El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado que la proposición de ley de amnistía no haya sido aprobada por el Congreso y tenga que volver a la Comisión para ser negociada ya que en su opinión era "buena", "robusta" y daba cobertura y garantía jurídica a los encausados por el procés.

En declaraciones a los medios tras asistir al pleno del Congreso que ha rechazado el texto final de la ley con los votos de Junts, el líder de ERC ha señalado que había un acuerdo para aprobarla y que "no es bueno" que esta ley no haya seguido adelante.

Sin hacer reproches públicos ante el voto en contra de los independentistas de Junts, que han rechazado la proposición de ley, Junqueras ha insistido en que era una ley "buena en el contexto en el que estamos" ya que superaba las cuestiones prejudiciales en Europa y los filtros que pudiera poner el Tribunal Constitucional.

"No es la ley que habría hecho ERC pero es una buena ley en el contexto en el que estamos [...] y servía para garantizar el fin de la injusticia para centenares de personas en Catalunya que son inocentes", ha dicho.

A partir de ahora la proposición de ley volverá a ser negociada en la Comisión de Justicia del Congreso y Junqueras ha incidido en que habrá que seguir trabajando para seguir con una ley "sólida y robusta" que "no tenga el peligro de caer ante el primer escollo".

En la misma línea, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha dicho que se tenía que haber aprobado una norma que asegura que en ERC han trabajado de forma "rigurosa" y "seria", y sobre Junts se ha limitado a decir que tendrá que explicar su posición.

Asimismo, ha asegurado que seguirán trabajando para que la ley de amnistía sea una realidad "lo más pronto posible para cerrar una etapa de represión política y abrir otra para abordar el conflicto político en Catalunya".

"Golpistas con toga"

Por su parte, Carles Puigdemont ha salido al paso con una dura crítica a un sistema judicial que, asegura, permite la "vulneración de derechos fundamentales" y ha acusado a los "golpistas de la toga" de querer "subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada".

Unas declaraciones que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado de plano todas aquellas declaraciones "que cuestionan que España es un Estado de derecho consolidado" y ha subrayado que "desde la Fiscalía española no se puede sino reconocer la labor de las y los fiscales y la judicatura en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos a toda la ciudadanía".