Faltaban varios detalles y pruebas para que la juez argentina que instruye la causa contra los crímenes de la dictadura franquista, María Servini, pudiera comenzar a trabajar en la imputación de los ex ministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez y el suegro de Gallardón, José Utrera Molina. Tras el viaje a Argentina de varias decenas de querellantes, integrados en la Ceaqua, la jueza ya tiene todo lo que necesitaba: el listado de muertes causadas por las fuerzas de seguridad del Estado con Martín Villa como ministro de Gobernación, la explicación del mecanismo por el que se firmaban las condenas de muerte durante la dictadura y, sobre todo, los testimonios de Merçona Puig Antich, Andoni Txasco y Pablo Mayoral, indispensables para la imputación de Utrera Molina, Martín Villa y Fernando Suárez respectivamente.

'La juez ha reconocido que va a centrar su trabajo en estas imputaciones y que tendremos noticias al respecto lo antes posible', reconocen a este medio fuentes cercanas al Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). En la mente de todos ellos están los plazos que la juez siguió cuando realizó la imputación de los cuatro presuntos torturadores de la dictadura, de los que sólo dos siguen con vida. En aquel momento, la juez necesitó nueve días de trabajo desde que la delegación de las víctimas visitara Argentina. 'Está vez, en caso de producirse estas imputaciones, quizá necesite más tiempo', reconocen estas fuentes.

A lo largo de los tres encuentros que la delegación de víctimas del franquismo desplazada a Argentina ha mantenido esta semana pasada con la juez, los querellantes han insistido en la necesidad de comenzar las imputaciones de políticos de la dictadura y no centrar la acción judicial sólo en los torturadores. 'Los políticos daban órdenes a los miembros de la Policía y, además, este proceso debe ser un juicio al franquismo en su totalidad y no un juicio a las torturas de la dictadura', reconocía a Público Chato Galante, uno de los numerosos querellantes y miembro de la delegación de la Ceaqua que se desplazó hasta Argentina.

Con la intención de que el proceso judicial abierto en Argentina se convierta en un juicio al franquismo y no sólo a los torturadores y responsables políticos que quedan vivos, la juez María Servini ha mostrado a los querellantes su predisposición a desplazarse hasta España en la próxima primavera para abrir diligencias sobre las miles de fosas con víctimas que hay a lo largo y ancho de todo el Estado y solicitar información a instituciones que se han negado a cooperar con la Ceaqua, como la Iglesia o el Ejército, entre otras actuaciones.

En este sentido, Servini, según reconocen fuentes de la delegación Ceaqua desplazada a Argentina, aseguró que iba a solicitar inmediatamente el permiso pertinente a la Corte Suprema argentina, institución equivalente al Tribunal Supremo español, para realizar su viaje a España. Cabe recordar que la magistrada ya trató de venir a España a recoger testimonios el pasado verano, pero que finalmente el viaje quedó suspendido al considerar la jueza que no disponía de todo el personal suficiente para acometer las tareas que se había fijado.

La Ceaqua también ha reconocido en la rueda de prensa celebrada este lunes en Madrid que ya están trabajando en la formulación de nuevas peticiones de imputación de políticos, policías y altos mandos del franquismo que aún están vivos. Hasta el momento, cabe recordar, que los querellantes han solicitado la imputación de cuatro presuntos torturadores, ya imputados aunque sólo dos están vivios, de los tres ex ministros y de dos jueces.

Según ha podido saber Público, en estas nuevas peticiones de imputación estará el nombre de Jesús González Reglero, comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés que se dejó ver frente a la puerta de la Audiencia Nacional en la declaración de José Antonio González Pacho, alias 'Billy el Niño' y el ex guardia civil Jesús Muñecas ante el juez Ruz. A González Reglero le acompañarán más políticos de la dictadura que permanecen con vida y más policías y presuntos torturadores, para cuya imputación están resultando claves las denuncias que las víctimas de la dictadura están aportando en el Consulado de Argentina en España y en diferentes países del mundo.

Por último, la delegación de las víctimas de la dictadura desplazada hasta Argentina también solicitó a la juez que se agilicen las gestiones necesarias para que más querellantes puedan declarar ante la juez vía videoconferencia desde la Embajada argentina en España y evitar, de este modo, los costosos viajes hacia el continente americano que está afrontando la Ceaqua.