MADRID.- La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido hoy que el caso Rato es competencia de los juzgados de Madrid y no de la Audiencia Nacional, estimando así el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de un juez de Madrid.

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia, tras deliberar a puerta cerrada, han fallado que la competencia para investigar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, corresponde al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. De este modo, será el magistrado Antonio Serrano-Artal el encargado de la causa, como señala el auto, y no el juez instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu.

Estos mismo magistrados de la Sección 23 de la Audiencia consideran que no existe peligro de que oculte su patrimonio para evitar abonar las fianzas por responsabilidad civil impuestas por la Audiencia Nacional porque estas "ya han sido satisfechas".

No obstante, concreta el auto, las responsabilidades pecuniarias en esas causas han quedado cubiertas de momento ya que en la primera se ha depositado una fianza de 800 millones de euros y en la segunda Rato ha depositado tres millones. "El argumento ya no se sostiene", agrega la Audiencia Provincial. La Audiencia Nacional rebajó después de 800 a 34 millones por responsabilidad civil impuesta a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato.

El auto refleja, además, que la denuncia de la Fiscalía de Madrid describe "unas operaciones financieras en las que, presuntamente se ha eludido el pago de impuestos" y se dirige contra una segunda persona, cuya identidad no facilita.

En opinión de los cuatro magistrados de la Sección 23 "no aparece con claridad", en este punto, la conexión entre estos delitos y los ya investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El juez madrileño podrá volver a inhibirse en un futuro si aprecia la comisión de algún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.