El president del Parlament, Josep Rull, ha fijado ya fecha y mecanismo para activar el reloj electoral en Catalunya. Será sin pleno de investidura, con un "acto equivalente" que supone la lectura de una resolución por parte del propio Rull, y se pondrá en marcha el próximo miércoles 26 de junio. Se abrirá así el periodo de dos meses exactos para conseguir un acuerdo que permita una investidura, con dos aspirantes, Salvador Illa por el PSC y Carles Puigdemont por Junts, pero un solo candidato plausible, el dirigente socialista. Y a partir de aquí todos los dirigentes consultados de los grupos parlamentarios utilizan de forma similar tres expresiones: esto va a ser "largo y difícil", hace falta mucha "calma y silencio", y si llega a haber investidura será "in extremis", cerca del 26 de agosto cuando expira el plazo para evitar la nueva convocatoria de elecciones.

Con estos requisitos sobre la mesa, la política catalana tiene previsto entrar en un letargo en que se prevé, durante los meses de julio y agosto, una negociación discreta, con mucho secretismo, y sin prisas pero sin pausas. Según el candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa: "No tenemos prisa ni vamos a meter presión a nadie". "Necesitamos tiempo para madurar propuestas y trazar complicidad y confianzas con Esquerra", remata un dirigente socialista. En ERC también apuestan por la discreción pero advierten: "Necesitamos hechos y pasos firmes". "No nos valen ni buenas intenciones ni chantajes de o nos votas o repetición electoral. Queremos evitar elecciones, pero sólo será en base a un buen acuerdo", advierte la portavoz del grupo parlamentario de Esquerra y una de las principales negociadoras, Marta Vilalta. E incluso desde Junts se manifiestan en la misma sintonía apelando al "estilo" negociador del partido de Carles Puigdemont: "Esta negociación la haremos con mucha discreción, mucha humildad y mucha efectividad, como se demostró con el acuerdo de Bruselas y como se demostró con la Mesa del Parlament", asegura el portavoz del grupo parlamentario, Albert Batet.

Pendientes de la resolución judicial, que puede ser inminente

Pero está por ver si la calma que reclaman todos los grupos implicados en las negociaciones será posible. Y es que los calendarios judicial y político se entrecruzan en Catalunya y se prevé una decisión, en los próximos días o semanas, de los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que deben gestionar la aplicación de la amnistía. Decisión que impactará sin duda alguna en las conversaciones para desbloquear la legislatura.

La decisión sobre la aplicación de la amnistía que tomen magistrados como Pablo Llarena, Manuel Marchena, Susana Polo o Manuel García-Castellón tendrá afectación directa sobre el líder de Junts, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, y los secretarios generales de ambos partidos, Jordi Turull y Marta Rovira, respectivamente. Una decisión contraria a la aplicación de la amnistía puede complicar el regreso de Puigdemont y Rovira y la retirada de la inhabilitación de Turull y Junqueras. De darse el caso de que los jueces opten por las vías más perjudiciales para los encausados, las cúpulas dirigentes de ERC y Junts se verían afectadas y ello no va a generar un clima precisamente proclive al entendimiento. Por su parte, una favorable facilitaría las reuniones no solo físicamente, en suelo catalán, sino también una mayor distensión favorable a los acuerdos.

Los plazos en la ejecución de la amnistía

Desde la entrada en vigor de la ley de amnistía, el pasado 11 de junio, se han ido formalizando los primeros trámites en la aplicación de la amnistía, con la petición de los magistrados a las partes de su posicionamiento. Tanto la Fiscalía como por supuesto las defensas se han pronunciado favorables al encaje de la amnistía en todas las causas. En el caso del Supremo es cierto que la posición se ha tomado después de superar la discrepancia de los cuatro fiscales del juicio del procés. Pero finalmente tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han mostrado favorables a la aplicación sin bagajes de la amnistía. Solo alguna acusación popular como la de Vox o Sociedad Civil Catalana ha mostrado su rechazo.

Con estos informes sobre la mesa, los jueces deben decidir ahora si aplican la amnistía o no. Y que la inmensa mayoría de dictámenes de las partes sea favorable no es indicativo de que los magistrados opten por la aplicación de la amnistía sin más, ya que pueden pronunciarse en dirección contraria. Habrá que esperar, y, de momento, el día 11 de agosto es una fecha para situar en el calendario. Se cumplirán los dos meses de plazo que fija la ley para que los jueces apliquen la amnistía. Si tenemos en cuenta que el 26 de agosto se activa la convocatoria electoral en caso de que no haya un presidente de la Generalitat investido, la incidencia del calendario judicial en la política catalana es muy evidente.

Con todo, fuentes jurídicas consultadas aseguran que las decisiones judiciales podrían ir cayendo ya esta misma semana que viene, antes de acabar el mes de junio. Otras sitúan estas decisiones un poco más tarde, en la segunda quincena de julio. Todas las fuentes jurídicas consultadas admiten que algún juez puede alargar los plazos hasta el extremo del 11 de agosto, pero la mayoría cree que no pasará. Por tanto, el nudo de la aplicación de la amnistía, y el posible lío que se genere, se prevé inminente en los próximos días o, como mucho, en alguna semana.

Margen de actuación de los jueces

Los magistrados pueden aplicar la amnistía o rechazarla. Aunque para esto último deberán demostrar, en el caso del referéndum del 1-O, que en la malversación condenada ya en el juicio del procés hubo enriquecimiento personal, cosa que no consta en ninguna parte. En el caso de las protestas de Tsunami Democràtic, deberán demostrar la única opción para driblar la amnistía: terrorismo con muertes y vulneración de derechos humanos, cosa que el propio fiscal del caso ha desmontado con cierta sorna en su escrito.

La tercera vía de los jueces puede ser la presentación de preguntas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vía que, según la ley de amnistía, paralizaría el proceso de aplicación de la amnistía pero que también debería comportar, según la propia ley, el levantamiento de toda medida cautelar. Por tanto, la retirada de todas las órdenes de detención existentes, por ejemplo, contra Puigdemont y Rovira, estaría incluida. Rechazar la aplicación de la amnistía o no aplicar la retirada de medidas cautelares comportará recursos de amparo de los afectados, pero también un terremoto político considerable.

ERC y Junts cargan contra los jueces, pero se blindan de la injerencia

ERC y Junts se muestran preocupados pero nada sorprendidos de la actitud que están teniendo los jueces: "Se trata de pura venganza y de hacer política con las togas por parte de una ultraderecha judicial que no acepta las decisiones democráticas ni su papel en la división de poderes", afirma un miembro de la dirección de ERC. Pero este mismo dirigente republicano advierte: "No nos van a frenar. Intentan dinamitar la política pero hemos hecho negociaciones y acuerdos cuando ha sido necesario con nuestra gente en la cárcel y en el exilio, ya estamos curtidos". "Si sale adelante o no la investidura, no dependerá de lo que hagan los jueces. No vamos a dejar que nos guíen en la actuación política. La investidura de Illa dependerá de cómo se esfuercen los socialistas en hacer posible las demandas que plantea ERC y con garantías", asegura este miembro de la cúpula de Esquerra.

Con todo, que la aplicación de la amnistía va a ser un caballo de batalla de los jueces para convertirla en un torpedo en la línea de flotación de la entente actual entre socialistas e independentistas parece más que evidente. Se ha demostrado con las modificaciones constantes en la instrucción del caso Tsunami, con ánimo de driblar la amnistía cuando todavía se estaba tramitando, o con el informe contrario de los fiscales del procés a amnistiar la malversación.

La traición, el último invento judicial para driblar la amnistía

La última surrealista decisión judicial en esta línea ha sido la del juez Joaquín Aguirre ampliando las imputaciones del llamado caso Volhov -de la supuesta trama rusa del independentismo- a Carles Puigdemont y otras personas, sin ni una sola nueva prueba. El titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha abierto una pieza separada, en este caso por delito de traición, que no está incluido en la amnistía, y malversación de fondos públicos. Aguirre añade como investigados, además de a Puigdemont, al expresident de la Generalitat Artur Mas; excargos de CDC como Elsa Artadi y Víctor Terradellas; el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; su abogado, Gonzalo Boye, y al conocido periodista Carles Porta, entre otros. En el caso de Puigdemont y del también diputado del Parlament, Francesc de Dalmases, pide al Supremo que asuma la causa, ya que son aforados. El juez lo ha decidido a pesar de que la Audiencia de Barcelona le obligara a anular las diligencias practicadas desde el pasado agosto.

Las reacciones desde el independentismo a la maniobra del juez Aguirre ha sido de total indignación y certifica cómo la justicia está incidiendo en el clima político en plena negociación de la investidura. La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha denunciado que hay determinados jueces y fiscales "en rebelión" contra la ley de amnistía y que "inventan" delitos para seguir "persiguiendo" a independentistas catalanes. El secretario general de Junts, Jordi Turull lo considera "una venganza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza". El expresident de la Generalitat, Artur Mas, uno de los nuevos imputados del caso Volhov habla de "imaginación febril" y asegura que "parece que se fabrica una causa ex novo para evitar los efectos de la ley de amnistía, sin más base ni fundamento que la pura fabulación". Y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye -también imputado- ya ha anunciado una querella contra Aguirre por prevaricación y malversación de caudales públicos.

La interferencia judicial sobre la política es una constante en el Estado español y la amnistía su último campo de batalla. Y es que no es la primera vez que las decisiones judiciales impactan directamente en los procesos políticos de Catalunya y del Estado. Solo hay que recordar el proceso contra el entonces president de la Generalitat, Quim Torra, que fue anunciado en plena investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020 después del acuerdo entre el PSOE y ERC. Y muchos otros casos. O, más allá del independentismo, el procedimiento contra la esposa del presidente de Gobierno español, Begoña Gómez, anunciado en plena campaña de las elecciones europeas, o la actual reactivación de la causa archivada contra la dirigente de Compromís, Mónica Oltra.

Ahora es el turno de la amnistía, con una investidura pendiente en Catalunya que, de rebote, puede provocar una convocatoria de elecciones generales anticipadas.