Le Monde ha advertido de que Castilla y León, donde gobierna el PP con el apoyo de Vox es "la pista de despegue de la guerra cultural de la extrema derecha". En un artículo muy crítico con la estrategia del partido ultra, el diario francés subraya que Vox usa la región como catapulta de su ideología, con la intención de influir en la política nacional.

El artículo, que subraya en su subtítulo que "difunde un discurso antiaborto, antifeminista y hostil a la política de memoria democrática del Gobierno central", muestra las costuras de la formación ultra: "Las palabras del dirigente de Vox en Castilla y León delatan más las obsesiones de la extrema derecha española que una voluntad real de gestión política".

Es decir, Vox alimentaría su "guerra cultural" con polémicas de carácter regional, como los protocolos sobre el aborto, que forzarían al PP a posicionarse al respecto, lo que podría provocar una división en su electorado, cuando la intención de Alberto Núñez Feijóo sería "completar un giro al centro" ante las elecciones municipales, autonómicas y generales.

"Lejos de 'moderar a Vox' [...], se encuentra a sí mismo regularmente arrastrado a debates que no hubiera querido tener, y salpicado por las palabras a menudo indignantes de su socio de coalición", explica la autora del artículo, Sandrine Morel, quien recuerda que los líderes del PP "intentaron desanudar una polémica que cae en un mal momento para ellos".

Además de los "discursos antiabortistas", alude a los "ataques directos contra los sindicatos, mensajes antifeministas e iniciativas provocadoras de todo tipo" a cargo de Juan García-Gallardo, portavoz del grupo parlamentario ultraderechista y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a quien Le Monde presenta como un títere.

"Vox ha cuidado mucho no confiar a García-Gallardo ninguna cartera, dejándole difundir sus mensajes sin asumir ninguna responsabilidad en su concreción", escribe Sandrine Morel. O sea, el partido ultra buscaría "un voto muy emocional", consciente de que "lo que moviliza potencialmente a su electorado son las guerras culturales y no las negociaciones sobre presupuestos", analiza el politólogo Xavier Casals en el artículo.

"Buscan mantener constantemente a la base de su electorado en un estado de polarización y crear titulares. Frente a la 'derechita cobarde', se presentan como una derecha sin complejos, capaz de hacer tabula rasa de la totalidad de las conquistas de la izquierda: feminismo, aborto, diversidad", subraya Casals.

Una forma de "ahogar" al PP con las controversias que genera intencionadamente a través de iniciativas polémicas, "fuertemente inspirado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Viktor Orban", como el ofrecimiento a las embarazadas de escuchar el latido fetal o de ver una ecografía 4D para disuadir a las mujeres de su intención de abortar.

Le Monde deja claro que las exigencias de Vox en Castilla y León, contra el aborto o las leyes de violencia de género, presionan al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y calan en Génova, pendiente de los globos sonda regionales del partido ultra, cuando en realidad querría abogar por un perfil moderado en las inminentes campañas electorales.

El diario francés también compara las medidas exigidas por García-Gallardo con las políticas impulsadas por la Moncloa, como la nueva ley del aborto, que una vez aprobada permitirá a las jóvenes de dieciséis años interrumpir el embarazo sin necesidad del consentimiento de sus padres.

Así, la "guerra cultural" del partido liderado por Santiago Abascal buscaría crear una brecha ideológica en el Partido Popular, así como una sangría de votos por su derecha, y al tiempo batallar contra el Gobierno de Pedro Sánchez desde una plaza regional, pero con un mensaje amplificado por la dirección nacional, los medios afines y las redes sociales.

Como ejemplo, la intención de Vox de "revocar la ley regional sobre memoria histórica, que permitía facilitar las exhumaciones y la identificación de las víctimas republicanas de la guerra civil" o de clasificar como bienes culturales protegidos unos 190 símbolos franquistas que "consideran como 'amenazados' por la nueva ley de memoria democrática".