A falta de una regulación actualizada sobre dónde y en qué condiciones se puede ubicar un local de juego, ayuntamientos andaluces de todo signo político han ido enfrentando con modificaciones puntuales de sus planes urbanos el problema de la proliferación de las salas de azar y apuestas y su cercanía a zonas sensibles, como colegios y otros lugares socioeducativos.

El Gobierno andaluz, que ha venido recurrido –a instancias de la patronal del juego, como en Cádiz– en los tribunales las normativas que buscaban alejar esos locales de los lugares en los que hay niños, trabaja en paralelo en una nueva regulación, según confirmaron desde la Consejería de Hacienda a Público. Las fuentes consultadas indicaron que el consejero daría más detalles al respecto la próxima semana en el Parlamento.

En un informe elaborado por Hacienda el 15 de diciembre pasado para el caso de Cádiz se afirmaba que el Ejecutivo "establecerá un nuevo régimen de distancias mínimas respecto de los centros educativos de enseñanza reglada no universitaria: [… se autorizará] la apertura y funcionamiento de nuevos salones de juego que se encuentren a menos de 150 metros radiales".

El consejero, Juan Bravo (PP), y su equipo consideran que el juego y su regulación es de la exclusiva competencia de la Junta de Andalucía, lo que les ha llevado a colisionar con el criterio de otras consejerías, como Fomento y Salud, que avalaron, por ejemplo, el cambio en el Plan Urbano de Cádiz hoy en vigor que prohíbe las salas de apuestas a menos de 500 metros de los colegios y lugares de ocio de niños.

Ambos departamentos consideraron que la regulación en el Plan Urbano de estos establecimientos no presentaba problemas e, incluso, Salud afirmó que la práctica de juegos de suerte, azar y envite es una actividad "puramente mercantil, que en ningún caso "puede entenderse como un servicio que fomenta el enriquecimiento cultural de los ciudadanos o su bienestar". Luego, añadió: "Se trata de alejar los salones de juego y casas de apuestas de las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, precisamente por una cuestión de salud pública para la protección de los entornos más vulnerables".

Los pleitos que Hacienda ha ido poniendo tras argumentar que este asunto era de su exclusiva competencia –no solo en Cádiz, donde gobierna Adelante Andalucía, sino también en otros municipios como Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde gobiernan los socialistas– han provocado alarma en colectivos que luchan contra la ludopatía y también la reacción de la oposición al Ejecutivo de Juanma Moreno. Además, no ha sido la única medida lanzada por el Ejecutivo que favorece a los empresarios del sector. También les ha concedido beneficios fiscales.

El Parlamento de Andalucía aprobó hace un año y medio una Proposición No de Ley (PNL) de Adelante Andalucía sobre este asunto, en la que se instaba a "limitar la apertura de las casas de apuestas"; a "endurecer las sanciones administrativas por las infracciones de juego"; a incorporar una cantidad equivalente a la recaudada a las partidas que se destinen a la prevención y tratamiento de esta adicción; a "prohibir las terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos", y a promover las reformas legislativas necesarias "para conseguir el objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online".

Tomar medidas

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, lanzó esta semana en su cuenta de Twitter un vídeo en el que instaba a Moreno a tomar medidas: "Las familias lo están pasando mal. Muchos ayuntamientos lo están regulando. La Junta de Andalucía tiene que reaccionar ya. Moreno tiene que aprobar ya que ninguna casa de apuestas esté a menos de 500 metros de un centro educativo. Nuestros niños tienen que estar protegidos y no caer en este negocio". 

La parlamentaria Verónica Pérez, en apoyo a la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, ha lanzado una serie de preguntas en la Cámara al Gobierno para que explique las razones por las que ha decidido llevar a los tribunales la modificación de Alcalá.

También los líderes de IU, Toni Valero, y de Podemos, Martina Velarde, se han implicado con este asunto en un encuentro el pasado martes con sus concejales en Alcalá. "Es inusual, insólito, un ejercicio contrario a la autonomía local. [El Gobierno andaluz] es consciente de lo que está haciendo. Se pone de lado de la patronal de las casas de apuestas. Ciudadanos y PP tienen que estar del lado de la gente con la enfermedad, no del lado de la patronal", dijo Velarde.

Valero reclamó al Gobierno andaluz "sensibilidad, empatía" y le exigió "más compromiso con la ludopatía que con la patronal". "¿Por qué antepone los beneficios y los mercados a cualquier consideración?", agregó Valero.