La oposición al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido poner a prueba la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que se creó, a iniciativa de Ciudadanos, la pasada legislatura.

Sobre el papel es un ente independiente del Gobierno, adscrito al Parlamento de Andalucía, como lo pueden ser la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En la práctica, todo depende de cómo funcione.

Tiene capacidad para investigar y aplicar la ley de incompatibilidades de Andalucía, lo que implica pedir, llegado el caso, el cese de algún alto cargo. Y también, si detecta algún delito, derivar el caso a los tribunales de justicia.

De momento, los partidos de la oposición, PSOE, Por Andalucía y Adelante han llevado o han anunciado que van a llevar a la institución cuatro casos. Por un lado, los socialistas han denunciado a dos cargos de la Junta, en concreto hace unos meses al director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, y esta misma semana al director gerente de la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía, Lisardo Morán.

En el primer caso, los hizo por las ayudas que Martínez Malia firmó a familiares suyos. Y en el segundo, por la "irregular" actuación de Morán, según el PSOE, al otorgar "un patrocinio de 350.000 euros directamente a Giants Gaming Esports SL, empresa de la que era directivo pocos meses atrás, incumpliendo la normativa sobre incompatibilidades".

Por otro, Por Andalucía considera que las adjudicaciones que recibió la Fundación de José Manuel Soto ofrecen "indicios de una sólida actividad fraudulenta de la Junta de Andalucía". En resumen, el diputado José Manuel Jurado (Podemos), que presentó la denuncia en septiembre de 2023, considera que se dieron ayudas directas, a dedo, para gastos de funcionamiento, a una sociedad que no tenía capacidad ni experiencia para realizar el trabajo de diseño y promoción del Rocío que se requería. La oficina, de momento, la está tramitando.

Además, este martes, Adelante Andalucía (y después, también Por Andalucía) ha decidido llevar el caso de la puerta giratoria del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, fichado por la aseguradora Asisa, que ejecuta operaciones conveniadas con la Junta de Andalucía desde hace años.

Uno de los casos, resuelto

El caso del director general de Pesca, la oficina lo ha resuelto ya. Se ha saldado con un mero toque de atención a pesar de que el director general de Pesca firmó ayudas que recibieron familiares suyos, pescadores. En plena Semana Santa, cuando menos impacto mediático tiene, se publicó en BOJA la preceptiva resolución que confirma el incumplimiento.

Sin embargo, la Oficina, en una discutible decisión, según algunas fuentes, no ha reclamado el cese –la ley dice que lo hará "en su caso"–. Considera que no hubo menoscabo de fondos públicos, es decir, en otras palabras, que el importe que recibieron los familiares, que eran tripulantes de embarcaciones, les correspondían, entraban en el concepto de la ayuda, pero esas subvenciones las tenía que haber firmado otra persona.

La idea, cuando se creó la Oficina, que Ciudadanos llevaba años negociando con el PSOE, era calmar las aguas y dar a la ciudadanía andaluza una sensación de normalidad en la gestión. Ello en una Comunidad en la que el escándalo de los ERE y otros asuntos de corrupción, como el uso de tarjetas de la Junta en prostíbulos, había causado gran alarma y se habían convertido en uno de los principales problemas de Andalucía, junto al desempleo y la sanidad. 

La oficina se puso en marcha al final del mandato pasado y lo que hizo prácticamente fue arrancar. Ahora, tras dos años de mayoría absoluta del PP, la nueva institución se juega su prestigio.