MADRID.- Aprietan el acelerador, conscientes de que cada día se torna un poco más difícil que el TTIP vea la luz. Bruselas y Washington comenzaron formalmente las negociaciones del tratado de libre comercio a mediados de 2013, y desde entonces no ha dejado de crecer la oposición al Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), en parte por la opacidad y el sigilo con los que han envuelto las conversaciones, pero también por los probados esfuerzos de los lobbies empresariales por sentarse a la mesa de negociaciones.

Para poner el acuerdo bajo el foco de la opinión pública, Podemos está utilizando sus escaños en los distintos parlamentos autonómicos para impulsar Proposiciones No de Ley (PNLs) contra el TTIP, exigiendo al resto de partidos que se pronuncien y pidiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que pelee por la suspensión de las negociaciones y blinde los servicios públicos. “Supone una falta de respeto por su opacidad, por cómo el tratado afectará a todos los europeos, es algo increíble en un Estado de derecho”, asegura a Público Auxiliadora Honorato, secretaria de Acción Institucional del partido de Pablo Iglesias.

Honorato explica que en las últimas dos semanas los parlamentos de Cantabria, Aragón, Baleares y Canarias ya han presentado sendas PNLs contra el tratado –además de la Junta Foral Guipuzcoana-, y el partido ultima los detalles para hacer lo propio en Canarias, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y La Rioja. En total, son 11 de las 14 cámaras en las que el partido tiene representación, y la secretaria de Acción Institucional no descarta que el resto de delegaciones autonómicas también se sumen a la iniciativa.

Podemos no ha recabado los apoyos de otros grupos para impulsar estas PNLs y dice no haber entablado conversaciones al respecto, pero Honorato explica que quieren forzarles a posicionarse sobre el polémico acuerdo. Su partido, IU o Equo han mostrado un claro rechazo contra el TTIP, pero el tratado cuenta con el beneplácito del PP y, con ciertos matices, con el apoyo del PSOE.

“No queremos el TTIP, hay que salvaguardar la soberanía y los servicios públicos. Y eso por no hablar de la falta transparencia o de la aberración del ISDS”, apostilla Honorato. El ISDS es el mecanismo de blindaje que permite a las multinacionales demandar a estados ante tribunales privados si consideran que los cambios normativos que decreten los distintos gobiernos pueden perjudicar a sus inversiones, y es uno de los aspectos más controvertidos del tratado transatlántico.

De hecho, la PNL presentada por la formación rechaza explícitamente su inclusión en el acuerdo. Así, la iniciativa que rubrica la portavoz del grupo en Cantabria, Verónica Ordóñez, fechada el 3 de septiembre, insta al Gobierno regional a solicitar al Ministerio de Hacienda que apoye “todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles”, y a Economía que suspenda las negociaciones del polémico TTIP, que sigue ganando detractores a lo largo y ancho de la Unión Europea, pero también en EEUU.

El PSOE andaluz les da la razón: “No tenemos información”

Podemos también ha presentado una pregunta parlamentaria sobre el TTIP en la cámara andaluza. A través de su portavoz, Jesús Rodríguez, el grupo que lidera Teresa Rodríguez preguntó el pasado 25 de agosto al Gobierno de Susana Díaz por su postura sobre el tratado de libre comercio, y por cómo considera que afectará a los intereses de los andaluces. “Nos posicionamos en contra de cualquier acuerdo que suponga un perjuicio para los intereses generales de los ciudadanos de la Unión Europea”, aseguró entonces Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Jiménez reconoció entonces que no cuentan con información sobre las negociaciones, a pesar de que la presidenta Díaz es miembro suplente del Comité de las Regiones, el organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de Europa. “Sí sería bueno que el Gobierno de España hiciera valer en el Consejo [Europeo] y ante la Comisión que los Estados miembro gocen de tener toda la información disponible, no vaya a ocurrir que se estén negociando cuestiones que no son del conocimiento público”, apunta el también consejero de la Presidencia y Administración Local, según el Diario de Sesiones del Parlamento andaluz.

El socialista finaliza su respuesta comprometiéndose a hacer “lo indecible” para obtener la información que le reclaman, para después llevar sus posicionamientos a la cámara. Sin embargo, y a juzgar por la línea que ha seguido Bruselas en todo lo que respecta al tratado secreto, parece casi imposible que pueda hacerse con esta información, y menos aún que reciba permiso para hacerla pública.