La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática acaba de cumplir un año de vida. Para algunos está cubriendo expectativas, para otros acumula ya un amplio listado de incumplimientos y retrasos en su aplicación. La legislación andaluza en materia de Memoria fue aprobada en el Parlamento el 15 de marzo de 2017 sin ningún voto en contra: PSOE, Podemos e IU respaldaron la ley, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron. Se logró un margen de consenso mayor que el que obtuvo la Ley estatal de Memoria Histórica en 2007, pero la transición del texto legal a la realidad no está siendo fácil.

Hace unos días, los tres ponentes de los grupos de izquierdas que impulsaron la ley coincidieron en una mesa redonda para hacer balance del primer año propiciado por el foro Miradas al Mundo. La diputada socialista María Márquez se mostró satisfecha con el desarrollo de la norma, mientras que sus compañeros de IU y Podemos, Inmaculada Nieto y Jesús de Manuel Jerez, le afearon una larga lista de incumplimientos. Ninguno de los dos fue excesivamente duro con el director general de Memoria Histórica, Javier Giráldez, que es quien ha pilotado el desarrollo de la ley durante este primer año. Giráldez es una persona muy respetada en los círculos memorialistas, le consideran alguien "comprometido y tenaz", "alguien que se toma esto muy en serio", cuenta con la simpatía y la complicidad de las principales asociaciones, de modo que el libro de reclamaciones tiene más que ver con el papel de la oposición de los grupos de izquierdas y con la impaciencia del colectivo por ver cómo cristalizan las medidas de la ley. Éstas son las diez deudas pendientes de la norma:

Falta de dotación presupuestaria

La Ley de Memoria nació sin una dotación económica que garantizase un calendario cerrado de objetivos a medio y largo plazo, una condición básica, según las asociaciones, sobre todo para abordar las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo (la parte más costosa de la ley). El presupuesto de la Dirección General de Memoria este año ha subido un 0,5% respecto al ejercicio anterior, cuando la ley todavía no existía, pero IU sigue considerándolo insuficiente "para cumplir los mínimos que exige la norma", y reclaman una ley de acompañamiento económico.

El reglamento para retirar símbolos

Es un déficit habitual de las legislaciones en Andalucía. Las leyes se aprueban y entran en vigor, pero su efecto no se percibe de inmediato, porque el texto legal suele venir trufado con la coletilla: "en un posterior desarrollo reglamentario", que posterga el impacto real de la norma. Un ejemplo claro tuvo lugar a los pocos días de aprobarse la ley, cuando tuvo lugar el funeral del último ex ministro vivo de Franco, José Utrera Molina, cuyo féretro fue saludado por un grupo de personas con el saludo fascista del brazo en alto y el himno falangista del Cara al sol. Ambos hechos están penados en la ley, pero la Junta no intervino alegando que no existía desarrollo reglamentario.

Lo mismo ha sucedido con la polémica en torno a la tumba del general golpisa Gonzalo Queipo de Llano, en al interior de la Basílica de la Macarena. Según la ley, debiera ser exhumado de allí. Ésta es la versión del Gobierno andaluz, pero el tema despierta muchas sensibilidades en Sevilla -donde la hermandad de la Macarena es toda una institución- y la Administración se ha vuelto a escudar en al falta de un desarrollo reglamentario para no aplicar la ley en sentido estricto.

Todo esto viene regulado en el artículo 32 de la norma, que establece las pautas y condiciones para la eliminación de los símbolos franquistas de los espacios públicos en Andalucía. El mes que viene se cumple el plazo máximo que tienen los ayuntamientos para retirar todos los vestigios y calles con nombres franquistas que queden en sus municipios, de lo contrario se exponen a ser multados y a perder subvenciones públicas. Además, si se niegan, será la Junta quien actúe de oficio para retirarlos. La Dirección General de Memoria está a punto de sacar a información pública el reglamento para la eliminación de los símbolos franquistas, que fijará el protocolo a seguir por las administraciones.

Una vez esté listo, quedará despejada la excusa normativa para ejecutar la ley, pero las asociaciones memorialistas están convencidas de que el principal handicap es la falta de consenso en determinados municipios. Algunos alcaldes eliminan nombres de calles franquistas que permanecen en pueblos vecinos. El Ayuntamiento de Córdoba acaba de cambiarle el nombre a 15 avenidas con reminiscencias del franquismo, mientras que el nuevo candidato del PP a la Alcaldía, José María Bellido, ha prometido reponerlos en cuanto gane las próximas municipales, en junio de 2019. El Consistorio de Jaén, gobernado por los populares, ha hecho el camino contrario: acaba de bautizar la Universidad Popular Municipal con el nombre de un ex alcalde franquista, Ramón Calatayud.

Recientemente, a iniciativa de Podemos, la Consejería de Educación ha anunciado la creación de un grupo de expertos para determinar cuántos colegios públicos andaluces mantienen nombres franquistas, para proceder a su eliminación. La formación morada contabiliza en torno a 40.

Censo oficial de desaparecidos

Izquierda Unida, madre original de la Ley andaluza de Memoria, echa en falta la elaboración de un censo oficial de víctimas del franquismo, que contabilice con exactitud el número de desaparecidos en las cunetas y fosas comunes. También hace suya una demanda que incluyó en el texto Podemos: la creación de una especie de Comisión de la Verdad, un órgano similar a los tribunales que revisaron la Dictadura de Argentina, pero sin competencias procesales. Aquí será un órgano "autónomo integrado por abogados, jueces retirados, psicólogos, educadores, investigadores universitarios, documentalistas, expertos en violencia contra la mujer o los niños, representantes de colectivos memorialista y de las víctimas y activistas de los derechos humanos". 

Hace unos meses, en diciembre, el Gobierno andaluz abrió oficinas de Memoria en las ocho provincias de la región, una ventana adonde pueden acudir los familiares de las víctimas del franquismo y las asociaciones memorialistas para demandar información y ayuda. La diputada de IU, Inmaculada Nieto, denuncia que “no están funcionando”, y que “sólo han servido de propaganda del PSOE”.

Calendario de exhumaciones

La parte mollar de la ley, la más costosa, son las exhumaciones de víctimas del franquismo. La Junta tiene localizadas 614 fosas en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. La ley obliga a la Administración a tutelar y a personarse de oficio en todos los procesos de exhumación, incluso podrá expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya enterramientos si el dueño no autoriza voluntariamente la exhumación. La oposición de izquierdas critica que un año después de su entrada en vigor aún "no se está atendiendo a la identificación genética para individualizar a las víctimas", acusan a la Junta de desanimar a los descendientes de las víctimas con "montañas de papeleo". IU también echa en falta que el Gobierno andaluz aún "no haya denunciado ante los tribunales las primeras evidencias de posibles delitos de lesa humanidad" tras la apertura de muchas fosas comunes. 

El franquismo en las aulas

La Consejería de Educación no ha iniciado el trabajo de adaptación curricular para introducir los estudios sobre la Guerra Civil y la Dictadura en Primaria y Secundaria, como establece la ley. La Junta asegura que este trabajo ya se ha hecho, pero no se ha modificado el decreto que regula el currículum ni ha habido conversaciones con los editores de libros de texto para ampliar el temario e incorporar nuevos enfoques. Fuentes de Educación admiten que "van retrasados en este tema". 

Otro de los aspectos que cuestiona la oposición es la catalogación y declaración de Lugares y Senderos de Memoria, que han sufrido un parón. El decreto de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, aprobado en 2011, ha permitido ya la declaración de 50 espacios de estas características, entre ellos el lugar de fusilamiento de Blas Infante en el cortijo de la Gota de Leche en Sevilla, la fosa del cementerio de San Rafael, los muros de Puerta Tierra en Cádiz o la esquina en la que se produjo la muerte de Manuel José García Caparrós en Málaga. Actualmente, la Junta tramita la declaración de 13 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas. 

Ninguno de los aspectos de la Ley andaluza de Memoria que cuestiona la oposición está abandonado o parado del todo, pero el ritmo de desarrollo es lento, y el Gobierno andaluz parece haber aparcado la iniciativa política sobre estos temas, o al menos no les da la relevancia que esperan IU y Podemos. El pasado enero, el Consejo de Gobierno acordó iniciar la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que establecerá la programación de las medidas previstas por la Junta durante este periodo para dar cumplimiento a la ley.