MADRID.- Principio de acuerdo entre los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para implementar en los juzgados un plan de prevención de riesgos laborales. El acuerdo ha sido adoptado este miércoles ‘in extremis’ en la Audiencia Nacional, a donde han comparecido todas las asociaciones judiciales para sumarse a un juicio de Conflicto Colectivo interpuesta por la progresista Jueces para la Democracia por incumplir la normativa de prevención de riesgos.

El acuerdo se ha producido cuando iba a comenzar el juicio por esta demanda de todas las asociaciones de jueces contra el órgano que preside Carlos Lesmes y el propio ministerio de Justicia.

La razón: los jueces no tienen implementado un plan de riesgos laborales, ni definida su carga de trabajo, de tal manera que las situaciones de estrés y el síndrome de trabajador quemado (burnout) se extiende en esta profesión por la falta de medios y la sobrecarga de trabajo. Más del 50% de los jueces está al 150% de la carga prevista en sus juzgados.

La escena de este miércoles es una situación inédita en la historia de España: representantes de todas las asociaciones judiciales han acudido al juicio señalado para hoy con el fin de reclamar su derecho, como trabajadores, a un plan para prevenir su salud laboral y no sólo un documento en papel.

Por un lado se encontraban los demandantes: JpD y las asociaciones que se habían sumado como parte interesada, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Francisco de Vitoria y Mujeres Juezas. Por el otro estaba el CGPJ y el ministerio de Justicia, representados por la Abogacía General del Estado.

Bajo la presidencia de Ricardo Bodas, que dirige la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el CGPJ se ha comprometido a entregar en la primera quincena de julio un documento donde detalle cómo va a aplicar la prevención de los riesgos laborales de los jueces que, ahora, no se realiza.

Las asociaciones judiciales han optado por enterrar provisionalmente su hacha de guerra a la espera de conocer dicho documento en la primera quincena de julio. En caso de que no estén de acuerdo con su contenido, reactivarían su demanda de Conflicto Colectivo el próximo otoño y que sea el tribunal de Bodas el que dilucide la disputa.

“Pedimos que se cumpla la ley”, expone Ignacio Ubaldo, el nuevo portavoz de JpD, cargo que ha estrenado tras ser elegido en el XXXI Congreso de dicha asociación celebrado el primer fin de semana de junio en Valladolid.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales data de 1995 y, sin embargo, los jueces no han tenido un Plan de Prevención hasta el año 2015. Pero dicho plan no está implementado, añade Carlos Preciado Doménech, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Los jueces demandantes habían llevado para el juicio a un perito: Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén y autor de un estudio sobre la carga de trabajo de los togados.

El último barómetro del CGPJ–que data del año pasado- revela que el 70% de los jueces y magistrados consideran que tiene sobrecarga en el trabajo.

“En la Unión Europea –explica Molina- se entiende que existe un problema importante en un colectivo si más del 33% considera que está sobrecargado. En la estadística del propio CGPJ, este porcentaje es del 70%”.

Molina añade, además, que el trabajo de juez es el que más esfuerzo intelectual requiere, según el sistema de medición europeo.

Siete de cada diez jueces está sobrecargado, “y más del 50% de los jueces trabajan al 150% por encima de la carga prevista”, apostilla Ignacio Ubaldo.

El modelo de medición de carga en los Juzgados y Tribunales fue anulado por el Tribunal Supremo en el año 2014 sin que haya sido reemplazado por otro. Y aunque dicho modelo se sigue utilizando como referencia, la respuesta a qué carga de trabajo deben soportar los jueces no ha sido aclarada hasta ahora. Ni tampoco cómo medirla.

La jurisdicción Civil –donde se dilucidan los pleitos entre particulares o de particulares con empresas-, la específica de Mercantil–los concursos de acreedores, ERES, etc- o la Social –los despidos- ha crecido a niveles jamás visto desde que comenzó la crisis económica en 2008 (en los juzgados comenzó en 2007), situación que ha hecho aumentar el estrés y la sobrecarga entre los jueces.

La sobrecarga afecta además, a los magistrados de lo Penal que llevan causas complejas con medios escasos.

El Gobierno del Partido Popular despidió a 1.500 jueces sustitutos –sin que los reemplazara-, lo que ha agravado aún más la sobrecarga de trabajo en los juzgados. Muchos jueces tienen que llevar el equivalente a dos juzgados a la vez.

Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy frenó el sistema de acceso a la judicatura, de tal manera que llegó a suspender un año las oposiciones. En varias juridicciones los señalamientos de juicios se realizan ya para el año 2022.

Jueces fallecidos

Ya se han producido varios casos de jueces fallecidos de un infarto en sus juzgados, lo que evidencia graves defectos en materia de salud laboral.  Un caso que reactivó el malestar entre los jueces se produjo en 2015, cuando falleció el magistrado Ángel Luis del Olmo, dentro de un ascensor de los juzgados de lo Social de la calle Princesa de Madrid. El titular del juzgado número 25 -considerado un excelente profesional que trabajaba un 200% por encima de la carga prevista- fue atendido en el ascensor por un forense que esperaba a ser llamado como testigo en un juicio. Esa misma mañana, Del Olmo tenía que celebrar 20 juicios. El edificio carecía de médicos, ATS y desfibrilador.

También en 2015 falleció el magistrado Joaquín Sánchez Ugena, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reclamó que su muerte fuera declarada accidente laboral al relacionarla directamente con el estrés producido por la carga de trabajo que soportaba.

El Conflicto Colectivo de Jueces para la Democracia, a la que se han sumado el resto de las asociaciones judiciales, se interpuso en noviembre de 2014.