Uno de los responsables de tres empresas de buzoneo y artes gráficas ha justificado haber hecho donaciones a CDC para ayudar al partido dejándoles a precio de coste los trabajos que hacían para ellos en las campañas electorales: "No perdíamos nada, simplemente dejábamos de ganar".

Juan Antonio Menchén, que ha declarado como acusado en la sesión de este jueves del juicio del caso Palau, ha explicado así las "cuantiosas y desproporcionadas donaciones", en palabras del fiscal, que hicieron a CDC teniendo en cuenta la dimensión de las mercantiles Mail Rent, New Letter y Letter Graphic: 775.000 euros entregados a CDC de 2007 a 2009.

El fiscal cree que estas donaciones fueron una manera más de hacer llegar a CDC las presuntas comisiones que Ferrovial pagaba al partido a cambio de adjudicaciones de obras por parte de instituciones que controlaba el partido, y que supuestamente se canalizaban a través del Palau de la Música.

Estas empresas facturaron a la Fundació Orfeó Català ,una de las instituciones que conforman el Palau, 982.583 euros de 2007 a 2009 por servicios que supuestamente no se hicieron, y que el fiscal considera "el soporte documental mendaz con el cual se ha vestido la salida de parte de los fondos" entregados al Palau para que acabasen en CDC.

Al preguntar al empresario por los conceptos de estos trabajos presuntamente ficticios, Menchén no ha sabido concretar, alegando que no dependían de él, y ha descargado la responsabilidad en un compañero de la empresa: "Lo ha llevado siempre el señor Muñoz con su equipo".

Con esta declaración se refería a Vicente Muñoz, otro responsable de la empresa y también acusado, que este jueves ha alegado que por enfermedad no podía estar en la gestión del día a día de estas empresas: "Yo era incapaz de tomar decisiones. Me superaban".

"Yo no sabía qué se hacía con las facturas. Yo sabía que se hacían, pero no qué nivel de profundidad tenían", ha justificado Muñoz a preguntas de a su abogado, tras negarse a responder al fiscal, a las acusaciones y al resto de las defensas.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pide tres años de cárcel para Muñoz, Menchén y Rodríguez por un presunto delito continuado de falsedad documental, además de una pena de multa.

La semana pasada declaró también el tercero de los responsables de estas tres empresas acusados en al causa, Pedro Luis Rodríguez, que también se descargó de responsabilidad en las facturas alegando que él sólo hacía funciones comerciales.