El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lleva invertidos cuatro años y oficialmente tres intentos fallidos de lograr la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont para que sea juzgado por malversación y sedición por el 'procés' independentista. El saldo de la pugna entre el magistrado y el eurodiputado catalán es, de momento, favorable a este último. El reciente revés sufrido por Llarena por la paralización del proceso de extradición en Italia del que fuera presidente de la Generalitat cuando se convocó el referéndum del 1-O no pinta un panorama halagüeño para sus planes de sentarle en el banquillo a corto plazo. 

La cuestión prejudicial que planteó el juez Llarena al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en marzo de 2021 es el principal escollo dentro de un  laberinto judicial europeo que arroja diversas interpretaciones del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. El magistrado Llarena se dirigió a la Justicia europea para obtener explicaciones ante la negativa de los jueces belgas a extraditar al exconseller Lluis Puig, reclamado, igual que Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsati y Toni Comín, a través de euroórdenes reactivadas el 14 de octubre de 2019. Mientras el TJUE no resuelva esa cuestión prejudicial, será inviable ejecutar las extradiciones.

En enero de 2021 la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas confirmó la resolución de un juzgado belga, en agosto de 2020, que se oponía a la extradición de Puig por entender que el órgano competente para dictarla no era el Tribunal Supremo sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat). Según los jueces belgas, el Supremo no estaba legitimado para instruir la causa del 'procés', alineándose así con la tesis de los líderes independentistas que siempre han reclamado ser juzgados por el TSJ, en virtud de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía.

Los artículos 54 y 70 del Estatut indican que corresponde al TSJCat decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la Generalitat, de los consejeros y de los diputados catalanes, salvo si los presuntos hechos delictivos se hubieran cometido fuera del territorio de Catalunya, en cuyo caso la competencia es de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Justicia española interpretó que la acción del 'procés' se extendió fuera de las fronteras españolas gracias a la campaña diplomática a favor de la independencia. El Tribunal Constitucional avaló en febrero de este año la competencia del Supremo para enjuiciar el 'procés'. 

Ademas, los tribunales de Bélgica argumentaron para no extraditar a Puig que su derecho a la presunción de inocencia podría quedar comprometido si era entregado al Supremo. Una cuestión que Llarena desmintió tajantemente en su cuestión prejudicial presentada al TJUE. El objetivo del juez español, con esa cuestión prejudicial, que consta de siete interrogantes, es evitar que los jueces belgas denieguen la extradición de Puigdemont, igual que han hecho con la del exconseller Puig. Pero los plazos se alargan y la Justicia europea sigue sin pronunciarse. 

El precedente alemán

En su carrera por traer a España a Puigdemont, Llarena sufrió su primer gran revés en el corazón de Europa. El 25 de marzo de 2018  Carles Puigdemont fue detenido en Alemania, al cruzar la frontera danesa. Estuvo 12 días en la cárcel y tuvo que esperar cuatro meses hasta que las autoridades alemanas le dejaron libre al desactivar Llarena la euroorden contra él. El magistrado no quiso aceptar las condiciones impuestas por Alemania para proceder a la entrega del expresidente catalán solo por el delito de malversación, descartando el delito de sedición, al no estar contemplado en el Código Penal alemán. 

Un año estuvo la orden de detención en modo durmiente. El 14 de octubre de 2019 la Sala Segunda del Supremo dictó la sentencia del 'procés' contra doce líderes independentistas. El juez Llarena reactivó entonces las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsellers  exiliados. 

Sin embargo, las cosas se complicaban para el juez del Supremo, cuando poco después Puigdemont, Comín y Ponsati lograron sus actas de eurodiputados, lo que les valió la inmunidad. En marzo pasado, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se la retiró  tras aprobar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. La resolución de la Justicia europea dejaba claro que el hecho de perder la inmunidad no significaba que pudieran ser detenidos, ya que las euroórdenes estaban inactivas hasta que se resolviera la cuestión prejudicial planteada por Llarena. 

Pero el pasado 23 de septiembre Puigdemont fue detenido por la Policía italiana. El expresidente catalán había acudido al país alpino para participar en Adifolk, un encuentro anual internacional de difusión de la cultura popular catalana que se celebra cada año en un país diferente. Tampoco la suerte ha sonreído ahora  a Llarena. La Justicia italiana ha decidido paralizar el proceso de extradición hasta que el TGUE se pronuncie sobre la medida cautelar presentada por la defensa de Puigdemont para recuperar provisionalmente la inmunidad parlamentaria. Y también hasta que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial de Llarena y resuelva si una euroorden puede ser cuestionada y rechazada por un estado miembro respecto a la competencia del tribunal que la emite. 

Durante el tiempo que duró la detención de Puigdemont en la isla italiana, Pablo Llarena envió a las autoridades judiciales sardas un oficio explicando que la euroorden contra el político catalán nunca se desactivó, ya que el Supremo es el único órgano judicial que puede hacerlo. Llarena insistió en que las autoridades italianas debían proceder a la extradición pero ha sido en vano. Tendrá que volver a esperar.