la línea del político popular de ocultarse tras otras figuras a la hora de dar malas noticias. Apenas unas palabras del que ya es presidente de la Junta para asegurar que, al igual que con la Ley de Violencia de Género, va a "proteger a todas las víctimas".

Su nuevo socio en el Gobierno, sin embargo, anunció anteriormente la tramitación de "una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia", es decir, que afectará al actual Decreto de Memoria Histórica, aunque aún no han detallado cómo se verá afectado por esta integración. Lo que está claro es que su derogación era una de las principales exigencias que Vox había puesto encima de la mesa y que Mañueco ha aceptado.

Desde el PSOE aseguran a Público que están a la expectativa ya que "Castilla y León será la primera comunidad en la que se va a plantear esta Ley de la Concordia; no hay antecedentes. Tenemos muchas conjeturas al respecto, pero al menos sabemos que la nueva norma no puede contradecir la nacional, pero los cambios pueden ser sustanciales", lamentan.

De hecho, todo apunta a que la nueva ley de Castilla y León será similar a la que ya presentó Vox en el parlamento andaluz a finales del pasado año y que planeaba derogar la actual Ley de Memoria Democrática de Andalucía. No salió adelante, curiosamente, con la abstención del PP, que ahora apoya los supuestos de los ultraderechistas.

"Acabar con el sectarismo de la Ley de Memoria Histórica"

Entonces Vox aseguraba que buscaba "recuperar el espíritu de concordia que permitió la reconciliación entre españoles y acabar con el sectarismo de la Ley de Memoria Histórica que promueve el odio y el enfrentamiento entre españoles".

El texto que presentó Vox, sobre el que se basará el castellano y leonés, regulaba las políticas públicas encaminadas a conseguir el "reconocimiento de todas las personas que sufrieron persecución con motivo de sus ideas políticas, creencias religiosas o cualquier otra circunstancia personal, así como velar por la difusión de las ideas de concordia, justicia y reparación".

En concreto, la proposición de Ley pedía "el reconocimiento debido a todos los caídos en la Guerra Civil, cualesquiera fueran los motivos que los llevaron a participar en el conflicto y con independencia del bando en el que lucharan, sin que sean objeto de discriminación y así rendirles los merecidos honores y cerrar definitivamente las heridas abiertas por el conflicto fratricida, logrando la ansiada reconciliación". Así, el texto de la ultraderecha proponía en Andalucía "considerar víctimas todas aquellas personas que con motivo de la Guerra Civil hayan desaparecido o sea incierto su destino o la sepultura de sus restos". 

Dimisión del presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica

La entrada de Vox en el Gobierno regional, o lo que es lo mismo "meter la zorra a guardar las gallinas", ha sido la razón por la que el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel Hernández, presentará su dimisión. "En cuanto sepa a que Consejería debo dirigirme, lo haré y de manera irrevocable", asegura a Público.

Ángel Hernández, que fue secretario general de CCOO Castilla y León durante 14 años, no dudó en declaraciones a este diario "de la capacidad democrática del PP", ya que fue precisamente bajo el mandato del Partido Popular (presidido entonces por Juan Vicente Herrera) cuando fue elegido.

A pesar de reconocer que no vio el debate de investidura —"procuro no contaminarme"—, niega con tristeza el discurso de Vox que dice que no hay 'abuelos malos': "Hubo abuelos que murieron y abuelos que mataron", añade.

Mapa de fosas de Castilla y León

Sobre la nueva ley, Hernández asegura temerse "lo peor", por lo que cuando presente su dimisión formal preguntará por el mapa de fosas de la región que la Universidad de Burgos ha realizado. Con la publicación de este exhaustivo trabajo, "a los negacionistas no les va a quedar más opción que tragarse la realidad", aseguraba a este diario Hernández, aunque ahora teme "que vaya a un cajón".

Si bien la nueva ley ha sido exigencia de los ultraderechistas para darle el 'sí' a Mañueco, hay que recordar cómo Pablo Casado ya aseguró ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido que registraría un nuevo proyecto de ley en la Cámara Baja antes de las Navidades de 2018 para derogar la "irresponsable e innecesaria" ley de Memoria Histórica. "En la Transición ni hubo ocultación, ni sometimiento, ni miedo. Hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y concordia", señalaba el entonces líder del PP, que consideraba que la actual normativa de memoria supuso "la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española".

La primera Ley de Memoria Histórica se aprobó por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007 bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Con ella, el Estado apoyó la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes, la eliminación de símbolos franquistas de los espacios públicos y la declaración como ilegítimas de todas las condenas que se produjeron por motivos políticos, entre otros reconocimientos.