La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta contra el presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont y sus 13 consellers -también cesados-, pese al criterio del magistrado del Tribunal Supremo, según explica en un auto en el que ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra  los investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

La juez insiste que aunque "la Intervención General de Catalunya haya certificado que sólo una pequeña cantidad de esa partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum -del pasado 1 de octubre- con dinero público no destinado a estos fines". De hecho, recuerda la querella del Ministerio Público en la que se apuntaba a la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás adoptó las medidas necesarias para obtener los medios con los que poder celebrar la consulta.

El juez del Supremo Pablo Llarena denegó el pasado jueves imponer dicha responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía. Considera que no hay datos por ahora que acrediten esta fianza, en esta fase temprana de la investigación aunque más tarde pudiera darse, según explicaba en el auto en el que ordenó prisión eludible bajo fianza para Carmen Forcadell y libertad bajo fianza para cuatro miembros de la Mesa del Parlament.

Asimismo, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha desestimado en su auto los recursos de reforma interpuestos por el vicepresidente catalán cesado Oriol Junqueras y los consellers cesados de ERC Carles Mundó, Dolors Bassa, además de Raül Romeva, todos ellos en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre. Les recuerda que los investigados eran "participantes" que efectuaron "su aportación al plan secesionista que habría de llevar a cabo la declaración unilateral de independencia".

El Supremo da el primer paso para acumular las causas

El magistrado del Tribunal Supremo ha pedido a Carmen Lamela que le presente un informe antes de decidir si le reclama tanto la causa en la que ésta investiga a los miembros del Govern cesado por el mismo delito como la que instruye por una presunta secesión contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y los responsables de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En una providencia dictada este martes, Pablo Llarena señala que, con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, solicita a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que en el plazo de cinco días le informe sobre "los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos".

Así, Carmen Lamela ha emplazado a las partes personadas en la causa si desean que se acumulen todas ellas en un único procedimiento. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se ha dirigido con este propósito a todas las partes -Fiscalía y defensas-, a petición del juez Llarena.

Sobre esta posibilidad de acumular toda la investigación del procés en el Supremo deberán pronunciarse también la presidenta de la Mesa y los otros cinco parlamentarios implicados en la causa que ya instruye LLarena en este órgano.

Junqueras, favorable a que el Supremo asuma la causa 

En cambio, Oriol Junqueras, y los consellers en prisión preventiva Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, así como Santi Vila, ya han anticipado que son favorables a dicha acumulación, y de hecho, su abogado, Andreu Van den Eynde, fue el que pidió, como representante de la presidenta del Parlament y de la miembro de la Mesa del Parlament Anna Simó, que la causa contra el Govern se acumule en el Tribunal Supremo.

En un escrito presentado a Pablo Llarena, Van den Eynde argumentaba que "el objeto de ambos procesos es coincidente o, en cualquier caso, conexo", siempre desde la perspectiva de la tesis de la acusación.

Además, considera que la propia imputación -que según ellos adolece de falta de rigor técnico- describe unos delitos "que por su estructura típica de comisión basada en actuaciones grupales y reparto de cometidos, sólo puede ser abordada desde un único proceso".

Otras defensas consultadas por Europa Press han preferido no posicionarse públicamente hasta el momento en que remitan sus escritos ante el Supremo.

En paralelo, el pasado jueves Llarena requirió al TSJCat toda la causa que se abrió allí por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación contra Forcadell y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura y de referéndum.