Un juzgado de A Coruña ha reconocido el derecho a indemnización a un profesor interino tras su cese, lo que supone la primera vez que la Justicia española da la razón a un funcionario en estas circunstancias, según ha destacado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La sentencia reconoce veinte días por año trabajado a un profesor que fue cesado tras una sustitución y lo equipara a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas o de producción.

CSIF ha explicado en una nota que esta "sentencia pionera" proviene del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña y reconoce el derecho al docente F.L.R. a percibir una indemnización por el periodo en el que estuvo cubriendo una sustitución.

El juez ha entendido, según CSIF, que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales en régimen laboral de la Administración pública. La sentencia -contra la que sólo cabe recurso ante el Tribunal Supremo- "abre la puerta a miles de reclamaciones" como son las de los profesores interinos que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo del curso.

CSIF destaca que solamente en el pasado mes fueron cesados 51.487 docentes, la cifra más alta de los últimos nueve años.

Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las Administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos, ha recalcado este sindicato.

250.000 funcionarios interinos

Además, según CSIF, se calcula que en España hay 250.000 funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia o la Sanidad.

Tras valorar esta sentencia, CSIF valora que existe la necesidad de "abordar de manera inmediata el proceso de estabilización del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados".