El Juzgado de Instrucción número dos de Trujillo ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que el diputado del PP que se confundió en la votación de la reforma laboral y mano derecha de Teodoro García Egea, Alberto Casero, declare como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. 

El tribunal basa su petición en un informe de la Fiscalía que recoge una serie de contratos, convenios o acuerdos concertados por el que fue alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Y por los cuales la jueza Patricia Gutiérrez opina que puede existir "indiciaria responsabilidad penal" del diputado, según ha informado Europa Press. Según la magistrada, las diligencias cometidas derivan de la participación de Casero en calidad de alcalde, que actuó "omitiendo el procedimiento legalmente establecido".

Uno de esos contratos lo vincula a un psicólogo, Pablo Bonilla, que cobró facturas por valor de 6.000 euros sin que estuviera dado de alta en la Seguridad Social y con el que firmó un contrato por valor de 18.000 euros anuales. Todo ello en 2017 y sin que se informara ni aportara "al Ayuntamiento el contrato suscrito". Asimismo, tampoco "se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto".

Y, aunque no "consta ninguna actuación" por parte de esta persona en los servicios por los que supuestamente fue contratada, Bonilla no sólo reclamó por la vía judicial parte de las facturas que no había cobrado, sino que, además, se condenó al Ayuntamiento para que las efectuara. 

El Ayuntamiento, en los tribunales por no abonar facturas

Desde el juzgado se ha informado de otros cuatro asuntos. Uno de ellos relacionado con la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Perú en el que se acordaba una aportación económica de 25.000 euros; otro compromiso con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar la gala Pop Eye en Trujillo a cambio de un patrocinio institucional de 18.000 euros; otro similar pero con Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor y otro con Radio Interior SL para promocionar este último evento. 

En el caso del acuerdo con la Cámara peruana, el exalcalde de Trujillo no informó a los servicios pertinentes y tampoco aportó copia del convenio al interventor, por lo que las facturas no llegaron a ser abonadas. El convenio, además, no fue ni aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía. Tampoco se informó públicamente del mismo y no se recogió en el BOE, según la jueza.

Algo similar ocurrió con el acuerdo por la celebración de la gala Pop Eye. Casero, de nuevo, no informó a los servicios competentes y tampoco tramitó expediente. Y, aunque se comprometió a abonar 9.000 euros en calidad de costes, desde la Administración de Trujillo no se llegó a efectuar ese pago. 

El contrato con Icaro Consultores por valor de 14.300 euros fue un procedimiento que no siguió los cauces habituales y, dado que se trataba de un servicio periódico y previsible de temporalidad anual, resultó inadecuado. Mientras que con el acuerdo de promoción con Radio Interior SL ocurrió que, aunque se pactó como contrato menor no podía ser así porque superaba los 15.000 euros y además era una prestación periódica. La empresa, además, terminó por demandar al Ayuntamiento para poder cobrar las facturas.