Un juzgado de Palma ha abierto diligencias contra el director del Servicio de Salud de Illes Balears (Ib-Salud), Javier Ureña, por dejar expirar la reclamación de los sobrecostes de las mascarillas compradas por el Govern a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo. El magistrado ha admitido a trámite una denuncia del PSOE que acusa al actual Ejecutivo, liderado por Marga Prohens (PP), de prevaricación.

En su escrito, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital balear, Antoni Garcías, señala que el PSOE acusa a Ureña de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. El juez ordena el traspaso de las diligencias al ministerio fiscal para que se pronuncie.

Durante los primeros meses de pandemia, el Govern de Francina Armengol (PSOE) compró un total de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional. Las mascarillas no eran de la calidad exigida para su uso sanitario, según certificó la Conselleria de Salud en cuanto las recibió, de modo que quedaron almacenadas.

Los socialistas mantienen que ellos iniciaron en julio de 2023 el expediente de reclamación de 2,6 millones, la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, un 70% más baratas.

El actual director general del Ib-Salud, Javier Ureña, sostiene que el Govern de Armengol jamás informó al Ejecutivo de Marga Prohens del sobrecoste de esas mascarillas, ni puso en marcha tal reclamación a la empresa investigada. El expediente de reclamación, explicó en su día, lo habría firmado él mismo el 24 de agosto de 2023 por un total de 2,6 millones de euros, aunque finalmente caducó.

En marzo, el Ib-Salud abrió un nuevo expediente administrativo para exigir los 3,7 millones de euros, es decir, la totalidad del dinero pagado a Soluciones de Gestión. El PSOE sospecha que Ureña dejó caducar la primera reclamación por presiones de la trama que se investiga en el caso Koldo y trató de eludir esa responsabilidad con un nuevo expediente tramitado sin el aval de los servicios jurídicos del Govern.

La Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Balears para el suministro de mascarillas con empresas de la trama. El Govern del archipiélago balear pagó con fondos de la Unión Europea (UE) la totalidad del coste de las mascarillas.