Quim Torra se sentará este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) por un presunto delito de desobediencia. Desde mediados de marzo, de este año, en la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril, Torra obvió las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó la retirada de todas las fachadas y espacios de la Generalitat de los lazos amarillos, estelades y otros símbolos en solidaridad con los dirigentes independentistas entonces en prisión provisional por el procés, condenados por sedición por el Tribunal Supremo en octubre.

Es el tercer presidente autonómico que llega a juicio oral estando en activo, y lo hace algo más de un mes después de la publicación del fallo del tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena contra 12 dirigentes independentistas catalanes, con las calles aún movilizadas contra la sentencia. Desde entonces, lejos de verse simplificado, el laberinto judicial del procés se antoja más intrincado cada día.

Torra, para quien la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito "local, autonómico, estatal o europeo" -y una multa de 30.000 euros-, declarará ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat a partir de las 9.00 de la mañana. Su defensa confirma a Público que el president "comparecerá", si bien no concreta si únicamente responderá a las preguntas de sus abogados, como hicieron los dirigentes del procés juzgados por el Supremo, o si también afrontará las preguntas de la Fiscalía.

Y, como ocurrió en el juicio ante el Alto Tribunal, el partido ultraderechista Vox está personado como acusación popular: acusa a Torra de un delito de denegación de auxilio del art. 412.1 y 412.2 del Código Penal, además del delito de desobediencia del 410 del Código Penal que también aprecia la Fiscalía. Por ello reclama una multa de 72.000 euros y su inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años.

El proceso contra Torra comenzó a cobrar forma el 7 de marzo, cuando Ciudadanos reclamó a la JEC que exigiera al president la retirada de los lazos amarillos y otros símbolos, por considerarlos partidistas. La Fiscalía se querelló contra Torra 20 días después, y Vox hizo lo propio casi de manera simultánea.

Una hipotética inhabilitación tardaría meses en llegar

No obstante, más allá del impacto simbólico de la imagen del president en el banquillo, la resolución condenatoria o absolutoria que adopte el tribunal podría influir en la convocatoria de las elecciones catalanas que previsiblemente tendrán lugar en 2020.

De resultar condenado, desde su equipo legal afirman que su hipotética inhabilitación no le impediría presentarse a unos nuevos comicios, ya que la sentencia podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y por tanto no sería firme. Y esta situación se prolongaría durante varios meses, apuntan.

En cualquier caso, con la vista puesta en el lunes, para el Ejecutivo de JxCat y ERC la puesta en escena es muy importante: el president tiene previsto llegar a la sede del tribunal caminando desde el cercano Arc de Triomf, arropado por la plana mayor de su Govern -incluido el vicepresident, Pere Aragonès, de ERC-. También por diputados de ambas formaciones y de la CUP, así como por una representación de las organizaciones y asociaciones independentistas con mayor respaldo social: Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). Hasta la fecha, estas organizaciones no han querido desvelar cómo mostrarán su rechazo al juicio contra el president desde las calles.

Tres magistrados componen el tribunal que debe enjuiciarle, y previsiblemente el juicio se concentrará en dos sesiones, mañana y tarde, únicamente durante la jornada de este lunes.

En el camino hasta este 18 de noviembre, el president ha ido recurriendo las resoluciones de la JEC, y ha recusado a dos de los tres magistrados que deben juzgarle -Jesús María Barrientos y Mercedes Armas-, pero también al juez responsable de decidir sobre estas recusaciones. De hecho, "la imposibilidad material de tramitar cumplidamente" estas recusaciones motivó el retraso del juicio, inicialmente previsto para los días 25 y 26 de noviembre, según el tribunal.

La defensa: "Descolgar una estelada no es ningún delito"

Por su parte, desde el equipo legal formado por los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal explican a este diario que esperan que el tribunal dicte "una sentencia ajustada a Derecho", esto es: "Que no lleve a cabo una indebida injerencia en los procesos políticos de Catalunya".

"Sólo cabe la absolución, porque descolgar una estelada o un lazo amarillo no es delito de ningún tipo. Tampoco se ha visto nunca que la máxima autoridad de una Comunidad Autónoma le deba obediencia a un órgano administrativo que tiene rango inferior, como es la Junta Electoral Central", apuntan.

El guion del juicio

Según el guion difundido el viernes por el departamento de Comunicación del TSJCat, se espera que la declaración de Torra no se prolongue durante más de una hora, ya que a partir de las 10 están previstas las comparecencias como testigos de 11 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, dos de ellos por videoconferencia. Durante la mañana también debe declarar el excomisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius.

A partir de las 16.00 horas, llegará el turno del portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa (el guion calcula 20 minutos); la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera (10 minutos); la exportavoz del Govern y concejal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi (30 minutos); el Síndic de Greuges, Rafael Ribó (20 minutos), y el conseller de Interior, Miquel Buch, en este orden.

Todo un laberinto judicial

Por otro lado, frente a la complejidad del juicio a la cúpula del procés, que se prolongó durante 4 meses, el juicio oral contra Torra previsiblemente podrá condensarse en una única jornada.

No obstante, más allá del inminente arranque del juicio oral a la Mesa del Parlament -finales de mes-, al major de los Mossos Josep Lluís Trapero (enero); o de las causas abiertas en juzgados catalanes por la violencia policial durante el referéndum del 1 de Octubre de 2017, en los últimos meses han surgido nuevas ramificaciones judiciales.

Sin olvidar el esperado pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras -si sigue las recomendaciones del abogado general será un nuevo revés para la Justicia española-, los tribunales investigan también a varios CDR (Comités de Defensa de la República) y a la organización que está orquestando las protestas contra la criticada sentencia, Tsunami Democrátic. La salida del laberinto judicial del procés parece cada vez más lejana.