El examen de las resoluciones que durante años ha dictado el magistrado Manuel Marchena no refleja en absoluto una trayectoria tan independiente y apolítica como él sostiene en su escrito de renuncia a ser candidato a la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más bien lo contrario, desde que fue ascendido a juez de ese Alto Tribunal, en 2007, sus actuaciones han sido a menudo polémicas y contestadas, precisamente por mostrar un sesgo claramente conservador, muchas veces rayando en el favoritismo hacia los imputados del Partido Popular... y en la represión exagerada de los enemigos del PP.

Que Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es un jurista extremadamente conservador lo demuestra también su meteórica trayectoria de escalada en la Judicatura, ya que sus grandes padrinos siempre estuvieron en la ultraderecha de la carrera fiscal y judicial. Brillante estudioso del Derecho, tanto en la Universidad de Deusto como al cursar su doctorado en la de La Laguna, su ascenso profesional se disparó en 2003, gracias al entonces fiscal general del Estado Jesús Cardenal, tan de derechas que incluso se opuso en 1998 a la petición de extradición del dictador Pinochet cursada por el juez Baltasar Garzón.

Ese opusdeísta ferviente quedó encadilado por Marchena, al que nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica, convirtiéndolo en el fiscal de sala más joven de la historia de la Fiscalía española, y en sólo un año escaló a la Fiscalía del Supremo, en la codiciada Sección de lo Penal (Sala Segunda). Después, su progresión durante el Gobierno de Aznar fue fulgurante: tres años después, en 2007, era designado por el CGPJ como el magistrado más joven del Alto Tribunal.

Y ¿quién presidía entonces ese Poder Judicial dominado por conservadores? Pues Francisco José Hernando, quien el año anterior se negó a comparecer ante la Comisión de Justicia de un Congreso de los Diputados con mayoría socialista, generando el rechazo de los vocales progresistas del CGPJ por su incumplimiento de la obligación de comparecencia parlamentaria. Hernando también mantuvo un enfrentamiento si precedentes con el Tribunal Constitucional –al que llegó a acusar de traspasar sus límites jurisdiccionales– y mostró su extremismo al redactar, en 2005, informes extemporáneos contra el matrimonio homosexual y contra la reforma del Estatut de Catalunya.

La carrera profesional de Marchena volvió a acelerarse en cuanto regresó el PP al poder. En marzo de 2012, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón le hizo presidente de la comisión que elaboró una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de traspasar al fiscal de la dirección de la investigación de los procesos judiciales –actualmente al cargo de los jueces de instrucción–, con lo que la Fiscalía, que depende directamente del Ejecutivo, tendría la voz cantante en las investigaciones judiciales.

Y fue en ese mismo año, el 7 de mayo, cuando apareció la primera denuncia seria en la que una veintena de juristas presentaron un escrito ante el entonces presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en el que exponían una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo, y especialmente de Marchena, que habían participado en los procesos contra el juez Garzón a raíz de las causas por los crímenes del franquismo y sobre la trama Gürtel de corrupción del PP. Los juristas reclamaban que se adoptaran las medidas adecuadas. Nunca se hizo nada.

Marchena se estaba ya distinguiendo por ejercer una persecución feroz contra Garzón, al que por ejemplo rechazó todas las diligencias de prueba que solicitó en la causa de los cobros por unos cursos que éste último impartió en 2005-2006 en la Universidad de Nueva York. El juez de la Sala Segunda negó todas esas pruebas en el mismo día que concluía el plazo y en el que él mismo puso fin a la instrucción, insistiendo en imputar cohecho impropio a Garzón. Pero dos semanas más tarde, y cuatro días después de que éste fuera condenado por ordenar las escuchas de la Gürtel, Marchena descubrió de pronto que ese supuesto delito estaría en todo caso prescrito.

El propio Marchena fue ponente del tribunal que acabó condenando a Garzón, y se esforzó en "arrastrar la honorabilidad de Garzón por el fango", según escribió el periodista especializado en tribunales de El País, José Yoldi.

Aunque, simultáneamente, el justiciero Marchena había estado impartiendo, desde su llegada al Supremo, cursos, conferencias y charlas para fundaciones, universidades y entidades con el patrocinio financiero de al menos 25 empresas privadas, desde bancos como el Santander o Cajamar, hasta multinacionales como Wolters Kluwer y Endesa, pasando por grandes bufetes de abogados como Garrigues Walker. Y fueron precisamente esas actividades remuneradas –no sólo de Marchena, sino también de otros destacados magistrados conservadores de la Sala Segunda, como José Manuel Maza Martín, luego el fiscal general del Estado que abriría la causa general contra el procés soberanista catalán– las que generaron la protesta de los juristas en 2012 ante el Consejo del Poder Judicial.

Pero no sólo nada ocurrió, sino que Marchena ascendió a la presidencia de la Sala Segunda del Supremo en septiembre de 2014 con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ, que desplazó a Cándido Conde-Pumpido a pesar de tener mucha más antigüedad y experiencia jurídica. Casi enseguida se descubrió que el flamante jefe de la Sala encargada de procesar a políticos y parlamentarios había disfrutado de una opípara comida con el exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, sólo cinco días antes de que éste fuera imputado en el caso de la trama de corrupción Gürtel por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional.

Entonces fue cuando el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo se llevó las manos a la cabeza y volvió a dirigir un escrito al Consejo General del Poder Judicial, recordando la anterior denuncia cursada por los juristas dos años antes y subrayando que "hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho. Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos".

Y Jiménez Villarejo recordaba:

El escrito concluía así: :“Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos Magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad. Y, particular, la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades. Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de “prohibiciones e incompatibilidades”, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho.

Además, entre los hechos expuestos no sólo estaban todos los cursos y conferencias financiadas privadamente que ya hemos mencionado, sino también la estrecha relación de Marchena con el Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris, para el que participaba en el Master de Derecho Penal Práctico, en el que los alumnos pagaban 14.000 euros por matrícula.

Y lo verdaderamente grave es que ese instituto Schola Iuris pertenecía al ya famoso comisario de las cloacas de Interior José Manuel Villarejo –tal como reveló después Público en sucesivas exclusivas– y que en su oferta educativa "incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupción conocida como 'Gürtel”, escribió el fiscal Jiménez Villarejo.

Esa denuncia reiterada no ha sido ni siquiera respondida por el CGPJ cuyos vocales y presidente se están repartiendo ahora los dos grandes partidos políticos.

Ignacio González, Jaume Matas, Francisco Camps... y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

Pero aún hay más, puesto que a lo largo de su trayectoria al frente de la Sala Segunda del Supremo, Marchena se ha distinguido por favorecer siempre a los políticos del PP encausados, desde Ignacio González (caso ático de Estepona) hasta Jaume Matas (caso Palma Arena), pasando por Francisco Camps (regalos de la Gürtel). Y, desde ese puesto de enorme poder apadrinó a Maza Martín en su ascenso a fiscal general del Estado y a Manuel Moix, convertido por el Gobierno Rajoy en fiscal jefe Anticorrupción precisamente para proteger a los corruptos del PP. Como quedó patente en la instrucción de la Operación Lezo, donde el nombre de Marchena figura entre los que baraja el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como favorable a los intereses del Partido Popular.

Y también bajo su mandato la Sala Segunda decidió archivar la querella de CDC (hoy PDeCAT) contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, por presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación, en las conversaciones que mantuvieron en el despacho del primero y cuyas grabaciones fueron reveladas por Público.

Según Marchena, no existían indicios ningunos de que el entonces ministro y todavía hoy diputado del PP hubiera cometido esos delitos, pero las dos comisiones parlamentarias de investigación creadas tras el escándalo que estalló a raíz de las exclusivas de este diario (del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya) concluyeron todo lo contrario: Fernández Díaz utilizó los medios y recursos de Interior para espiar y desacreditar ilícitamente a políticos y partidos rivales del PP.

El juez Llarena, la jueza Lamela... y la hija de Marchena

Más recientemente, Marchena ha facilitado el ascenso irregular al Supremo del juez Pablo Llarena, quien ha dirigido con puño de hierro la causa contra los políticos catalanes que impulsaron el referéndum del 1-O y la declaración parlamentaria de independencia.

El nombramiento de Llarena como magistrado de la Sala Segunda fue tan irregular que la asociación Jueces para la Democracia presentó una demanda pidiendo su anulación por vulnerar la Ley, el reglamento del Tribunal y hasta la Constitución. Menos de un año después se le asignaba la instrucción del proceso contra los políticos soberanistas catalanes quebrantando claramente las normas de reparto de las Causas Especiales aprobadas por ese mismo Alto Tribunal, en una decisión adoptada bajo el mando de Marchena.

A continuación, el CGPJ ascendía también a la Sala Segunda a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien arrebató las competencias al TSJC para procesar y enviar a prisión a los políticos catalanes independentistas. Y fue designada por delante de muchos otros candidatos mejor preparados y a pesar de su incorrecta emisión de euro-órdenes luego retiradas.

Finalmente, la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha presentado una querella por prevaricación ante el CGPJ por conceder una plaza en la carrera fiscal a la hija del juez Marchena –Sofía Marchena Perea– pese a no haber realizado el obligatorio curso teórico multidisciplinar previsto en el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Atenas también se querelló contra la directora de la Escuela Judicial que formuló esa propuesta, la magistrada Gema Espinosa Conde, que es esposa del juez Llarena. Pero el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas Ramos, ha solicitado el archivo de esas querellas de la asociación Atenas, a pesar de reconocer en su escrito de calificación que se produjeron "lagunas legales" en la asignación de esa plaza a la hija de Marchena.

Ahora, el colectivo de juristas Atenas ha denunciado al fiscal Navajas ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto "delito de omisión del deber de perseguir delitos".

Después de todo esto, ¿era necesario que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, explicitase que ese partido controlaría la Sala Segunda "desde detrás" si Marchena presidiese el Supremo y el CGPJ?

Lo peor, es que todo indica que el PP ya la controla "desde delante", puesto que Marchena seguirá presidiendo esa Sala de lo Penal encargada de juzgar las "causas especiales": aquellas en las que están imputados parlamentarios y otros aforados.