Después de muchos intentos frustrados, los letrados del Congreso han avalado por primera vez admitir a trámite la solicitud para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del rey emérito. A tenor del informe realizado por los servicios jurídicos de la Cámara Baja al que ha tenido acceso este medio, los letrados dan el visto bueno a la creación de una comisión parlamentaria sobre el uso de tarjetas black usadas por Juan Carlos I después de abdicar en 2014. Los letrado aluden al artículo 52.2 del Reglamento de la Cámara Baja, el cual recoge que las "comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída".

Aunque el dictamen de los letrados no es vinculante, establece un precedente para que esta petición pase de los muros hasta ahora infranqueables de la Mesa del Congreso. Ahora, el órgano de gobierno de la Cámara Baja tiene la última decisión y se pronunciará este miércoles al respecto. 

Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG registraron el pasado 18 de diciembre un escrito dirigido a la Mesa para crear una comisión de investigación sobre el uso de plásticos opacos por parte del monarca, una cuestión por la que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación. Estos grupos volvieron a aunar sus fuerzas tras el enésimo portazo de los miembros de la mesa del PSOE, PP y Vox a las solicitudes que días antes habían presentado estos partidos por separado.

El órgano presidido por Meritxell Batet tomó esta decisión "de acuerdo con los antecedentes existentes y los informes de los letrados", algo que Unidas Podemos, con representación en la Mesa, criticó duramente. "Nadie dio un argumento ni jurídico ni político para no investigar esto", expresó entonces en rueda de prensa el secretario primero del órgano de gobierno de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello.

Las peticiones por parte de estos grupos en esta línea se llevan haciendo desde la XII Legislatura, siguiendo la estela de las informaciones publicadas y las investigaciones judiciales que involucran presuntamente al monarca. En la presente legislatura, la XIV, Unidas Podemos, ERC, Bildu, el grupo Plural y el Mixto han presentado, tanto juntos como por separado, hasta siete solicitudes concentradas en cinco ocasiones (marzo, junio y diciembre) para indagar sobre las presuntas actividades ilícitas del exjefe de Estado.

Hasta el momento, todas ellas se han encontrado con el mismo muro. El criterio para inadmitir a trámite los diferentes escritos, sometidos en varias ocasiones a estudio por los servicios jurídicos del Congreso, siempre es el mismo: la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Asimismo, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha llegado a esgrimir que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado", esto es, es permanente. 

Si bien, fuentes jurídicas de la Cámara ya aseguraron a Público que los informes emitidos anteriormente contienen argumentos que pueden ser "erróneos", incluso que pueden pecar de "ambiguos", como es la cuestión de la inviolabilidad constitucional del emérito y las diferentes investigaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto sobre Juan Carlos I.

En esta última petición para crear una comisión parlamentaria, los partidos insisten en que el motivo de la investigación se refiere a hechos acaecidos tras la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que no se le puede aplicar la inviolabilidad contenida en el artículo 56.3 de la Constitución española. Es más, según el Tribunal Constitucional, "la inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva, relacionado con quien ostenta la figura del rey en nuestro sistema constitucional". Sin embargo -continúan- "parece evidente que esta prerrogativa, como ocurre con otros receptos constitucionales debe interpretarse de manera evolutiva, atendiendo a 'la conciencia social en cada tiempo y lugar'", sostiene el texto.

El escrito expone que la Fiscalía Anticorrupción indicó la existencia de indicios que apuntarían a la comisión de un presunto delito fiscal, ya que se trataría
de incrementos de renta no declarados superiores a la cantidad de 120.000 euros en un solo ejercicio y que se habrían cometido cuando Juan Carlos I ya no ostentaba la figura de jefe del Estado. Además, también podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, si se acreditara el origen ilícito de este dinero.

Para evadir el delito fiscal por el presunto uso de las tarjetas opacas al fisco, el padre de Felipe VI pagó ante la Agencia Tributaria 678.000 euros. Si bien, a pesar de la regularización, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que seguirá investigando a Juan Carlos I para comprobar la "espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia".

Una cuestión de interés público

"Más allá de la suerte que pueda correr la vía judicial, es importante recordar que esta no es la única en la que se pueden sustanciar estas cuestiones. De acuerdo con los artículos 76 de la Constitución española y 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, este último podrá crear comisiones de investigación 'sobre cualquier asunto de interés público', único requisito material establecido por la Constitución y el Reglamento de la Cámara", ahondan los solicitantes.

En este sentido, el texto esgrime que la "sola implicación de personas de notoria relevancia pública", como la del ex jefe de Estado, en la presunta comisión de un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales, "es una cuestión de interés público que justifica una investigación parlamentaria" como la que plantean.

Asimismo, los grupos recuerdan que en otras ocasiones, la Mesa del Congreso ha considerado que la investigación de presuntas irregularidades cometidas por actos de carácter personal de personas con relevancia pública "se ajusta perfectamente a la noción de interés público exigida por la Constitución y por el Reglamento de la Cámara Baja". Fue el caso de la investigación parlamentaria sobre el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio por el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas o la comisión de investigación sobre la gestión de fondos presupuestarios asignados a la Dirección de General de la Guardia Civil mientras fue director Luis Roldán.

"En ninguno de estos casos se dudó del interés general de investigar esos asuntos. Tampoco se consideró que mediante aquellas comisiones de investigación se pretendía el control de personas que no estaban sometidas al control de las Cámara Parlamentarias. La relevancia pública de los asuntos, la obtención de información para el ejercicio del trabajo parlamentario y el control del Gobierno en los asuntos que se señalaban eran motivos más que suficientes para admitir a trámite y aprobar aquellas comisiones de investigación", argumentan.

Por ello, los siete grupos piden que la comisión investigue si los reyes eméritos usaron entre los años 2016 y 2018 las tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero y si se pagaron "abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la Familia Real". También, quiere que se indague sobre la eficacia de "las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales". Como la Fiscalía del Alto Tribunal descarta el uso de estos plásticos por parte de Felipe VI y sus hijas, estos "quedarían al margen de la investigación" en dicha comisión parlamentaria. Además, proponen que la constitución de este órgano sea "a la mayor brevedad posible".