Jaume Asens Llodrà (Barcelona, 1972) es un penalista que ejerce de presidente y portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Especializado en la defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales y la lucha contra la corrupción, pasó de los estrados a la política de la mano de Podemos y a través de la plataforma Guayen Barcelona junto con su amiga Ada Colau.

Diputado por Barcelona desde mayo de 2019, Asens se ha convertido en la cabeza visible de un movimiento en el Congreso para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Considera que sus nombramientos de la cúpula judicial son "ilegítimos" porque este órgano constitucional está en funciones desde hace casi dos años.

La mayoría parlamentaria que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno reclama la renovación de los órganos constitucionales cuyo mandato legal ha caducado y se encuentran en funciones, con el CGPJ en el epicentro del debate.

¿Van a acudir al Tribunal Constitucional por los nombramientos de la cúpula judicial realizada por el CGPJ en funciones?

El Congreso de los Diputados debe pronunciarse. La mayoría que votó al Gobierno estamos estudiando internamente si lo llevamos al Tribunal Constitucional como un caso de conflicto de atribuciones. Estamos hablando del secuestro del CGPJ por parte del PP. Y del presidente de los jueces, Carlos Lesmes, que estuvo ocho años en el Gobierno del PP.

Un CGPJ que lleva años en funciones no puede sustraer a la Cámara parlamentaria la atribución constitucional que le corresponde tras las últimas elecciones generales. Carece de legitimidad democrática suficiente para efectuar nombramientos discrecionales que le corresponde al nuevo Consejo renovado por el Congreso.

La mayoría absoluta del Poder Legislativo, el único de los tres poderes que es elegido directamente por la ciudadanía, se unió el otro día con un comunicado conjunto para denunciar ese abuso de la cúpula judicial que está usurpando las funciones que la Constitución atribuye al Congreso.

No asistimos sólo a un choque entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial; es un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

No es la primera vez que ocurre. En el anterior mandato, el Gobierno en funciones del PP desnaturalizó la función de control del Legislativo. El Tribunal Constitucional al cabo de dos años dio la razón al Congreso. Entonces el PP había bloqueado el Poder Legislativo; ahora ha hecho lo mismo con el Poder Judicial. Eso tiene que ver con su genética pre-democrática y su concepción monopolista del poder.

¿Los vocales del CGPJ, que son elegidos por las Cortes Generales, no pueden realizar estos nombramientos cuando es el Poder Legislativo el incapaz de renovarlo?

Aquí lo que ocurre es que el PP no quiere llegar a un acuerdo, no quiere cumplir con la Constitución de 1978. Dicen que hasta que no se rompa el Gobierno no pactarán. Es como si al final de la legislatura, el Presidente Sánchez anunciara que no convoca elecciones, a pesar de tener el mandato caducado, hasta que el PP no rompa con VOX. La situación de captura del Poder Judicial por parte del PP es inconstitucional e insostenible.

El PP se ha atrincherado en el CGPJ para frenar todos los avances progresistas y plurinacionales, para sobrevivir como partido. Lo decía Cayetana Álvarez de Toledo, su anterior portavoz, cuando aseguraba que la Justicia "es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo".

El CGPJ fue elegido con la mayoría absoluta del PP surgida en las elecciones de 2011. Y la mayoría conservadora lleva más de 50 nombramientos de la cúpula judicial estando en funciones.

El pasado miércoles escogieron a tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una sala que es clave porque resolverá todos los casos que afectan a la corrupción del PP como Gürtel. Y uno de los elegidos fue el juez de la Audiencia Nacional [Ángel Hurtado] que emitió el voto particular contra la sentencia de la primera época de esta trama que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

¿Van a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para así cambiar las mayorías parlamentarias a la hora de elegir el Consejo?

Tenemos entre manos esta reforma, para que la ley establezca que un CGPJ en funciones no puede realizar nombramientos. Como ocurre con el Poder Ejecutivo: un Gobierno en funciones no puede aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley porque tiene el mandato caducado. Lo mismo debe ocurrir con el Consejo.

Esta en juego el principio de renovación democrática de lo órganos constitucionales. La actual situación es de grave ilegitimidad. Esa subversión del orden constitucional es un acto de golpismo institucional que paraliza el funcionamiento ordinario de la dirección del país.

¿Aprovecharán para incluir que los 12 de los 20 vocales que deben ser jueces, según la Constitución, sean elegidos por voto directo entre la carrera judicial y propuestos después a las Cortes y no directamente por los grupos parlamentarios como ahora?

La Constitución no había previsto esa corrupción institucional, no había previsto una actitud desleal y prevaricadora como la del PP.

Debemos corregir esa disfunción, no prevista por el constituyente de este modelo; ir a otro modelo me parece ahora mismo inviable. Primero hay que hacer que funcione este.

Existen argumentos para defender un cambio de modelo, pero ahora no podemos caer en ese debate. Lo que no es defendible es que, como hace el bloque de la derecha, se blanda el cambio de modelo ahora para evitar corregir esta disfunción, mientras siguen colonizando todos los puestos vacantes de la cúpula judicial.

El Consejo de Europa, en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), alerta de la politización de la Justicia y demanda reformas.

Es verdad que, según los datos del Consejo de Europa, España está en la cola de la independencia judicial, y es verdad que en las encuestas de los magistrados europeos los españoles son los que consideran que los nombramientos se basan en cuestiones políticas. Es un debate que está ahí y hay cosas que deben revisarse.

El modelo español imita el modelo italiano o el francés. Pero no es tanto el problema del modelo sino de cómo se ha utilizado ese modelo.Hay cosas que son atribuibles al modelo, pero en otros sitios no se producen las disfunciones de España. Todo lleva al mismo lugar: a una derecha que no se cree la independencia del Poder Judicial y del Constitucional.

Los magistrados del Constitucional, en sus primeros años, eran de un alto nivel técnico, muy inmunes a las fuerzas políticas. Fueron muy importantes para el desarrollo de nuestras libertades, con sentencias que no gustaban a veces al poder político. Con posterioridad en el reparto se han designado a personas con carnet del PP, como Francisco Pérez de los Cobos o Andrés Ollero.

El momento álgido se produjo con la sentencia del Estatut de Catalunya, cuando esa mayoría conservadora del TC tenía el mandato caducado. Como ahora, el PP impidió que se renovara el tribunal para que operara al dictado de las tesis de su partido. Eso ha deteriora como nunca su legitimidad y reputación.

¿Y en el caso del CGPJ?

El CGPJ lleva politizado casi desde su fundación. A cada cambio legal, lo han politizado cada vez más. La última reforma de Alberto Ruíz-Gallardón fue la puntilla: convirtió al Consejo en una especie de órgano presidencialista para fortalecer más a Lesmes, que el PP utiliza a conveniencia después de perder dos elecciones generales.

El PP tiene necesidad de controlar la Justicia, de colonizar sus puestos claves como ya anunció el senador Cosidó en su famoso whatsap. Empezó con Federico Trillo y desde entonces nunca se ha frenado.

Ese rodillo conservador pone en evidencia los defectos del modelo.

El modelo actual de CGPJ, ¿se mantendría para usted?

Igual debe revisarse. Pero es importante mantener una idea de este modelo actual, que tiene que ver con que la Justicia, que es un sector muy conservador, se asemeje al pueblo de donde emana su legitimidad.

Dejar a los jueces que gobiernen ellos mismos tiene un problema de legitimidad democrática respecto a quién controla a los jueces. La forma de acceso a la carrera es decimonónica, y con dificultades para que entren personas de extractos humildes por lo que acaba siendo cooptada por las asociaciones conservadoras.

Por eso PP, Ciudadanos y Vox defienden que sus asociaciones afines a ellos, que son mayoritarias, elijan a los jueces.

No es casualidad que la mayoría de los partidos de izquierda se resista a un cambio de modelo que podría hacer más conservador al Poder Judicial.

Es un debate de fondo que ahora mismo está agitando la derecha para distraernos de su objetivo que es seguir colonizando el Poder Judicial.

Han hecho más de 50 nombramientos ilegítimos, muchos de ellos con cargo vitalicio [los nombramientos de magistrados del Supremo]. Y se realiza con una mayoría caducada que no es un reflejo de la correlación de fuerzas que refleja dónde está la sociedad. Por eso carece de legitimidad democrática.

Igual que ha habido una operación policial de cloacas como la Kitchen, que ha puesto en evidencia que el PP quería utilizar los recursos del Estado para perseguir a sus adversarios, hacer política y asegurarse la impunidad de sus crímenes vinculados a la corrupción, también existe una operación que utiliza las cloacas judiciales con esos mismos fines. Le llamaría la operación Lesmes.

Hacen que la Justicia sea la continuación de la política por otros medios; ganar en los tribunales lo que se ha perdido en las urnas y hacer oposición desde los tribunales. E intentar que el Gobierno y el Congreso no puedan cumplir con su función; sabotearlo desde el aparato judicial, pero también para asegurarse la supervivencia como partido.

Lo explico como una imagen: el PP ha actuado como si el Madrid pusiera como arbitro en la final de la Champions a Florentino Pérez.

¿Y quién es aquí el árbitro, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ?

Respecto a lo que pasó en el pleno del pasado miércoles, el árbitro en el Tribunal Supremo es un árbitro comprado. Se eligió al único juez que se opuso a que Rajoy no declarara en el caso de la Gürtel; el único del tribunal que defendió la absolución, el juez que evitó que la mujer de Luis Bárcenas entrara en prisión provisional a pesar de una condena de 15 años. Lo nunca visto.

Debe primar la calidad técnica de los que candidatos se presentan esas salas. Y el que ganó en el examen de capacitación fue el magistrado Ramón Sáez. Fue el número 1. Pero lo han vetado por ser un magistrado garantista. Y no les interesa un magistrado de la excelencia técnica de Sáez, demostrada en una prueba que es objetiva y anónima.

Aquí vemos claramente la perversión que existe.

El problema de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es que, de los 13 magistrados, 11 son conservadores. Hay dos mujeres progresistas. La composición de esa sala es muy problemática. Por eso han vetado que pudiera acceder a ella al número 1, Ramón Sáez.

¿Defiende entonces elegir vocales de alto perfil técnico para el nuevo Consejo?

El tema no es tanto quién los elige sino el método de elección. Que el que vaya sea el mejor, no el que tenga más padrinos o menos. Que sean los que los jueces decidan no soluciona ningún problema si operan por criterios políticos. El problema es que esos criterios políticos se impongan a los técnicos.Hay que garantizar que a quien se selecciona en el CGPJ sean los mejores, los de alto nivel técnico.

Tenemos una cúpula judicial y fiscal que se consideran imbuidos en la sacrosanta visión de mantener una visión conservadora de España en la que todo lo que no cuadre en esa visión es considerado anti España. Y eso tiene muchas expresiones.

Se está asumiendo como una función militante de defensa de una determinada idea de España que es muy peligrosa, y más cuando los jueces se están convirtiendo en los auténticos guionistas de la política de España.

El problema de fondo es lo que está pasando en Catalunya: el secuestro de la cúpula judicial.

El Poder Judicial da muchos argumentos al independentismo. Hay una parte del independentismo que le interesa colocar en el relato público que hay una situación de secuestro por parte de la derecha del Estado y que España es irreformable.

Acaba de decir que los jueces "son los auténticos guionistas de la política de España". ¿No es más cierto que los partidos políticos han llevado a la Justicia aquello que debían de haber resuelto?

En verdad, que eso suceda es un fracaso colosal de la política. La política ha perdido su capacidad de resolver los problemas; ha abdicado de su función, de sus responsabilidades y los políticos han delegado como en una subcontata a los jueces un asunto que debía resolver ellos. La Justicia no puede convertirse en la continuación de la política por otros medios. No puede servir como ariete de unos partidos contra sus adversarios políticos.

La política debe recuperar su espacio y sacar la política de las cárceles, donde están los presos, y resolver los problemas como se resuelven en todo el mundo. El conflicto que hay en Catalunya es un conflicto político que se debe resolver por vías políticas.

Pero el PP no delega en el Poder Judicial de forma neutral. Lo que hace es infiltrarse en el Poder Judicial para desde ahí golpear y solucionar el problema en términos represivos. Ellos maniobran por detrás para que los jueces que decidan sean sus jueces afines y que decidan en base a sus intereses.

La única propuesta del PP para Catalunya es el inmovilismo, incomprensión y golpes de porra. Es su receta... Y las togas: intentar solucionar el problema judicializando el conflicto político. Por eso nuestro compromiso es desjudicializar eses conflicto para que vuelva a ser un asunto de los políticos y que lo resuelvan políticamente. Y no a través de la vía judicial y policial, que la es la vía de la derecha.