El juez Adolfo Carretero ha ampliado la investigación que dirige contra el comisionista Alberto Luceño a un delito de falsedad documental en relación al informe de la Policía Científica que concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa localizadas en su vivienda en un registro son íntegramente falsas.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que también se requiere, a instancias de la Fiscalía, al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno en 2020 con destino a la empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia de la covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.

En la resolución se solicita que el Consistorio exprese claramente si se trata de pares o unidades y, en el caso de que se hubiesen recibido en distintas remesas, la fecha y los detalles de cada una de las operaciones de importación, aportando documentación justificativa que obren en su poder.

Falsedad documental 

La ampliación de la investigación sobre Luceño se realiza en relación con el informe de la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Judicial, que concluyó que la tarjeta y placa del CNI halladas en su vivienda eran falsas.

En cuanto a la petición al Ayuntamiento, el instructor requiere al Consistorio y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen en el plazo de un mes a este Juzgado acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno Sdn Bhd en 2020.

El juez expone que los requerimientos pedidos por el Ministerio Fiscal tanto al Ayuntamiento de Madrid, como a la empresa Kuehne & Nagel, son necesarios para acreditar el perjuicio del Ayuntamiento y de la Funeraria, toda vez que de los 2.500.000 pares de guantes contratados, sólo llegaron al parecer a España 1.250.000 pares.

El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en su vivienda una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.

Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.