El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar las actividades profesionales de Begoña Gómez, prohibió al fiscal interrogar al director de El Confidencial sobre las cartas de recomendación que la esposa del presidente del Gobierno escribió a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, quien recibió dos contratos públicos de Red.es, según ha informado Cadena SER. Estos interrogatorios, los primeros de testigos ordenados por el juez, eran fundamentales para el desarrollo del caso y para desmontar la denuncia contra Gómez.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, que presentó la demanda, se basó en el contenido de ocho artículos periodísticos, uno de los cuales resultó ser falso, para acusar a Begoña Gómez de un delito de tráfico de influencias.

El juez Peinado decidió no interrogar al testigo y cedió el turno de preguntas al fiscal. La primera pregunta buscaba determinar si se cumplían las condiciones establecidas por el Tribunal Supremo para configurar un delito de tráfico de influencias: "¿Han detectado algún tipo de presión hacia los adjudicatarios de los contratos?", preguntó, según el audio publicado por la Cadena Ser.

La respuesta del testigo fue negativa. Según el relato de la citada información, el fiscal insistió con una pregunta similar, esta vez sobre las cartas de recomendación y si fueron determinantes, pero Peinado lo interrumpió, aunque permitió una tercera pregunta: "¿Saben ustedes si este tipo de cartas son habituales en la contratación pública?". La respuesta fue afirmativa.

La Audiencia de Madrid limitó al juez Juan Carlos Peinado la investigación sobre las actividades profesionales de la esposa de Sánchez a dos contratos específicos en los que Gómez, junto con una treintena de personas e instituciones, firmó cartas de recomendación. La sala de apelaciones madrileña advirtió al juez que la denuncia inicial que dio origen al caso era "deslavazada" y que las otras dos partes del contenido de la denuncia eran meras sospechas o conjeturas, sin indicios claros de delito.

La Audiencia de Madrid adoptó esta decisión sin considerar el informe de la Guardia Civil que desmentía los bulos de la denuncia del pseudosindicato ultra, ya que el juez instructor aún no lo había evaluado.

La UCO requisa información en la sede de Red.es

Lo último que se sabe sobre el caso de Begoña Gómez es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía Europea, se presentó en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación. 

En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre tres contratos  relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital.

Además, anunció que, "una vez identificados los proyectos anteriores", debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que le remita información de si dichos contratos "hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado".