La ley de amnistía entra este martes en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los jueces y tribunales tienen dos meses para aplicar la norma que firman el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

El Congreso respaldó el pasado jueves la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya –más conocida como la ley de amnistía– con mayoría absoluta. Levantó así el veto del Senado y aprobó el texto de manera definitiva después de varios meses de negociaciones del Ejecutivo con los independentistas.

La medida forma parte del pacto entre el PSOE, Junts y ERC para apoyar la investidura de Sánchez. Esta legislación tiene como objetivo amnistiar a todas las personas implicadas en movilizaciones independentistas y soberanistas desde el 1 de noviembre de 2011 –cuando todavía gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero– hasta el 13 de noviembre de 2023.

Este período de aplicación afecta a los condenados por la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014, así como a los del referéndum del 1 de octubre de 2017. Además, también archiva las investigaciones hasta ahora en proceso por los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo.

La norma amnistía a unas 372 personas, según ha indicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Entre ellas, se encuentran dirigentes de ERC y Junts, los 12 Comités de Defensa de la República (CDR) y los investigados por Tsunami Democràtic.

Fuentes del Gobierno han destacado que la ley "ha seguido los cauces y plazos habituales de las normas tras su aprobación parlamentaria" y que este texto "ha sido una pieza fundamental para el cierre de una etapa de enfrentamiento y división en la sociedad catalana".

El Grupo Socialista registró en solitario la proposición de ley el pasado 13 de noviembre. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, pero no ha salido adelante hasta más de medio año después. En el Congreso, los grupos que votaron a favor el pasado jueves fueron PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos. Unos 172 diputados votaron en contra, el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Desde la publicación de la ley este martes, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla, pero dicho plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la Justicia europea. El diario oficial también abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.