En un contexto tan complejo como el actual, en una grave crisis económica derivada de una crisis sanitaria y con la población aun tratando de recuperarse de la crisis de 2008, el Gobierno, en general empujado por su ala izquierda o directamente a través de los ministerios del ala izquierda, ha sido capaz de sacar adelante algunas medidas históricas. No podemos repasarlas todas pero sí unas cuantas.

La más reciente que está de actualidad es el tope del precio del gas en España y Portugal para abaratar el precio de la luz, la conocida como 'excepción ibérica'. Costó convencer a la Unión Europea de implementar esta medida, que no llegó tan lejos como la izquierda quería, pero finalmente se logró y entró en vigor justamente en el día de ayer suponiendo efectivamente una rebaja del precio.

Otra de las medidas de la que el Gobierno puede presumir es la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una reforma que salió por la mínima. Esta reforma laboral ha sido la primera acordada entre gobierno y agentes sociales, tanto sindicatos como patronal. Esta reforma ha supuesto que en España, a día de hoy, casi la mitad de los contratos que se firman sean indefinidos. En concreto, en el último mes, los indefinidos fueron el 45% de los contratos. Háganse una idea, porque en 2019, el total de contratos indefinidos que se firmaban en nuestro país eran del 9%, sí, como lo oyen, el 9%. En términos brutos, en el pasado mes de mayo se firmaron 730.720 contratos indefinidos. En 2019 fueron solo 184.161.

El Ministerio de Trabajo también puede sacar pecho con la cifra de parados. En el último mes bajó en casi 100.000 personas y por primera vez desde hace 14 años, desde el año 2008, el número de personas desempleadas no bajaba de la barrera de los tres millones.

Además el empleo se ha recuperado después de la pandemia. 778.000 personas perdieron sus empleos en 2020, en 2021 lo recuperaron tan solo 76.000 y en lo que llevamos de 2022 han obtenido empleo 858.259 personas. Además si vemos la inversión en ERTEs, en abril de 2021 fue de 591 millones de euros. En mayo de 2022 esta cifra apenas llega a los 47 millones de euros. Estos ERTEs, más de medio millón, han salvado a 3.4 millones de personas de terminar en el paro.

Pasando al tema de la vivienda, el ministerio de Belarra arrancó dentro de las medidas de respuesta a la guerra de Ucrania una limitación de la subida de los alquileres del 2%. Ojo, no se trata de una limitación de los alquileres como ya se ha hecho en otras ciudades como Berlín. Se trata de que los contratos de alquiler no suban igual que sube el IPC. Hay que tener en cuenta que si no se hubiera puesto esta limitación, los contratos podrían subir hasta el 9%. Una auténtica barbaridad. El Gobierno espera prorrogar estas medidas de respuesta a la guerra que caducan en el mes de junio y en las que va incluida esta limitación del 2% a la subida de los alquileres. 

En abril de 2021 el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra aprobó la Ley de Infancia, la denominada 'ley Rhodes'. Una ley que supone por ejemplo que en septiembre todos los colegios inicien el curso con la figura del coordinador de bienestar y protección que escuchará a los menores y alertará de cualquier situación de acoso o de violencia. Esta ley también recoge la existencia de delegados de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio.

Con esta ley además se ha ampliado el tiempo que las víctimas tienen para denunciar un abuso ya que la prescripción comenzará a tomarse en cuenta cuando la víctima cumpla 35 años y no 18 como era hasta ahora. Además ha suspendido el régimen de visitas de los padres cuando un juez haya dictado una orden de protección para la madre por maltrato y existan indicios de que los menores han presenciado la violencia. Esto es básicamente asumir el principio de que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Cuando los casos lleguen a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.

En lo que respecta al Ministerio de Igualdad tenemos unas leyes que se podrían considerar trascendentales para el feminismo y para las mujeres. La primera es la ley del solo sí es sí, que consagra el consentimiento como la clave de la libertad sexual. La sumisión química como agravante de una agresión sexual, que hasta ahora se considera abuso; los asesinatos por violencia sexual serán contabilizados como violencia machista.

Además, ha incluido una modificación de la ley penal del menor, para que, en los casos en los que los agresores tengan menos de 18 años, las penas lleven siempre la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad. También se prohibirá la publicidad que promueva la pornografía. Estas son algunas de las medidas de esta ley.

Pero desde Igualdad también se impulsado medidas como la Ley del Aborto. Era crucial aprobar una nueva ley porque la vigente continúa pendiente de resolución en el constitucional después del recurso del PP en el año 2010. Esta ley permite el reparto de preservativos en institutos, cárceles y centros de servicios sociales así como asegurar la financiación pública de los mismos.

En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, se suprime la obligación de retrasar tres días la decisión tomada por las mujeres, la píldora del día después se podrá adquirir gratuitamente en los centros de salud y aquellas mujeres de 16 y 17 años que quieran abortar, lo podrán hacer sin necesidad de consentimiento por parte de sus tutores legales.

Por último en materia de igualdad se ha aprobado también la Ley Trans y se ha propuesto una ley que fue foco de polémica, las bajas por reglas dolorosas, pionera en Europa y por la que la derecha y algunos ministerios del PSOE pusieron el grito en el cielo. La seguridad social se hará cargo de estas bajas desde el primer día. Un coste de tan solo 24 millones de euros.