El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado por presunta pertenencia a organización terrorista a los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados con la denominada 'Operación Judas'  practicada en septiembre de 2019 y a nueve de ellos, además, por "tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista". 

En su auto de procesamiento, el magistrado considera que este grupo formaba dentro de los CDR  el denominado 'Equipo de Respuesta Táctica' (ERT), "una célula integrada por grupo reducido de individuos de diferentes CDR, que evidencian una gran radicalidad", consta en el auto. 

Según García-Castellón, la creación de esta célula estaría motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a "la causa", habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles. 

Todos los investigados, dice el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla; su objetivo final era conseguir la independencia de Catalunya, "empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". 

Los componentes del Grupo de Respuesta Táctica (ERT) han tenido participación activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, según indica el auto, como cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners, levantamiento de las barreras de los peajes, etc.

Los investigados participaron en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, indica García-Castellón, que en su auto manifiesta que los acusados asumieron el encargo recibido de un denominado 'CNI Catalán'  "para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña y defenderlo posteriormente. Todo ello dada la capacidad técnica y humana del citado grupo, debido a que para realizar los mismos, serían necesarias importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización". 

Para ejecutar dicho plan, los acusados "se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de intendencia", para permanecer en el interior del edificio del Parlament al menos una semana, "montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros". 

El magistrado señala que los investigados, como miembros del ERT, "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares". 

Para el juez, "la organización terrorista, en el momento de su desarticulación, ya había llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos". En concreto, el magistrado apunta que Jordi Ros y otros miembros de la organización habrían desarrollado actos preparatorios, consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados. 

El auto enumera los presuntos objetivos de "algún tipo de acción o atentado";  entre ellos figuran la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona.