MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la exposición razonada sobre el diputado regional del Partido Popular (PP) y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, para que sea investigado por favorecer a una de las empresas de la trama Púnica, Cofely, con un contrato de 73 millones de euros.

El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho.

El juez Velasco se dirige al TSJM  ya que Daniel Ortiz está aforado ante la sala de lo Civil y Penal de este tribunal al ser diputado regional. A lo largo de los 74 folios de la exposición razonada el magistrado incluye todos los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre ellos numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones policiales y judiciales que obran en el procedimiento.

Durante la etapa de Ortiz como alcalde Móstoles entre 2013 y 2014 -según relata el juez- “se detectaron presuntos actos de corrupción” en beneficio de Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida”. El escrito detalla que el concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombi y su hermano Mario Utrilla Palombi, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, “se erigieron como intermediarios-representantes en las negociaciones del cobro de dádivas”.

También participó como "asesor comercial externo de la empresa, como conseguidor del contrato, como intermediario con los mencionados cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, como representante de la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador", el constructor y socio de Granados, David Marjaliza.

En el escrito remitido al TSJM, el magistrado de la Audiencia Nacional, asegura que Ortiz -ahora diputado de la Asamblea de Madrid- recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde" de Mostoles, con el objetivo de remitir a Cofely "documentos confidenciales de la oferta de un competidor".

El escrito del juez señala que las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato.