MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado hoy auto de apertura de juicio oral para 27 acusados en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos entre la Generalitat valenciana y sociedades de la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa.

Por esta causa, en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos entre la Generalitat valenciana y sociedades de la trama Gürtel, se sentarán en el banquillo, entre otros, los considerados cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno 10 años de cárcel, así como altos cargos y funcionarios de la Generalitat en la época de los hechos.

En el auto de apertura de juicio oral, de 116 páginas, el juez recuerda que los acusados deberán responder de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" llevadas a cabo por los seis acusados mencionados, entre 2004 y 2009, a través de un entramado de sociedades dirigidas y/o gestionadas por ellos mismos mediante las que prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana.

De este modo, señala el auto, "consiguieron, con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas del erario público autonómico, la adjudicación y contratación irregular de numerosos contratos públicos" con diversas Consellerías, así como con organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat, que ascendieron en conjunto a casi dos millones de euros

El pasado viernes, De la Mata también acordó la apertura de juicio oral de las piezas separadas del Caso Gürtel AENA y Ayuntamiento de Jerez en las que se investigan adjudicaciones a las empresas del grupo de Francisco Correa a cambio de dádivas.

Fianzas civiles

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que da diez días de plazo a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa, impone fianzas a los 27 procesados en concepto de la responsabilidad civil que podrían tener que afrontar cuando haya sentencia firme.

La más alta, de 776.667 euros, tendrá que ser afrontada por Correa, Crespo y 'el Bigotes' y otros tres responsables de la red: Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market; Mónica Magariños, apoderada de la compañía; e Isabel Jordan, administradora de otras empresas de la trama. Estos tres últimos se enfrentan a una petición de la Fiscalía de siete años y once meses de cárcel.

En su escrito de acusación provisional la Fiscalía Anticorrupción pide diez años de cárcel para Correa, Crespo y 'el Bigotes' por los delitos continuados de tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Petición de inhabilitaciones

En el caso de los políticos acusados, a los que se imputa un delito de prevaricación administrativa, solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para De Miguel y Serra, ocho para Cervera y siete para Rosado, así como la imposibilidad de ser elegidos en unos comicios durante el tiempo que duren sus condenas.

Serra, que fue secretario autonómico de Deportes, será juzgado por la organización del Open de Tenis entre los años 2005 y 2008, mientras que De Miguel se sentará en el banquillo por las adjudicaciones efectuadas durante el periodo en el que estuvo al frente del departamento de Bienestar Social. Los 'exconsellers' de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado responderán por los contratos relacionados con las obras de ampliación del Hospital Clínico.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados la que fuera directora general de Promoción Institucional Salvadora Ibars Sancho por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB; y la ex directora general del Libro Silvia Caballer y el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós por proyectos de Software Libre. Este último responderá también por la contratación del X Aniversario de la Sociedad Proyecto Castellón Cultural.

Asimismo, están acusados el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro por contrataciones en Bienestar Social; la exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para la Educación y Calidad Educativa (Ivece); la que fuera gerente de la Fundación Luz de las Imágenes Carmen Díaz por contrataciones de la entidad en los años 2005, 2006 y 2008.

Altos cargos

La lista de acusados incluye también a la antigua gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés por un acto de la Volvo Ocean Race en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica; y al exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset y la exjefa de la Sección Administrativa y de Régimen Interior María Paz Aviñó, por los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.

Además, se sentarán en el banquillo Enrique Bort, exjefe del gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva); Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; y José Manuel Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market. Todos ellos tendrán que responder por un vídeo de parques empresariales del Sepiva.

Finalmente, están acusadas otras cuatro personas por las contrataciones que la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) realizó con Orange Market: Juan Miguel Bellver, ex director general de la sociedad; Joaquín Tomás Font de Mora, ex asesor jurídico; Antonio Santo, jefe de área; y Patricia Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio.