El juicio que se ha celebrado este jueves en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Madrid ha dejado patente que cuando la judicatura se empeña las entrañas del Estado son inaccesibles. La madrileña Victoria Taibo ha asistido perpleja a la negativa de la jueza a la petición de su abogado, Eric Sanz de Bremond, para que declarara un teniente coronel jefe de la Comandancia de Madrid. 

Ese mando de la Guardia Civil, enmarcado en la División de Seguridad Aeroportuaria, firmó como "No apta" la evaluación de idoneidad imprescindible para trabajar en la zona de seguridad del Aeropuerto de Madrid. En consecuencia, Victoria Taibo, que ya llevaba 23 días trabajando como recepcionista en las salas VIP de Barajas, fue despedida por la empresa Gestió i Serveis Trade Center, que la había contratado en el verano de 2019, tras un año y medio en paro. 

La negativa de la jueza a que declare el mando de la Benemérita deja sin respuesta la pregunta que esta mujer lleva haciéndose desde hace tres años: "¿Por qué represento un riesgo grave para la seguridad pública en general y en particular para la seguridad aeroportuaria? Quiero saberlo. ¿Qué datos tiene sobre mí la Guardia Civil, si yo nunca he sido detenida ni juzgada por nada? No tengo ni una multa de tráfico", pregunta Taibo. 

Militante de izquierdas, republicana y feminista

Según el informe de la Guardia Civil, Victoria Taibo es "próxima a entornos potencialmente peligrosos" y en consecuencia "no es apta" para trabajar en la zona restringida del aeropuerto madrileño. Así consta en el expediente que finalmente ha podido conseguir, aunque en el mismo no aparecen los motivos que llevaron al teniente coronel a determinar que "representa un riesgo grave para la seguridad pública". "De ahí la necesidad de que declarara el autor del informe", señala el abogado Sanz de Bremond.

Victoria Taibo se declara "militante de izquierda, republicana, feminista y antifascista". "En mis redes sociales puede comprobarse y además he participado en manifestaciones por la república y en otras feministas", explica. Su ideología política y el ejercicio de sus libertades, como las de manifestación y expresión, no han pasado desapercibidas para la Guardia Civil, sin que se conozca hasta el momento en qué ficheros policiales constan este tipo de datos políticos de la ciudadanía. 

Victoria Taibo se considera perjudicada por la arbitrariedad de la Guardia Civil y considera lesionados sus derechos fundamentales. "Que un mando policial considere que ser republicana y feminista entraña un riesgo grave para la seguridad del Estado dice mucho sobre el nivel de democracia que existe en España". Tras ser despedida en septiembre de 2019 ya no ha podido lograr un empleo. Tiene 58 años. Su vida se desmoronó. Tuvo que vender su piso en Madrid y trasladarse a otra comunidad.

Lucha judicial

Tras el despido, Victoria y su letrado demandaron a la empresa por despido improcedente. Y ganaron, pero la readmisión fue imposible ya que ella no es apta, según la Guardia Civil, para lograr la tarjeta identificativa imprescindible para acceder a la Zona Restringida de Seguridad (ZRS) de los aeropuertos. 

Tras aquel éxito agridulce, Eric Sanz de Bremond planteó un recurso para anular la resolución de la Benemérita, que es el escollo fundamental. El procedimiento contencioso-administrativo que se abrió y que este jueves ha culminado en el juicio, visto para sentencia, les proporcionó el expediente de Victoria que consta en la División de Seguridad Aeroportuaria. La documentación dice que la mujer carece de antecedentes penales ni policiales, pero no es apta por ser un riesgo para la seguridad aeroportuaria, sin mayores explicaciones.

La normativa europea sobre seguridad en los aeropuertos indica que las autoridades realizarán las comprobaciones personales que requieran sobre el personal laboral. Y esas comprobaciones no se basan únicamente en los antecedentes policiales y penales, como ha explicado la abogada del Estado en el juicio, sino en aspectos personales. "Las autoridades pueden valorar otro tipo de circunstancias que puedan interferir en el seguridad aérea", ha defendido.

El motivo por el que esos aspectos personales, como puede ser la ideología política de una ciudadana, están recogidos en ficheros secretos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es inquietante, así lo considera Victoria. "No sólo han propiciado su despido sino que la han sumido en un "proceso kafkiano", dice su abogado, que contempla recurrir al Tribunal Constitucional en caso de perder el juicio, ya que no habría posibilidad de recurrir a ninguna otra instancia. "Estamos hablando de una clara vulneración de derechos fundamentales", indica. 

La Abogacía del Estado, personada como parte demandada, ha defendido que la resolución de la Guardia Civil no tuvo ningún efecto negativo en Victoria ya que finalmente ganó el juicio laboral y se revocó el despido. Además ha pedido la inadmisión del recurso ya que la demandante "no tiene derecho a la notificación [es decir, a que la Guardia Civil le notifique los motivos de su calificación como 'No apta'], ya que es un procedimiento interno". Por eso, alega, no sería recurrible. 

No está de acuerdo el abogado de Victoria. "La decisión de la Guardia Civil es un acto recurrible, es un acto de trámite que es recurrible si decide sobre el fondo, como ha pasado en este caso. AENA --el gestor público de los aeropuertos españoles-- tiene las manos atadas, porque depende de las evaluaciones de la Guardia Civil", ha dicho Sanz de Bremond y ha citado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 322/2019 de 20 de mayo, donde se indica que esas evaluaciones son recurribles. 

En ese otro caso de despido en el aeropuerto madrileño por el informe negativo de la Guardia Civil al que se refiere la citada sentencia, el demandante perdió porque no había agotado la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso-administrativo.  

Falta de motivación

Por otra parte, el abogado de Victoria ha citado en la vista la sentencia del Tribunal Supremo 321/2020 de 4 de marzo sobre la expulsión de un ciudadano extranjero por ser considerado un peligro para la seguridad pública. "Dice el Supremo que debe existir un alto nivel de motivación cuando se ordene ese tipo de expulsiones", ha argumentado para evidenciar la falta de transparencia en la resolución de la Guardia Civil: "Ni siquiera aporta los datos por remisión, en el sentido de hacer constar que figuran en tal fichero pero que no se va a hacer público".

La sentencia del Supremo, que, aunque sobre otra materia, sirve para exponer que las decisiones que afecten a derechos y libertades deben estar muy bien motivadas para evitar la arbitrariedad, indica: "A ello, debemos añadir para completar nuestra decisión que el expresado alto nivel de motivación, el plus de motivación, debe llevarse a cabo por la Administración y controlarse por los órganos jurisdiccionales". 

Despidos ideológicos

El de Victoria no es el único caso de despido por cuestiones políticas en los aeropuertos españoles. Público ha informado de otros casos, como el de Patxi Zamora, que llevaba desde 1986 trabajando en la compañía Iberia, como auxiliar de vuelo. Casi 32 años atendiendo al pasaje en cientos de vuelos por todo el mundo y hace casi cinco años su tarjeta identificativa dejó de funcionar. El motivo: la valoración negativa de la Guardia Civil. 

En marzo de 2021 pudo enterarse, por fin, del motivo de aquella calificación de 'No apto', gracias a una pregunta parlamentaria del PNV. Este pamplonés se presentó en 2007 en las listas municipales del ya extinto partido abertzale Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la localidad navarra de Zizur la Mayor. Ese es el motivo por el que la Guardia Civil le considera un peligro para la seguridad aeroportuaria. 

Patxi Zamora ha perdido en el Supremo y además ha sido condenado a pagar las costas. Lo mismo le ha ocurrido a una trabajadora despedida de un aeropuerto canario que pertenece al Partido Comunista de España (PCE). 

También fue despedido por no alcanzar la idoneidad para la Guardia Civil un realizador catalán que trabajaba para AENA y que estaba vinculado a la Candidatura d' Unitat Popular (CUP).

Los cuatro tienen en común su militancia de izquierdas, algo que, al parecer y según la Guardia Civil, puede suponer un riesgo grave para la seguridad pública y aeroportuaria. 

"Me da mucha pena que los políticos que podrían hacer que esto cambiara no muevan ni un dedo", se queja Victoria Taibo, en referencia a la ministra Yolanda Díaz. "Le escribí una carta y la contestación de su equipo fue que eso era una cuestión judicial".